De 2004 a 2014 Pemex desvió más de 21 mmdp a empresas privadas: IFAI

MÉXICO, DF, 16 de octubre de 2014.- De acuerdo con una relación de todas las facturas con las que Pemex Refinación acredita sus importaciones de petrolíferos de 2000 a 2013, obtenida por Quadratin a través de una solicitud de información, la subsidiaria afirma contar con documentos que respaldan compras por 168 mil 119 millones 987 mil 563 de dólares, cifra que difiere de los 171 mil 78 millones 762 mil de dólares de petrolíferos importados que reporta la Secretaría de Energía a través del Sistema de Información Energética.
Esto significa que existen compras por 2 mil 958 millones 774 mil 436.09 dólares que no cuentan con facturas que las respalden. ¿Dónde quedó ese dinero? Es una pregunta que los datos publicados por Pemex son incapaces de responder.
Es así que las tres empresas comercializadoras de Grupo PMI han convertido la importación de hidrocarburos en un negocio privado administrado por altos funcionarios de Pemex con la protección del gobierno federal en turno.
Pero no sólo eso: de 2004 a 2014, Pemex desvió al menos 21 mil 458 millones de pesos a sus empresas privadas mediante contratos multimillonarios otorgados a filiales pertenecientes a Grupo PMI, principalmente a PMI Trading Limited y PMI NASA, para el transporte de hidrocarburos y arrendamiento financiero de buquetanques, de acuerdo con registros disponibles en el Portal de Obligaciones y Transparencia (POT) dependiente del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).
Lo anterior, sin contar los casi 57 millones de dólares que Pemex deberá pagar a PMI NASA hasta 2022 por los intereses generados en el arrendamiento financiero de seis buque/tanques. Un caso concreto de cómo las ganancias generadas en Deer Park han servido para que las filiales privadas de Pemex inviertan en otros negocios particulares tras ser beneficiadas con adjudicaciones directas y contratos autoasignados por Pemex de manera poco transparente.
“No es aceptable es que estas compras se hagan a través de licitaciones simuladas. Se está mandando una señal a los mercados de que existe una licitación cuando realmente los resultados están predeterminados a favor de PMI. Yo no estoy criticando los negocios de PMI, lo que me preocupa son las formas”, afirma David Shields, consultor y experto en temas de energía, quien fungió como testigo social de Pemex en el proceso de licitación de los buquetanques.
Aunque Shields considera positivos algunos aspectos de la Reforma Energética aprobada en julio pasado, califica de “preocupante” la discrecionalidad que existe al interior del Consejo de Administración de Pemex.
“Está bien que el Consejo de Administración de Pemex tenga nuevas facultades, pero lo importante es que sea más transparente en todo lo que haga, porque si algún organismo no ha sido transparente en los últimos años ha sido el Consejo de Administración. Ahí se toman decisiones y no se divulgan a la opinión pública”, señala.
“No sabemos qué hacen. La información que colocan en internet está muy incompleta. Yo creo que el Consejo de Administración de Pemex es el punto neurálgico de la opacidad en Pemex”, agrega Shields en entrevista con Quadratín México.
Las empresas de Grupo PMI ni siquiera rinden cuentas al Consejo de Administración de Pemex, de acuerdo con una respuesta de Pemex a una solicitud de información realizada por Quadratín México, en la que la paraestatal afirma que “las empresas de Grupo PMI han presentado cero estados financieros ante el Consejo de Administración de Pemex”. Esto, a pesar de que la legislación vigente, antes y después de la aprobación de la reforma energética, establece que el Consejo de Administración de Pemex es el máximo organismo encargado de supervisar las operaciones realizadas por Pemex.
Sin embargo, los informes de auditoría realizados a las empresas de Grupo PMI no permiten conocer puntualmente el destino del dinero obtenido por estas filiales privadas a lo largo de dos décadas, pues cada empresa transfiere un porcentaje importante de sus ganancias a una tesorería paralela centralizada, administrada por PMI HBV, organismo que realiza diversas operaciones financieras cuyas ganancias no forman parte de la contabilidad oficial de Pemex. De ahí que las auditorías no expliquen detalladamente muchos de los gastos reportados por las empresas de PMI, lo que constituye un gran agujero negro en las finanzas de Pemex.
“Todas la revisión de PMI y sus filiales fueron calificadas por la Auditoría Superior de la Federación, ASF, como ilegales, están fuera de toda normatividad. No se apegaron a las leyes que rigen a las entidades paraestatales y los recursos que logró Pemex a través de esas filiales no entraron a la tesorería de la federación, son cosas muy graves”, cuestiona Dolores Padierna, vicecoordinadora de la bancada del PRD en el Senado, en entrevista con Quadratín México y quien se ha especializado en el tema mucho antes de que entrara en vigor la reforma Energética, a la cual se opuso persistentemente.
“Todo este proceso es para legalizar todo este ciclo de filiales, cada vez crean más instrumentos, pero todo eso es ilegal y ahora quieren legalizarlo”, agrega Padierna.
De acuerdo con la ASF, “todas las empresas de Grupo PMI depositaron dinero en la cuenta de PMI HBV, que funciona como tesorería centralizada. El 95.3 por ciento del total de efectivo invertido en la tesorería centralizada correspondió a los depósitos realizados por las compañías comercializadoras PMI NASA y PMI Trading”, según datos de la cuenta pública 2010.
“La administración de esos recursos permitió a esas empresas tener excesos de efectivo por 22 mil 598 millones de pesos en el mes de diciembre de 2010 y mantenerlos invertidos en el extranjero, al crear una tesorería centralizada paralela en el extranjero a la de Pemex, administrada por P.M.I. Holdings B.V., una de las compañías tenedoras del Grupo PMI, la cual firmó un contrato de inversión con la institución financiera JPMorgan Chase Bank, N.A., posibilitando a P.M.I. Holdings B.V., invertir los excesos de efectivo diarios aportados por las compañías participantes del Grupo PMI, así como tener la disponibilidad de invertir en nuevos negocios, con independencia de presupuesto autorizado a Pemex”, agrega el informe.
De este modo, las ganancias de las filiales privadas de Pemex son utilizadas para realizar inversiones en el extranjero y diversos paraísos fiscales, donde el destino de las ganancias queda al manejo discrecional de los altos funcionarios de Pemex, tal como ocurrió con la compra y venta de acciones de Repsol realizadas en 2011, calificada como un “mal negocio” según declaraciones de funcionarios de la actual administración federal. Un mal negocio por el cual, Pemex pagó 943 millones de pesos solo por concepto de intereses a instituciones financieras como HSBC, Credit Agricole y NATIXIS en 2012.
Esto, aun cuando Pemex invirtió mil 600 millones de dólares en la adquisición de acciones sin tomar en cuenta el Consejo de Administración de Pemex, situación que fue criticada por los entonces consejeros profesionales Héctor Moreira Rodríguez y Rogelio Gasca Neri, tras considerar que el manejo discrecional de recursos públicos a través de las filiales abre la puerta para actos de corrupción.
De acuerdo con los “Lineamientos para la aprobación de las transacciones estratégicas en Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y Empresas Participantes”, aprobados en la sesión 839 ordinaria del Consejo de Administración de Pemex, los altos directivos de la paraestatal fueron facultados para realizar “transacciones estratégicas” sin necesidad de consultar al órgano rector de la empresa.
“La definición de ’transacciones estratégicas’ que se presenta en los lineamientos es sumamente ambigua y se puede prestar a diversas interpretaciones, que pudieran ser confusas en el futuro. Además, los lineamientos no consideran dentro de los requerimientos para las ’transacciones estratégicas’ que deba haber una justificación de la transacción. Con ello, abren espacio a la opacidad, la discrecionalidad y la falta de rendición de cuentas”, según precisa Gasca Neri en su voto razonado, tras rechazar los ajustes internos realizados en

Pemex en febrero de 2012

Sólo en un año, el manejo de la tesorería paralela de Pemex generó ganancias a PMI HBV por 105 millones 166 mil pesos tras realizar diversas operaciones financieras en el extranjero, según los estados financieros de PMI en 2011 consultados por la ASF.
“Las empresas del denominado Grupo PMI, en las que Pemex es propietaria directa o indirectamente de las mismas, no rinden cuentas, independientemente de la rentabilidad de sus inversiones, por no tener una política corporativa para el decreto y cobro de dividendos de sus empresas filiales que participan en la operación de sus empresas filiales”, según otro informe de la Auditoría de 2007.
Mientras el manejo opaco de los recursos públicos ha servido para beneficiar intereses privados involucrados en la importación de combustibles, el precio de la gasolina Magna se incrementó 553 por ciento de 1995 a 2014, mientras la gasolina Premium aumentó su costo 348 por ciento de 1996 a 2014, según cifras de Pemex.

La legalización del crimen, el reparto del negocio

Con la aprobación de la Reforma Energética, los integrantes del Consejo de Administración de Pemex dejarán de ser considerados funcionarios públicos, pues “no estarán sujetos al régimen de responsabilidades establecido en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos o en cualquier otro ordenamiento o disposición aplicable en general a los servidores públicos de carácter federal”. Esto, además de que “la acción para exigir la responsabilidad a que se refiere este artículo prescribirá en cinco años contados a partir del día en que hubiere tenido lugar el acto”.
Así, los altos funcionarios de Pemex gozarán de impunidad una vez que los posibles delitos caduquen cinco años después de haberse cometido, según consta en los artículos 30 y 31 de la Ley de Petróleos Mexicanos.
El pasado 7 de octubre, el nuevo Consejo de Administración de Pemex inició sesiones tras las modificaciones legales de la Reforma Energética. El organismo quedó integrado por el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell; el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray; tres consejeros nombrados por el Ejecutivo federal (el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud; de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal y la subsecretaria de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, María de Lourdes Melgar).
El organismo fue completado con cinco consejeros independientes propuestos por el presidente de la República: Alberto Tiburcio Celorio (ex presidente de la consultora Ernest & Young hasta 2013); Octavio Francisco Pastrana (ex directivo de British Petroleum); Jorge Borja Navarrete (ex directivo de ICA); Jaime Lomelín Guillén (ex director de Industrias Peñoles) y Carlos Elizondo Mayer-Serra (ex director del CIDE e impulsor de la Reforma Energética).
La bancada del PRD en el Senado cuestionó los perfiles de los consejeros independientes al considerar que “una vez más, el PRI y el PAN se reparten la mayor riqueza país”. Esto, luego de que durante las negociaciones de la Reforma Energética, el PAN cedió ante el PRI en el primero de sus siete puntos “irreductibles” al permitir que el Ejecutivo nombrara a los consejeros de Pemex, quienes contarán con mayores facultades en el manejo de la paraestatal, incluyendo la operación de las empresas filiales.
Diez días después de ser promulgada la reforma energética –11 de agosto pasado– el director de Pemex, Emilio Lozoya, anunció la creación de tres nuevas filiales de la petrolera: una de perforación, que prestará servicios a los nuevos actores de la industria; otra de logística y transporte; y una para la cogeneración de energía eléctrica para colocar excedentes en el mercado nacional.
De acuerdo con la Ley de Hidrocarburos, “a partir del 1 de enero de 2015 y, como máximo, hasta el 31 de diciembre de 2017 la regulación sobre precios máximos al público de gasolinas y diésel será establecida por el Ejecutivo Federal”. Y a partir del 1 de enero de 2017, o antes si las condiciones de mercado lo permiten, “los permisos para la importación de gasolinas y diésel podrán otorgarse a cualquier interesado que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables”, lo cual no impide que subsidiarias y filiales de Pemex “puedan celebrar contratos de suministro bajo las nuevas condiciones de mercado”.
Esto abre la puerta para que las operaciones ilegales realizadas por PMI durante dos décadas sean legalizadas y administradas de manera discrecional por el gobierno federal. De este modo, la Reforma Energética permite que las empresas privadas de Pemex puedan tener una participación considerable en el negocio de las gasolinas a través de sus filiales privadas que no rinden cuentas.
El gobierno federal estima que las importaciones de gasolinas mostrarán un crecimiento promedio anual de 4.1 por ciento, con lo cual se espera que en 2019 México importe el 53.3 por ciento de los petrolíferos que utiliza actualmente, de acuerdo con el documento Prospectiva de Petróleo y Petrolíferos 2013-2027, realizado por la administración de Enrique Peña Nieto previo a la Reforma Energética.
Aunque el gobierno federal preveía mitigar el impacto de las importaciones de combustibles con la construcción de la Refinería Bicentenario de Tula, anunciada durante el sexenio de Felipe Calderón y cancelada de manera definitiva el 4 de octubre pasado tras la aprobación de la Reforma Energética, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, señaló que la política de la actual administración federal será la de ya no construir nuevas refinerías, y sí “modernizar” las que se tienen.
“No es una ocurrencia. La estrategia del plan de negocios es que lo que más conviene al país y a Pemex es modernizar las refinerías existentes”, puntualizó.
En el marco del foro World National Companies Oil Congress Americas, realizado en septiembre pasado en la ciudad de Cancún, expertos del sector energético señalaron que la importación de combustibles aumentará de manera significativa debido a un crecimiento sostenido en la demanda y el estancamiento en la capacidad de producción de las refinerías.
E información del Departamento de Energía de Estados Unidos señala que las exportaciones estadounidenses de productos derivados del petróleo a México han aumentado 152 por ciento en la última década.
De este modo, la reforma energética contribuirá a que México importe un monto mayor de gasolinas en las próximas décadas en un lucrativo negocio que beneficiará a particulares y las filiales privadas de Pemex manejadas en total opacidad por los altos mandos del gobierno federal.