Corresponde a autoridades federales sancionar a Ingenio El Modelo: PMA

XALAPA, Ver., 12 de mayo de 2015.- El presidente de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida), Guillermo Rodríguez Curiel, no distingue cuáles son las competencias de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y piensa que puede resolver todos los problemas ambientales en general, y las leyes muchas veces no lo permiten, explicó el titular de la PMA, Dalos Ulises Rodríguez Vargas.

Respecto del caso de la contaminación generada por el Ingenio El Modelo en el río Actopan, el servidor público explicó en Conexión Veracruz que éste es un afluente federal, y que el gobierno de la República “no nos ha descentralizado esta función para sancionar y eso no lo sabe o no lo quiere entender”, aunque aceptó que “a veces ellos son nuestros ojos y tomamos muy en serio las observaciones que nos hacen”.

Subrayó que personalmente acudió a la zona afectada del afluente y a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) para presentar la denuncia; también comentó que el monto de las sanciones que se aplican a las factorías no debe ir precisamente a los bolsillos de los afectados, “lo que tampoco sabe el dirigente de Lavida”.

Al respecto, indicó que “la ley ambiental permite hacer una aplicación de sanción y de multa, pero también ellos tienen un agente que los regula, que es la Secretaría de Pesca, las sanciones ambientales no son para beneficio de los pescadores”.

Rodríguez Vargas insistió que por ser el Ingenio El Modelo propiedad federal, “quien debe sancionarlos es el gobierno federal, lo que tenemos que hacer es convocar a todas las instancias como gobierno del estado, lo que ya hicimos, ya pusimos la denuncia ante la PGR contra quien corresponda, porque sí hubo un ecocidio, y esto sucede cada vez que termina una zafra; hubo una irresponsabilidad de los directivos y trabajadores del Ingenio y se debe castigar”.

El titular de la PMA aseguró que tratarán de resolver este problema con el equilibrio necesario, pues no se puede clausurar “una empresa tan grande, que es propiedad del gobierno federal, y luego tener una manifestación de los trabajadores. Tenemos que obligarlos a que apliquen una mejora en sus tratamientos, y suscribir convenios, así como atender a los pescadores; no eludimos el problema”.

Dijo que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) debe sancionar con unos 50 mil salarios mínimos a la factoría, para que no vuelva “a suceder esto cada vez que termina la zafra y lavan su maquinaria, y estar alertas, además de pedirle a la Comisión Nacional del Agua que esté pendiente de este caso”.

Para concluir acentuó que las multas que aplica la Conagua o Profepa van a las arcas nacionales “y no vemos ningún centavo; los pescadores deben buscar a su delegado para ver si los apoya”. Como Procurador vigilo que las 15 mil empresas sean cada vez más sustentables.