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ORIZABA, Ver., 12 marzo de 2016.- Este domingo dará inicio en Orizaba la consulta ciudadana programada por el ayuntamiento para definir la permanencia o retiro del primer cuadro de la ciudad a vendedores de artesanías indígenas provenientes de Ixhuatlancillo; sin embargo, militantes de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) dijeron que dicho proceso carece de una normatividad clara para los ciudadanos, por lo que no puede ser válido como referente en las medidas que habrán de tomarse.
En conferencia de prensa, Rogelio Arturo Rodríguez García, promotor de la Soberanía Nacional en el Distrito Local 20 de Orizaba, dijo que la agrupación que representa está de acuerdo en la aplicación de procedimientos democráticos para la toma de decisiones a favor de los ciudadanos, pero siempre y cuando los participantes tengan conocimiento pleno de las distintas figuras a considerar como el plebiscito, el cual se encuentra debidamente reglamentado en la Ley 76 del Referendo, Plebiscito e Iniciativa Popular.
“Esa Ley favorece que sus resultados permitan tomar decisiones de gobierno, para ello ese ejercicio no se hace en periodos electorales y ésta si es forma en que se permite que en Orizaba se puedan tomar decisiones en torno al comercio con los habitantes de Ixhuatlancillo, no así la consulta que hoy se emprende”.
Rodríguez García insistió en que la consulta promovida por el ayuntamiento de Orizaba tiene otros intereses y no el de solucionar el conflicto entre los vendedores de Ixhuatlancillo y la autoridad municipal.
Incluso calificó de tendenciosa la estrategia de la autoridad municipal que incluyó la instalación de un tianguis artesanal en el parque Apolinar Castillo y la propuesta para la construcción de un mercado específicamente para la venta de artesanías, a propósito de incidir en los resultados que reflejará la encuesta, debido a que es una obra que no se incluye en la agenda de gobierno y por ende en el presupuesto municipal.
Finalmente dijo que los simpatizantes de Morena participarán en el proceso que tendrá una duración de tres días, como observadores, sin interferir en la participación ciudadana y para dar seguimiento a las actividades correspondientes a la solución del conflicto.