Brinda CNDH asesoría jurídica a indígenas en reclusión

MÉXICO, D.F., 13 de junio de 2014.- Mediante el Programa de Protección de los Derechos Humanos de Indígenas en Reclusión, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realiza visitas regulares a los centros penitenciarios para brindar asesoría jurídica a personas indígenas recluidas en el país.

En dichas visitas, informa la CNDH, se entregan trípticos respecto a “Derechos Humanos de Personas Indígenas durante la Detención” y “Derechos Humanos de Personas Indígenas ante el Sistema de Justicia Penal”; además se revisan los expedientes técnicos, jurídicos y médicos, para documentar los casos que serán materia de gestión.

La CNDH ha observado que debido a su condición monolingüe, estos internos difícilmente entienden a cabalidad la situación legal que enfrentan, aunado al hecho de la falta de asesoría jurídica inmediata y de asistencia de traductores y/o intérpretes certificados que conozcan sus costumbres y cultura, durante su comparecencia ante el Ministerio Público o en los Juzgados Penales, de ahí la importancia de brindar dichas asesorías.

Asimismo, los indígenas en reclusión, se encuentran con diversas problemáticas durante su internamiento, como son: la discriminación que reciben por parte de la demás población interna por pertenecer a un pueblo indígena; no reciben información sobre los derechos humanos que les asisten; escasa visita debido a la lejanía de sus comunidades al lugar donde está ubicado el centro de reclusión, lo que se acentúa más por la carencia de recursos; deficiente atención médica que reciben en los centros de reclusión; insuficientes oportunidades para la actividad laboral; desconocimiento de ante qué autoridades podrían solicitar los beneficios de libertad anticipada en el nuevo sistema de justicia penal ya que no reciben asesoría jurídica sobre el particular.

A la fecha existen 8 mil 334 personas indígenas recluidas en el sistema penitenciario de nuestro país, de las cuales 327 son mujeres y 8 mil 7 hombres; 7,632 pertenecen al fuero común y 702 al fuero federal; en su mayoría son originarios de los estados de Oaxaca, Puebla, Veracruz, Guerrero, Distrito Federal, Hidalgo y San Luis Potosí. Los cinco pueblos o comunidades indígenas que registran mayor número en reclusión son el náhuatl, tzeltal, tzotzil, zapoteco y mixteco.

Los delitos del fuero federal por los que purgan condena son, con frecuencia, contra la salud, portación de arma de fuego reservada para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y violación a la Ley General de Población; mientras que en el ámbito del fuero común las ilícitos más frecuentes son: robo, homicidio, violación, lesiones y violencia intrafamiliar.

La CNDH resalta que en 2013 realizó 1,260 trámites a favor de estos indígenas y se logró la libertad de 121 de ellos en diversos penales en el país.