
Hay 15 detenidos por caso Teuchitlán, sí era centro de operaciones: Gertz
VERACRUZ, Ver., 7 de mayo de 2015.- La aplicación del nuevo sistema de justicia penal en México es deficiente porque falta preparación para realizar las investigaciones pertinentes y paralizaría la aplicación de justicia por las adecuaciones que plantea dicha transición, aseveró la directora administrativa de la Conferencia de Procuradores Generales de Justicia de los Estados Unidos (CWAG), Susan Lusting.
“Es como cambiarle la llanta a un carro en marcha, por lo que los retos que se enfrentan son más grandes y es determinante que haya mucha constancia”.
Sin embargo, consideró que los Estados de México podrán estar listos para cumplir con el término establecido por sus propias autoridades, pese a que únicamente queda un año para trabajar en ello.
“Tendrán que estar listos, no les queda de otra, dicho por el presidente bien claro: no va a haber prórroga, parte del trabajo del Estado debe estar listo el 17 de junio y ya no pueden hacer detenciones bajo el viejo sistema”.
Cuestionada sobre la permisión o impacto que puede tener la aplicación de juicios orales en el estado de Veracruz a consecuencia de que algunos inmuebles serán rentados para instalar las salas, aclaró que esto no tiene mayor influencia en el éxito de la aplicación de las nuevas políticas de impartición de justicia, ya que «lo que importa son los operadores del sistema penal acusatorio».
Explicó que con dicho sistema de justicia el procedimiento para realizar las detenciones será más controlado y contará con más filtros para garantizar que la acción procesal esté debidamente justificada .
En este sentido, dijo, “la creación de un nuevo sistema necesita de recursos, capacitación, pero más que nada, se necesita de la voluntad de los operadores del sistema, pues es necesario que creamos en la posibilidad de mejorar la justicia para todos, es necesario que nos empeñamos para crear confianza en la ciudadanía y las agencias”.
Por último, señaló que el levantamiento de cargos penales será acompañado de la revisión cercana de los actores judiciales, quienes acreditarán que se reúnen los requisitos constitucionales para proceder.