Congelan venta de 5 ingenios azucareros; 4 son veracruzanos

MÉXICO, DF, 26 de noviembre de 2015.- Por tiempo indefinido, el juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa, Martín Santos, ordenó al gobierno federal suspender la subasta de cinco ingenios azucareros expropiados en 2001.

Cabe recordar que en septiembre, el gobierno federal redujo en 3 mil 920 millones de pesos la venta de los cinco ingenios que habían quedado desiertos en la licitación de junio, entre ellos El Potrero, de Atoyac; el San Miguelito, de Córdoba; El Modelo, de Cardel, y La Providencia, de Omealca, todos estos en el estado de Veracruz, además de Plan de San Luis, en San Luis Potosí.

De acuerdo con Reforma, el juez federal concedió la suspensión definitiva a la empresa Consorcio Azucarero Caze, exdueña de los ingenios, que estará vigente durante el tiempo que tome tramitar el juicio de amparo donde se resolverá si la subasta es legal.

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), encargado de la subasta de los ingenios, tiene 10 días para impugnar la suspensión, pero su recurso tomará entre dos y tres meses para ser resuelto, pues las vacaciones judiciales inician el 15 de diciembre.

Esta resolución se originó luego de que el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa concediera la suspensión este martes, frenando la venta de los ingenios.

Los magistrados expusieron que el SAE no puede vender los ingenios mientras no se resuelva la solicitud de reversión presentada por Caze en 2007, que fue negada por la Sagarpa en 2013, la cual está en revisión en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

El fallo del tribunal puso en tela de juicio la actuación del SAE, que en junio vendió cuatro ingenios de Caze por 3 mil 300 millones de pesos, pues argumenta que fue el propio gobierno quien condicionó la venta a la resolución final del litigio de reversión.

Caze también presentó un amparo contra la subasta de junio, que está en trámite, pero no solicitó la suspensión, lo que permitió al SAE concretar el proceso, que se vendría abajo si el Poder Judicial lo declara ilegal.