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XALAPA, Ver., 9 de febrero de 2015.- Caciques de las secciones 24, 15 y 40 y otras más del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana son los que controlan gasoductos y oleoductos del país donde se encuentran tomas clandestinas de gas, diésel, gasolina y otros derivados de petróleo, denunció el coordinador de la Asociación Gran Alianza Petrolera, Jorge Fuentes García, quien enfatizó que la sección 15 pertenece a Ciudad Mendoza, Veracruz.
Esta información es señalada en un escrito entregado en Presidencia de la República por la Gran Alianza Petrolera y el Frente Nacional Petrolero, integrado por disidentes de dicho sindicato.
Cabe comentar que el documento que fue entregado en la residencia oficial de Los Pinos está dirigido al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam.
Las organizaciones acusan directamente al presidente del Consejo General de Vigilancia, Ricardo Aldana; al secretario general del gremio, Carlos Romero Deschamps, y a socios y amigos del dirigente, “el dirigente y sus líderes seccionales del país están involucrados en este ilícito (…) logística y operación de estos robos a Pemex parten desde la misma dirigencia del sindicato y sus liderazgos locales”.
Gran Alianza Petrolera junto con el Frente Nacional Petrolero aseguran que “los acontecimientos actuales de los atentados en las refinerías fueron probablemente provocados” para desviar la atención de los robos millonarios de combustibles, de los cuales “son partícipes” algunos de los dirigentes petroleros, de las secciones 24 (Salamanca, Guanajuato), 15 (Ciudad Mendoza, Veracruz) y 40 (Tepic, Monterrey, Aguascalientes, Gómez Palacio, Puebla, etcétera).
Es importante recordar que en febrero del año pasado el consejero de Administración de Petróleos Mexicanos, Flavio Ruiz Alarcón, reconoció que Veracruz es donde más ataques a sus instalaciones se reportan, debido a que es donde más ductos hay en todo el país. “En Veracruz hay 13 mil kilómetros de ductos y la región de las altas montañas es muy vulnerable a estos ataques”.
Finalmente, destacó que la paraestatal se encuentra indefensa jurídicamente ante los ataques y robos de combustible a su sistema de ductos, por lo que “es necesario que en la ley secundaria de la reforma energética se considere hacer una reforma jurídica que contrarreste esta situación”.