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MÉXICO, DF, 26 de junio de 2015.- Al convocar a sus homólogos estatales a pronunciarse en favor de la vigencia y protección del derecho humano a la educación de calidad, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, destacó que esta es una prioridad “y como tal debe tratarse en atención al interés superior de la niñez y de los jóvenes”.
Ante los defensores de derechos humanos del país, subrayó la necesidad de que “las distintas autoridades en materia educativa, en sus respectivos ámbitos de competencia, cumplan con sus obligaciones como servidores públicos y den vigencia a este derecho”.
El ombudsman nacional aseguró que “sólo mediante la vigencia y ejercicio del derecho constitucional que asiste a todos los mexicanos de acceder a una educación de calidad y con los alcances y términos previstos por el artículo 3° de la Constitución, se podrán adquirir los conocimientos y principios necesarios para que se desarrolle una cultura cívica y jurídica que propicie vivir en un verdadero estado de derecho donde las personas conozcan y hagan valer sus derechos pero cumplan con sus obligaciones”.
El presidente de la CNDH puntualizó que la omisión, indiferencia y falta de respuesta en que pueden incurrir algunas autoridades ha propiciado el alejamiento y desconfianza de la sociedad en las instituciones.
Por ello, apuntó que el ejercicio responsable de la autonomía y las atribuciones que la Constitución y las leyes les conceden, es la mejor forma de que esos organismos públicos consoliden su reconocimiento y legitimidad, y de que el sistema no jurisdiccional de protección de los derechos fundamentales se reafirme.
“La autonomía e independencia de nuestras acciones no pueden estar sujetas al arbitrio de uno u otro gobierno o autoridad, pues son mandato constitucional y tienen que ser ejercidas plenamente en la práctica”.
González Pérez destacó la importancia de sumar esfuerzos entre la CNDH y sus homólogas en las entidades federativas para fomentar y recuperar la credibilidad y confianza de la sociedad en el sistema de protección no jurisdiccional de los derechos humanos en México, para lo cual apuntó que la federación se revela como la instancia idónea para coordinar las acciones para tal fin.
Pidió sumar esfuerzos para “lograr que lo previsto por las normas internacionales se contemple en nuestros ordenamientos jurídicos internos, tanto federales como estatales y municipales, y que lo previsto a nivel estatal y municipal sea acorde con la normativa federal”.