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XALAPA, Ver., 30 de enero de 2014.- Con fuerte oposición del grupo legislativo del PAN, la mayoría priista en el congreso local aprobó la Cuenta Pública 2012 a pesar que en tribuna se argumentó que la revisión presentaba muchas inconsistencias.
Tal y como se esperaba, los diputados del PRI, acompañados por los legisladores de los partidos Nueva Alianza y verde Ecologista decidieron avalar la cuenta pública pese a que varios fideicomisos y algunos ayuntamientos tuvieron serias irregularidades detectadas por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS).
Tales fueron los casos del ayuntamiento de Fortín de las Flores, en el que el priista César Torrecilla Ramos deberá solventar supuestas irregularidades que superan los 41 millones de pesos. Del mismo modo, la Secretaría de Comunicaciones –ahora transformada en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP)- también presentó un presunto daño patrimonial por 44.6 millones de pesos.
En el tema de la SECOM, se ignora si se ordenará al diputado priista Raúl Zarrabal Ferat solicite licencia para que tenga la oportunidad de solventar las observaciones. Sin embargo, la postura de varios de sus compañeros de fracción –que pidieron no identificarse- es que se audite también a su antecesor Guillermo Herrera Mendoza y a su sucesor, Francisco Valencia García.
Del mismo modo, se detectaron irregularidades en el fideicomiso del Túnel Sumergido en Coatzacoalcos por 7.4 millones de pesos y en el fideicomiso para el mantenimiento del puente sobre el Río Coatzacoalcos 1 por la cantidad de 225.7 millones de pesos.
El coordinador de los diputados del PAN, Julen Rementería del Puerto lamentó que a pesar que la Comisión de Vigilancia recibió la cuenta pública el 31 de diciembre del año pasado, la entregó a la fracción del PAN hasta el 7 de enero. Durante la revisión, dijo, se detectaron irregularidades en el proceso de fiscalización lo que confirmó que la única pretensión del gobierno era que la cuenta pasara de manera transparente.
Explicó que en la gaceta legislativa se expuso que el documento también había sido suscrito por el PAN, siendo que los diez diputados que conforman la fracción se negaron a avalar y firmar el dictamen, conscientes que nuevamente se le hace un daño a las finanzas del estado.
En el dictamen se citó que 38 ayuntamientos incurrieron en daño patrimonial por un monto de 125 millones 607 mil pesos.
Por su parte, el diputado por el Partido del Trabajo, Fidel Robles Guadarrama lamentó que una vez más, el gobierno se salga con la suya pues las mayores inconsistencias las presentó la administración de Javier Duarte de Ochoa: “Mal manejo de recursos. Otros recursos que no llegaron. Obras reportadas como terminadas y que no se han construido siquiera y ello representa un atropello a las finanzas públicas. Eso es algo que siempre veremos mientras ellos sigan gobernando de la manera en que lo hacen”.
A partir de ahora, los entes fiscalizables que tuvieron observaciones que pudieran representar un daño patrimonial tendrán la oportunidad de solventarlas, de lo contrario, serán denunciados por el ORFIS en la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos.