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XALAPA, Ver., 6 de mayo de 2015.- Si bien constitucionalmente están garantizados nuestros derecho políticos, estos también se encuentran reconocidos en los tratados internacionales de Derechos Humanos de los que México es parte, y desde esa perspectiva, los ciudadanos debemos conocer que dichos tratados resultan de obligatorio cumplimiento para las autoridades, explicó la investigadora y catedrática de la Universidad Veracruzana (UV), Namiko Matzumoto.
En su participación en el noticiero Conexión Veracruz, dijo que la Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra los derechos a la participación en la dirección de los asuntos públicos, a votar, a ser elegidos y acceder a las funciones públicas, y que deben ser garantizados por el estado en condiciones de igualdad.
Por lo anterior, comentó que de conformidad con la Corte Interamericana de Derechos Humanos es indispensable que el estado genere las condiciones y mecanismos óptimos para que dichos derechos políticos puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminación.
Mencionó que la participación política permite a los ciudadanos intervenir en la designación de quiénes gobernarán un estado o se encargarán de la dirección de los asuntos públicos, así como influir en la formación de la política estatal a través de mecanismos de participación directa.
Subrayó que el ejercicio de los derechos a ser elegido y a votar, íntimamente ligados entre sí, es la expresión de las dimensiones individual y social de la participación política. “De acuerdo a la citada Corte de Derechos Humanos, los ciudadanos tenemos el derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos por medio de representantes libremente elegidos”.
Así, dijo, el derecho al voto es uno de los elementos esenciales para la existencia de la democracia y una de las formas en que los ciudadanos ejercen el derecho a la colaboración política; “la participación mediante el ejercicio al derecho a ser elegido supone que los ciudadanos pueden postularse como candidatos en condiciones de igualdad y que puedan ocupar los cargos públicos sujetos a elección si logran obtener la cantidad de votos necesarios para ello”.
La investigadora acentuó que el derecho a acceder a las funciones públicas en condiciones generales de igualdad protege la participación directa a la implementación, desarrollo y ejecución de las directrices políticas estatales a través de las funciones públicas, “por ello es importante ejercer nuestros derechos políticos de manera informada, libre y responsable”.