Desafuero de Omar Cruz, para simular que justicia funciona: abogado

XALAPA, Ver., 26 de marzo de 2015.- Al considerar que la aprobación del juicio de procedencia contra el alcalde con licencia de Medellín de Bravo, Omar Cruz Reyes, obedece a asuntos políticos, el abogado Fidel Guillermo Ordóñez Solana explicó que este tema es sólo un intento por buscar un culpable y confrontar a los medios de comunicación y a la opinión pública en el sentido de que se está trabajando, “pero la consecuencia final va a ser que dependiendo del amparo que solicite el munícipe y de los abogados que contrate, saldrá limpio de este proceso”.

En entrevista para Quadratín Veracruz, el abogado consideró que antes de concluir el año la historia llegará a su fin, e insistió que el edil saldrá absuelto de los señalamientos que se le imputan como autor intelectual del asesinato del reportero Moisés Sánchez Cerezo.

Expuso que la Fiscalía General del Estado (FGE) ha responsabilizado sin fundamentos al político panista, y “hay que establecer una diferencia entre lo que se dice y lo que se puede probar; en la jurisprudencia lo que se dice se debe de probar, no simplemente el enjuiciamiento público, sino que esté suficientemente sustentado el proceso del señor Omar Cruz Reyes, porque si no se violan sus garantías individuales y sus derechos humanos”.

El abogado refirió que el tema se ha tornado delicado y complejo por los intereses políticos que convergen y abundó que la participación en un ilícito respecto a la autoría intelectual es imposible de probar.

“En materia jurídica se sanciona la actividad, decían los maestros de la facultad de Derecho que la conducta debe ser típica, antijurídica y culpable, pero de haber primero una conducta, los delitos no se cometen por omisión o por instrucciones, los delitos se comenten en el actuar, lo que encuadra en ámbito cultural que diga es una conducta que conduce a un delito, ese es el ámbito”.

De hecho, indicó que la Suprema Corte de Justicia establece que la autoría intelectual no es una conducta activa, y señaló que “desde el punto de vista no jurídico, sino desde la óptica política, este asunto va en el sentido de que se trató de actuar con inmediatez ante la presión social y de los medios de comunicación por este crimen, por la injusticia de la muerte de Moisés Sánchez Cerezo”.

Ordóñez Solana comentó que lo que se requiere en un ámbito de justicia ajeno a la política es que se castigue a quienes delinquen, fundamentando la verdad de los hechos.

“Entonces, en todo esto lo que se ha observado es una cortina de humo, diciéndonos que hay un autor intelectual y no lo puedan probar, porque finalmente en el procedimiento tras la aprobación del juicio de procedencia lo que ocurrirá es que el cuerpo de abogados que contrate Omar Cruz Reyes van a pedir amparo y una vez que lo pidan pasarán seis, siete, ocho meses y tiene todas las probabilidades del mundo de salir completamente limpio del problema”.

Recordó que en Veracruz se han presentado un sinfín de situaciones legales en las que la justicia y la política se interponen, donde el resultado, al cabo del tiempo, es la absolución del inculpado intelectual por falta de pruebas.

“Hay muchísimos casos de a quienes se les ha llamado autores intelectuales de un delito del que han salido libres, porque cinco o seis meses después se aplaca el asunto, se cumple una función del estado donde dice el Fiscal aquí se acabó y obviamente se metió a la cárcel a quien se tenía que meter por la comisión del delito, donde sólo se argumenta que los jueces federales concedieron el amparo y ahí se acaba todo, otras veces ya ni se requiere lo que ocurre en el juicio federal”.

Para finalizar, agregó que en la jurisprudencia sí existe la figura del autor intelectual en cuanto a la comisión de un ilícito y hay formas de que sea castigada tal participación, “pero se requieren muchas pruebas conduciendo a la responsabilidad, si se basan solamente en la declaración de los autores materiales diciendo que el que les dijo que lo hicieran fue fulano de tal, esas declaraciones no tienen el valor de acusación jurídica para acreditar la participación en un ilícito”