Carlos Ramírez/Indicador político
“A las mujeres, prueba de no gravidez, y
a los hombres, un certificado de proctólogo”
Mario Tejeda
Fin a los convenios
No tenemos el dato exacto sobre la administración estatal que implementó el sistema de convenios con los medios de comunicación pero el que haya sido actuó con toda la perversidad. Pactó con los dueños de los medios de comunicación una cantidad mensual a cambio de entregar al gobierno el criterio editorial del medio, en perjuicio de la opinión pública que dejó de contar con una prensa libre y de los trabajadores de los medios (periodistas) que tienen que someter las publicaciones de sus trabajos a los intereses de la empresa para la cual trabaja.
Nos tocó manejar la Coordinación de Comunicación Social de la Universidad Veracruzana durante el gobierno de Agustín Acosta Lagunes, siendo rector de la UV Carlos Manuel Aguirre Gutiérrez, y no existían los convenios. Las necesidades de difusión del trabajo gubernamental se cumplían con la contratación de gacetillas, fotos, planas, medias planas, incluso la nota principal; los medios tenían sus tarifas bien definidas y la relación prensa-Estado se manejaba de esa manera, con respeto a la línea editorial; el beneficiario de esta práctica sana, correcta, honesta, era el lector, el radioescucha o el televidente.
A partir de que surgen los convenios la libertad de expresión se coarta.
Los propietarios de los medios comienzan a vivir una nueva etapa en la relación prensa-Estado que implica bonanza económica para sus bolsillos, a cambio de no hacer crítica periodística, ni en notas, ni en columnas, ni en artículos editoriales, ni en cartones, ni en fotos, en nada. Aquel que se pase de listo es muy fácil acallarlo: con retirarle el convenio, se acabó el problema.
Y es entonces que comienzan a surgir nuevos medios creados por personajes ajenos a la tarea periodística (mercachifles) que los instalan porque tienen una buena relación con políticos importantes o con el mismo gobernante en turno: pon un medio y yo te lo subsidio, era el compromiso verbal, y esto se multiplica y se multiplica hasta convertirse en un grave problema para el estado y en un esfuerzo inútil para la opinión pública que no encuentra dónde informarse con objetividad; todo lo que ve es manipulado, la credibilidad en los medios comienza a desaparecer y solo algunos medios, los dirigidos por profesionales del periodismo, con plantillas de trabajadores también periodistas, que se juegan a diario la existencia informando de manera imparcial, sujetos, como todos, a la suspensión del convenio si algo de lo que publica no le parece al jefe.
El problema de la libertad de expresión o del libre ejercicio periodístico en Veracruz está en la retorcida relación prensa-Estado que tenemos, basada en la entrega de fuertes sumas de dinero mensual a cambio de encubrimiento, de manipular la información, de acallar las voces críticas del periodismo, de ocultar los constantes y graves errores de la administración pública.
Hoy son contados los medios que pueden darse el lujo de prescindir del convenio de publicidad con el estado para seguir viviendo, porque su entrada económica, el sustento, está en la venta de la publicidad comercial y en la venta diaria del medio que confeccionan con mucho profesionalismo para poder subsistir del trabajo periodístico. Y, en contraparte, el Estado sufre en sus finanzas al tener que erogar miles de millones de pesos en el pago de los multicitados convenios que permiten impunidad y que, en muchos casos, son la aspiración máxima de atracadores con pluma, verdaderas hetairas del periodismo.
Puros pachecos lúcidos
La nota de ayer, que ha continuado con el debate sobre la conveniencia de legalizar el consumo de drogas en México, fue el dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que resolvió en sesión pública, y por cuatro votos contra uno, amparar a cuatro consumidores de mariguana, a los cuales la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) deberá autorizar la producción de cannabis para consumo personal.
Asimismo, la sentencia correspondiente declara inconstitucionales los artículos 235, 237, 245, 247 y 248 de la Ley General de Salud en sus prohibiciones a que la Secretaría de Salud autorice “la realización de los actos relacionados con el consumo personal con fines recreativos (sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer, transportar) exclusivamente el estupefaciente cannabis (su resina, preparados y semillas) y el sicotrópico THC que en conjunto son conocidos como mariguana”. Por lo demás, el fallo aclara que no constituye autorización alguna para “realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refiera a la enajenación y/o distribución de las sustancias aludidas”.
Efectivamente no se legalizó el consumo del cannabis índiga, mejor conocido como mariguana, pero se avanzó un buen tanto. Esperemos que no pase mucho tiempo para que se legalice y el país se abra a la realidad, a sacudirse la doble moral que tanto daño hace y a terminar con el gran negocio del trasiego de este producto que tanta vidas ha cobrado y tantas fortunas ha alimentado por la prohibición.
¿A cuántos consumidores de cannabis conoce estimado lector? Sí, a muchos, nosotros también, y desde hace mucho tiempo; es más, las mentes más lúcidas consumen sus bachas y no pasa nada, al contrario, viven en mundos felices, solo que para conseguirla tienen que recurrir al tráfico (a los narcotraficantes) y eso le da un sentido muy peligroso al asunto, todo porque nuestros representantes populares, nuestras autoridades, se niegan a la legalización con el cuento de que se incrementará el consumo entre nuestros jóvenes, cuando no vemos por ninguna parte una campaña de prevención implementada por el gobierno.
Lo más seguro es que de las millonarias utilidades que genera el trasiego de este producto, son beneficiarios… Sin duda, dimos un paso adelante, esperemos caminar pronto por ese rumbo.
Más alcaldes del PRD se pasan al PRI
Ayer anunció el PRI estatal, con bombo y platillo que con la renuncia de los presidentes municipales de Alpatláhuac, Leonel Sánchez Reyes, y de Calcahualco, Nicolás Rivera Moreno, suman ya seis los municipios gobernados por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) cuyos alcaldes se afilian formalmente al Partido Revolucionario Institucional (PRI). ¿Seis… por cuántos seguidores cada uno?
Ambos munícipes, pertenecientes a la región de Huatusco, se sumaron este jueves a otras autoridades locales que reclaman a la dirigencia perredista que haya perdido el rumbo en la defensa de los principios de la izquierda, toda vez que la alianza con el Partido Acción Nacional (PAN) significa reconocer a una fuerza política que les arrebató la Presidencia de la República en 2006.
Dijeron que su afiliación al PRI obedece a la construcción de un proyecto de gobierno en el que se reconocen los liderazgos regionales y se garantiza la participación libre de las autoridades municipales. Al mismo tiempo, reconocieron la apertura al diálogo de la nueva dirigencia estatal del PRI.
Tras el anuncio de una eventual alianza con el PAN, en menos de un mes los presidentes municipales Octavio Jaime Ruiz Barroso (Alvarado), Marco Antonio Estrada Montiel (Las Choapas), Aquilino Zamorano Pérez (Tuxtilla) y Manuel Cuan Delgado (Pueblo Viejo) abandonaron las filas del sol azteca, partido que los abanderó para alcanzar el triunfo electoral en 2013
Que se disculpe Silva, exige Yunes
Como era de esperarse, el diputado federal panista Miguel Ángel Yunes Linares, en la sesión de la Cámara de Diputados de ayer, manifestó que la Constitución establece los principios de igualdad jurídica entre la mujer y el hombre, el respeto a la dignidad de las mujeres, la no discriminación así como el derecho de las mujeres a la libre procreación.
“Todos los diputados federales nos comprometimos a cumplir la Constitución y respetar los derechos humanos de las mujeres. El Diputado Federal Alberto Silva Ramos violó la Constitución y los derechos humanos de las mujeres al señalar que si aspiran a ser candidatas del PRI serán sometidas a exámenes de embarazo”, señaló.
Dijo que la torpeza y bajeza de su afirmación es obvia: “No podía esperarse menos de quien es producto de un régimen corrupto, que cotidianamente viola la Ley, pero esto no justifica su actuar”.
El legislador Miguel Ángel Yunes Linares afirmó que si el Diputado Silva tuviera un mínimo de decencia ofrecería una disculpa pública a todas las mujeres que han sido agraviadas.
Reflexión
El diputado panista y aspirante a la candidatura al gobierno del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, debería pensar dos veces cuando lo invitan perredistas de la calaña de Franco, Bernal y esas auténticas e históricas sanguijuelas del gobierno priista, porque si los va a jalar en la alianza que está tejiendo con el PRD nacional que se olvide, dormirá con el enemigo.