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PARÍS, Francia, y DARMSTADT, Alemania, 26 de marzo de 2014.- La libertad de prensa en México enfrenta amenazas generalizadas y crecientes de «censura indirecta», que incluye el uso gubernamental de incentivos financieros y sanciones a los medios para presionar, castigar reportajes críticos y recompensar coberturas favorables, según un nuevo informe publicado este miércoles por la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA).
Mientras que los periodistas mexicanos son frecuentemente el blanco de ataques físicos, la censura indirecta es otro peligro más sutil y muy importante para la libertad de prensa, advierte el informe. «Comprando Complacencia: publicidad oficial y censura indirecta en México» demuestra cómo los gobiernos federal y estatales de México usan su poder financiero para presionar a los medios de comunicación y penalizar la información crítica.
«Aunque menos visible que la terrible violencia contra los periodistas en México, la censura indirecta es muy insidiosa y debe ser reconocida como la seria amenaza que supone para la independencia de los medios y la libertad de prensa, en México y en todo el mundo», advirtió el director ejecutivo de WAN-IFRA, Vincent Peyrègne. «A diferencia de los ataques directos a la libertad de prensa, la censura indirecta es mucho más sutil y rara vez genera niveles similares de indignación internacional. »
Aún cuando el Comité para Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) en un informe que detalla cuáles son los 16 países en dónde prevalece y existe más censura, y entre los que no se encuentra México; la organización en defensa de la libertad de expresión e información, Artículo 19, señala que actualmente el hostigamiento contra la prensa y los medios de comunicación sigue en ascenso.
“Llamado muchas veces silencio forzado o censura periodística, el ejercicio de libertad de expresión de los comunicadores en México se ha visto asediado por una serie de intereses y abusos cometidos por las organizaciones criminales que abundan en la región, pero sobre todo y en mayor cantidad, por las autoridades del gobierno coludidas en esas mismas prácticas ilegales, al parecer, síntoma de una inconclusa transición democrática y fruto de una cultura endémica, la corrupción”, señala Artículo 19.
El estudio internacional de la WAN-IFRA señala que la práctica de la censura indirecta, o censura gubernamental indirecta, incluye una serie de acciones destinadas a influir en los medios de comunicación, excluyendo cierres , encarcelamientos, censura directa de contenidos específicos, o ataques físicos a los medios de comunicación o periodistas, como fue el caso de los reporteros veracruzanos Regina Martínez, Gabriel Huge, Guillermo Luna, Esteban Rodríguez y recientemente Gregorio Jiménez, quienes perdieron la vida en el ejercicio de sus funciones.
El informe realizado también por el Centro Internacional de asistencia a los Medios de Comunicación (CIMA); revela que en México la asignación de la publicidad oficial es el método más ampliamente aplicado de censura indirecta. Sin reglas claras y precisas, se utiliza como medio de influencia e incluso chantaje a dueños de medios y periodistas. Investigaciones detalladas y extensas entrevistas exponen cómo los gobiernos federales y locales utilizan la publicidad oficial para influir líneas editoriales o para impulsar agendas partidistas, así como para financiar selectivamente a medios de comunicación que apoyan a algunos funcionarios y sus políticas.
El informe aboga por reglas justas y transparentes para promover el desarrollo de un sector de medios de comunicación independientes. Sus nueve recomendaciones están diseñadas como punto de partida para las reformas más amplias que se necesitan urgentemente con el fin de ayudar a que la prensa mexicana cumpla su papel esencial en la promoción de la democracia, el pluralismo y la rendición de cuentas .
«México no puede llegar a un nivel de rendición de cuentas efectiva o tener éxito en la democratización de su panorama de los medios sin abordar la multimillonaria asignación arbitraria de la publicidad oficial que limita el pluralismo, la libertad de expresión y el acceso a la información», según la investigadora principal de Fundar, Justine Dupuy.