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ORIZABA, Ver., 15 de marzo de 2016.- Padres de familia de personas discapacitadas que reciben educación especial de IVEA a través del Centro de Rehabilitación Integral de Orizaba (CRIO), denunciaron actos de corrupción de la directiva encabezada por Angélica Andrade Navarro, ya que durante los últimos ocho años han pagado tarifas de entre 100 y 200 pesos mensuales y una cuota anual de 200 pesos por dicho servicio, a pesar de ser gratuito.
Asimismo, denunciaron que el Consejo Administrativo del CRIO emitió una orden de desalojo, por lo que se verán obligados a desocupar las instalaciones a más tardar el próximo 30 de marzo.
Los quejosos explicaron que hace unos meses, el profesor encargado de la plaza comunitaria de IVEA renunció y ése fue el motivo por el que dejaron de pagar las tarifas mensuales solicitadas por el CRIO, las cuales representaban un ingreso de hasta 8 mil pesos para la institución.
Además, calificaron de injusta la decisión del consejo administrativo que obligará a cambiar de sede la plaza comunitaria de IVEA que atiende a un total de 155 personas, de las cuales 85 son personas de educación especial con discapacidad.