Aprueba Congreso de Veracruz reformas constitucionales Anticorrupción

XALAPA, Ver., 2 de mayo de 2015.- Con 44 votos a favor y uno en contra, el Congreso de Veracruz aprobó por mayoría la Minuta enviada por el Senado de la República, que reforma la Constitución federal y establece las bases del Sistema Nacional Anticorrupción, como instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno para la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.

Con 44 votos a favor y uno en contra, del diputado Fidel Robles Guadarrama, se avaló por obvia resolución estas modificaciones que contemplan crear un Comité Coordinador integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Secretaría del Ejecutivo responsable del control interno, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el presidente del organismo garante que establece el artículo 6º constitucional.

Se faculta al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para emitir sus fallos y sancionar actos de corrupción de servidores públicos y privados, como los casos de enriquecimiento ilícito. También sancionará a particulares que intervengan en actos vinculados a faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades.

La norma obliga a resarcir los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o entes públicos federales, locales o municipales. Prevé sancionar a las personas morales, a las que podrá ordenar la suspensión de actividades y la disolución o intervención de la sociedad respectiva, cuando obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios.

También obliga a los servidores públicos a presentar bajo protesta de decir verdad su declaración patrimonial y de intereses, y contempla la figura de “juicio político”, para sancionar a los servidores públicos que incurran en actos u omisiones que redunden en prejuicio de los intereses públicos.

Los recursos locales provenientes de deuda respaldados por la Federación se fiscalizarán por la ASF, y las instituciones públicas instalarán órganos internos de control para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas.

Dichos órganos sancionarán conductas que no competen al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y presentarán las denuncias por hechos u omisiones que pudieran constituir delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. El Instituto Nacional Electoral (INE) también será autoridad en la materia, para evitar excesos o abusos de las autoridades estatales, federales y municipales.