Matan al sacerdote Marcelo Pérez en San Cristóbal de las Casas, Chiapas
XALAPA, Ver., 7 de julio de 2015.- Las autoridades federales deben reconocer cuanto antes el fenómeno de desplazamiento forzado y hacerlo extensivo a las 14 entidades cuya población forma parte de los 281 mil personas en esta situación en México, a causa de la delincuencia y la pobreza, según la coordinadora del área de desplazamiento interno y forzado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Brenda Pérez, quien consideró que México carece de un andamiaje legal e institucional necesario para proteger y asistir el fenómeno.
“Es urgente que el gobierno mexicano reconozca este fenómeno y genere políticas públicas y una ley de atención y protección para que quienes han decidido huir de sus comunidades por una amenaza directa a la vida”.
En estrevista para Conexión Veracruz, dijo que los estados de Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Oaxaca, Durango, Chihuahua, Nuevo León, el Estado de México, Morelos, Veracruz y Tamaulipas son de las entidades que estadísticamente registran el mayor porcentaje de expulsión de familias, motivado por factores de violencia y pobreza.
“En los últimos años vemos cómo la población está expuesta a delitos cometidos por estos grupos criminales, que van desde robos, extorsiones, cuotas de piso, pero además existen graves violaciones a los derechos humanos como las desapariciones y homicidios”.
Acotó que no hay reconocimiento del problema y una cuantificación objetiva, “nosotros hablamos de un techo mínimo de 281 mil, pero posiblemente hay mucho más, lo que queda claro es que enfrentamos una gran tragedia humanitaria a nivel global y a nivel país, las cifras son alarmantes”.
Agregó que “una vez reconocido el fenómeno, se debe brindar atención inmediata humanitaria o por lo menos generar las condiciones de un nuevo lugar de asentamiento”.
La especialista lamentó que en México actualmente no haya políticas públicas ni una ley de atención y protección para estas personas.
Aseveró que México es un país de tránsito porque recibe a miles de migrantes provenientes de Centroamérica que salen motivados por la violencia, criminalidad, falta de empleo y desigualdad social y que buscan llegar a la frontera para cruzar a Estados Unidos.
Al mismo tiempo, nuestro país está sirviendo de refugio de miles de centroamericanos, lo que también genera su propio desplazamiento interno; es decir, de gente que se mueve a otros puntos de la República pero que no cruza la frontera.