Desacato de Gobierno y Congreso de Veracruz podría ir a CIDH

XALAPA, Ver., 21 de octubre de 2014.- El caso de las extrabajadoras del Congreso de Veracruz que se ampararon a nivel federal para ser reinstaladas y cuyo fallo se ha ignorado por las autoridades estatales podría ser llevado a instancias internacionales de Derechos Humanos, sostuvo su representante legal, Juan José Llanes Gil Del Ángel.

«Vamos a ver qué opina la Comisión de Derechos Humanos, vamos a ver qué opina la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eventualmente vamos a ver qué opina la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ruego que crean que no somos capaces de hacerlo, y vamos a ver», puntualizó.

En conferencia, señaló que el desacato de la orden judicial es un capricho del Gobierno del Estado y el Congreso Local por incumplir la ley, por lo que estarían violando por lo menos seis tratados internacionales que deben ser revisados por las instancias pertinentes.

Además, el abogado indicó que los propios legisladores locales tendrán que evaluar la pertinencia de que Juan Nicolás Callejas continúe al frente de la Junta de Coordinación Política, debido a la mala asesoría que está dando, «el Congreso no está en manos de quien pueda manejarlo de manera solvente, no es este el único conflicto que haya tenido el Congreso a nivel jurídico».

En cuanto a la posible separación del cargo del gobernador, Javier Duarte de Ochoa, por desacato al fallo del juez federal, comentó que no se trataría de una resolución fast track, sino de una facultad de las autoridades federales ante la configuración del delito de incumplimiento de sentencias de amparo.

«La nueva ley de amparo es tan práctica que resolvió también el tema del fuero de los servidores públicos. La Suprema Corte toma para sí el derecho de separar del cargo a cualquier servidor público, si lo separa ya no tiene fuero, así se ahorraron pedirle al Ministerio Público Federal que inicie una investigación y el de tener que pasar por el Congreso».

Llanes Gil Del Ángel aseguró que el propio amparo contempla la obligación que tienen las autoridades de pagar el monto de más de 7 millones de pesos, por quincenas caídas e indemnización,  por lo que no cabe el argumento de que el Estado no tiene recurso para ello, ya que la SCJN ha dictado jurisprudencia entorno a que se debe considerar «siempre solvente» al Estado Mexicano.

Finalmente, detalló que este procedimiento no tiene ningún tinte político, por lo que no se tienen intereses de que se castigue a ningún funcionario, sin embargo, aclaró que continuarán con los procedimientos legales correspondientes hasta se sea acatada la sentencia federal.