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XALAPA, Ver., 26 de marzo de 2015.- Se enteró la mañana del 25 de mayo de 2007 al leer el periódico: su padre había desaparecido junto con un compañero. Lo que siguió fue el miedo, las amenazas, la zozobra, pero Nadín Reyes Maldonado no dejó que la circunstancia se apoderara de ella y comenzó a buscar a Edmundo Reyes Amaya. Ocho años después, sigue su lucha, cada vez más cerca de que se haga justicia y que las autoridades federales que participaron en la desaparición sean castigadas.
En entrevista para Quadratín Veracruz, recuerda que al momento de recibir la noticia, como familia no sabían a quién acudir ni qué hacer, situación que agravó una campaña de estigmatización y criminalización, ya que fueron tratados por autoridades como delincuentes y terroristas.
Y es que fue hasta su desaparición que se enteran de la filiación política de su padre y su compañero Gabriel Alberto Cruz, quienes formaban parte del Ejército Popular Revolucionario (EPR).
“Siempre hemos dicho que si ellos han cometido algún delito, que los juzguen, que los presenten, pero que ninguna persona tiene que ser sometida a una desaparición forzada. No sólo los lastima a ellos, no solamente vulnera los derechos de ellos como víctimas, sino también de todos los familiares y del pueblo en general”.
Licenciada en pedagogía, maestra de preescolar, recuerda que su padre viajaba cada mes o tres meses a Oaxaca para ver a su madre, Eulalia Amaya, quien radica en una colonia de esta ciudad.
“La noche del 22 de mayo salió por autobús (del DF), acordando regresar el día 30. La semana siguiente se nos hizo raro que mi padre no regresara como él nos había dicho, ni tampoco se comunicara para avisarnos que se quedaría más tiempo. Se nos hizo muy raro ya que es muy puntual y cuando no es así, se comunicaba para avisarnos que no podía regresar. Esta situación nos angustió de momento, pero pensamos en que podría estar disfrutando de la familia. Llegó el sábado por la mañana y aún no se había comunicado, por lo que decidí por tanto hablarle a su número celular, sin embargo, se escuchaba un aviso de que estaba fuera del área de servicio”.
Ante ello, agrega, empezó a indagar en los periódicos para informarse sobre Oaxaca por haber visto “por la televisión que la situación estaba muy dura”.
“Y es entonces cuando por medio de La Jornada, me entero de la detención-desaparición de mi papá el 4 de junio y veo que el EPR lo reconocía como su integrante. En ese momento todo fue turbio y confuso para mi familia y para mí, pues nos angustiamos demasiado cuando vimos que este grupo lo reivindicaba, junto con otras dos personas, lo cual nos llenó de miedo, quedándonos en estado de shock, sin saber qué hacer”.
En ese momento se desató el hostigamiento por parte de las autoridades, que afirmaban que si se lo habían llevado fue por ser terrorista.
La persecución de los activistas y luchadores sociales se da en el contexto del gobierno estatal de Ulises Ruiz, tras la represión hacia los maestros en 2006, y la estigmatización fue de inmediato.
Recuerda que las fotos de su padre y su compañero circulaban en los medios oficialistas y los hacían ver como terroristas, lo que generó que ambas familias se mantuvieran aisladas, tenían miedo.
Nadín Reyes narra que fueron hostigados en sus casas y que a las personas que los acompañaban en Oaxaca los amedrentaron con la finalidad de que dejaran de apoyar a las familias.
Hubo muchos correos electrónicos donde los intimidaban: “Tenían supuestas entrevistas con ellos (su padre y compañero), donde eran torturados y sometidos a tratos crueles”.
Y aunque Nadín Reyes señala que el miedo es natural y es lógico tenerlo en casos como éste, saben que su lucha es legítima, por ello exigen que se haga valer su derecho humano, que es saber el paradero de sus familiares y exigir justicia.
Tardaron años y, con base en mucho trabajo y la ayuda de organizaciones no gubernamentales, cambiaron “ese estigma social que el mismo estado desató”.
Independientemente de la lucha, de su afiliación política, de su activismo, Nadín refiere: son seres humanos y la familia tiene el derecho de saber su paradero, de exigir a las autoridades que los busquen y encuentren.