Implementa SSP Operativo Bares y Cantinas en 28 municipios de Veracruz
COATZACOALCOS, Ver., 21 de abril de 2014.- “No solamente los migrantes sufren de asesinatos, secuestros, y extorsiones, también grupos de defensores de derechos humanos han recibido amenazas de cárteles”, aseguró el sacerdote Alejandro Solalinde, quien encabeza el Colectivo de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de las Personas Migrantes.
A su llegada a Coatzacoalcos, como parte de la marcha denominada “Vía Crucis Migrante”, el sacerdote lamentó que este tipo de organismo humanitarios sean amedrentados por organizaciones criminales e, incluso, por funcionarios públicos corruptos.
“Tenemos amenazado a un grupo de defensa del estado de Hidalgo, por un cártel, de que si siguen apoyando a los migrantes serán colgadas de un puente. Queremos manifestar esto porque personas como Las Patronas, que son premio nacional de Derechos Humanos, que están entregando su vida, no se vale que (las amenacen) cárteles y funcionarios públicos corruptos que sin duda están coludidos con ellos, porque les estorban para ejercer plenamente el usufructo de su mercancía que son los migrantes”, aseguró.
El presbítero indicó que se esperaba el arribo de 800 centroamericanos al municipio veracruzano, y ahí se sumarían por lo menos 150 migrantes más; además de los que se integren a la marcha a su paso por Puebla y el Distrito Federal; por lo que podrían estar llegando al Senado de la República, en la Ciudad de México, más de 2 mil migrantes, asentó.
“Es el momento de ir a la Ciudad de México, con esta marcha, la más grande en la historia, para pedirle al Estado Mexicano que cumpla con su deber que le da la Constitución, que le dan los compromisos internacionales que generó para proteger la vida de los migrantes y que cumpla con los mecanismos de defensa de los derechos humanos”, enfatizó Solalinde Guerra.
Resaltó que entre las exigencias que se presentarán en el Senado, es la desaparición del Instituto Nacional de Migración ante su –dijo- ineficiencia para garantizar la seguridad de los migrantes.
“No ha dado los resultados que esperaba, no sirvió la intervención policiaca porque sigue habiendo corrupción, no sirvió tampoco la vigilancia que supuestamente iban a tener (los trenes y las estaciones migratorias) siguieron las extorsiones, la corrupción, los malos tratos y sobre todo algo que es vergonzoso para México y el mundo, que ante una falta administrativa se dé una respuesta policiaca”, enfatizó.
El padre Solalinde recordó el caso de Acayucan, Veracruz, donde en una primera acción entraron 80 policías federales que portaban armas largas para intimidar a los migrantes, “no pueden tratar así en ningún país a algún infractor administrativo”, aseguró y añadió que después el grupo que encabeza protestó con el entonces Comisionado Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb, quien retiró a la Policía Federal pero dio la orden de que entraran elementos del CUSAEM (Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México) quienes, a decir del sacerdote, dieron peores resultados porque torturaron y golpearon a los migrantes.
“Seguimos preguntando al gobierno de Enrique Peña Nieto ¿por qué si los migrantes solamente son irregulares administrativos, su gobierno les da una respuesta brutal policiaca?, ¿por qué está el CUSAEM en Acayucan? ¿por qué tienen cárceles disfrazadas de estaciones migratorias?”, cuestionó el sacerdote defensor de los migrantes.
Aseguró que no bajarán las guardia para defender a los centroamericanos y continuarán con las acciones para exigir que se les brinde la protección necesaria que, enfatizó, es obligación del Estado mexicano proteger a las personas que cruzan en su territorio.
“De no tener los resultados esperados, se comprueba que nos encontramos en un Estado necio, sordo, ciego, insensible, un Estado irresponsable ante la tragedia humanitaria que están viviendo los migrantes. Algún día cuando haya justicia y se quite la impunidad que existe en México, se va a tener que hacer justicia a tantos años que hemos encausado a los hermanos centroamericanos”, subrayó Solalinde Guerra.
El “Vía Crucis Migrante” es una medida de protesta para exigir al Gobierno de México el libre tránsito por el país y la desaparición del Instituto Nacional de Migración (INM). Además, los migrantes exigen al presidente Enrique Peña Nieto se trabaje para frenar los casos de violencia de los que son objeto en hechos como las extorsiones, secuestros, robos y asesinatos, entre otros.