Condenan con 45 años de prisión a secuestradores; niegan amparos a otros

XALAPA, Ver., 2 de diciembre de 2015.- La fortaleza en la integración de investigaciones ministeriales y Carpetas de Investigación instruidas en contra de tres presuntos secuestradores detenidos por agentes de la Policía Ministerial, en Cosamaloapan, San Andrés Tuxtla y Córdoba, respectivamente, fue la constante que derivó en la determinación de tres jueces del fuero común, quienes dictaron dos sentencias condenatorias y dos negativas de amparo.

En primera instancia, el juez Primero de Primera instancia, radicado en el distrito judicial de Cosamaloapan, dictó sentencia condenatoria de 45 años de prisión, multa de 2 mil 500 días de salario mínimo y la reparación del daño, en contra de Carlos Daniel Torre Blanca y Albano Cruz Zamora.

Los sentenciados son sujetos por los efectos de la Causa Penal 315/2015, al ser encontrados culpables del secuestro cometido el pasado 29 de agosto de 2014, en agravio de una profesora oriunda de la ciudad de Veracruz, a quien privaron ilegalmente de su libertad y posteriormente solicitaron dinero a sus familiares a cambio de su libertad. En su momento, la víctima fue rescatada sana y salva por agentes adscritos a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS).

Por su parte el juez Primero de Primera Instancia radicado en el distrito judicial de San Andrés Tuxtla, negó la solicitud de juicio de amparo 782/2015, promovido en contra del auto de formal prisión emitido a Jorge Antonio Sebastián Salazar, quien es señalado como presunto responsable del delito de secuestro cometido en agravio de un menor de edad, según hechos que constan en la Causa Penal 114/2015.

A su vez, el juez Tercero de Cuarta Instancia adscrito al distrito judicial con sede en Córdoba, negó la solicitud de amparo promovido mediante el juicio número 1355/2014, por el procesado Marco Antonio Martínez Sánchez, a quien se le instruye la Causa Penal 8/2015, en contra del auto de formal prisión.

Se le imputa la comisión del delito de secuestro cometido el pasado 10 de noviembre de 2011, en contra de una víctima que fue rescatada con vida por agentes de la UECS, en el momento en que era trasladado contra su voluntad a bordo de un vehículo.

Los procesados continuarán enfrentando los procesos penales que se instruyen en su contra, internados en el reclusorio regional correspondiente.