Atención de Hospital de Tlalixcoyan, en riesgo por clausura de puente
MÉXICO, DF, 28 de octubre de 2015.- Una de las investigaciones que ocupa la atención de la opinión pública desde hace meses es la relacionada con la evasión del “Chapo”, ocurrida en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, Altiplano, y en este caso, hasta el momento se ha consignado y obtenido auto de formal prisión en contra de 29 personas, informó la procuradora General de la República, Arely Gómez González.
Al comparecer ante la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en el marco de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno del Presidente de la República, explicó que esas acciones para dar con el paradero del “Chapo” se encuentran respaldadas por 242 pruebas científicas y peritajes en 18 especialidades, como criminalística de campo, informática, telecomunicaciones y genética.
Expuso que “la lucha contra la delincuencia organizada requiere de estrategias que garanticen un combate integral», y consideró necesario afectar las estructuras financieras de las organizaciones criminales, pues su capacidad económica les da también capacidad operativa y les permite corromper e incluso penetrar las estructuras institucionales dedicadas a combatir el delito.
Destacó que los principios constitucionales de justicia plena son contundentes: el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y que al delincuente se le aplique la sanción que le corresponda, con pleno respeto a sus derechos procesales; y que las víctimas del delito reciban verdadera reparación y sean resarcidas en sus derechos.
Arely Gómez indicó que en el combate contra el delito, el ejercicio de la acción penal y la participación del Ministerio Público de la Federación se sustentan en investigaciones sólidas, los hechos delictivos son acreditados mediante la prueba científica y circunstancial, y ambas constituyen evidencia probatoria contundente para sostener la acusación ante el órgano jurisdiccional.
Agregó que ahora es una realidad la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que dará certeza a las víctimas directas e indirectas por estos delitos, al establecer diligencias homologadas y sustentadas científicamente para la búsqueda y localización de personas desaparecidas.
Sobre el caso Iguala, mencionó que se destinó un equipo de servidores públicos altamente calificados en investigación penal y derechos humanos para que atienda esa indagatoria en una segunda fase; tratándose de una investigación abierta, dijo, no hay posturas inamovibles, sino que se desarrollan en el curso de la propia investigación.