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Va San Lázaro por prohibición al maíz transgénico
VERACRUZ, Ver., 20 de mayo de 2015.- Los ayuntamientos cuentan con todas las herramientas humanas y económicas para entregar puntualmente sus estados de la cuenta pública, afirmó el diputado local Raúl Zarrabal Ferat.
Acotó que la finalidad de este proceso no es llenar las cárceles de ex funcionarios o funcionarios, sino contar con autoridades ejemplares, por lo que «aquí lo importante en primera instancia es que hagan una aplicación correcta y justa de los recursos, y bueno, lo que queremos son autoridades ejemplares y cumplidoras, no queremos autoridades o ex funcionarios llenando las cárceles».
Cuestionado sobre los señalamientos que ha hecho la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Octavia Ortega Arteaga, el diputado señaló que la falta de recursos humanos o de capacitación no debe ser un pretexto para retrasar la entrega de la cuenta pública, sino una motivación para redoblar esfuerzos.
“Aquellos que presuman que tuvieran esa necesidad de falta de recurso humano o de recursos mismos, pues considero que tendrían que tomar medidas extremas, está hecha la administración para que la mayoría puedan cumplir con cabalidad esta obligación de ley”.
Abundó que hasta el momento no se arrastra ningún pendiente en el proceso de fiscalización de recursos de las cuentas públicas de años anteriores. No obstante, fue enfático al mencionar que en la revisión del presente corte de la cuenta pública se llegará hasta las últimas consecuencias para velar por el manejo óptimo y transparente de los recursos que les son asignados a los ayuntamientos.
Asimismo consideró que los munícipes que encabezan las administraciones de los 212 municipios de la entidad veracruzana deben ver como una oportunidad de gestión el óptimo manejo de los recursos públicos, ya que a través de ello consiguen más posibilidades de obtener mayor capital para invertir en obras.
En ese sentido, hizo un llamado para que todos los que se encuentran a cargo de los ayuntamientos pongan especial atención en la utilización y reportación de recursos públicos, porque es una responsabilidad que afecta o beneficia a la ciudadanía.