Alcalde de Medellín no irá a trabajar hasta resolver imputaciones

MEDELLÍN DE BRAVO, Ver., 26 de enero de 2015.- A primera vista, la comunidad El Tejar y su cabecera municipal, Medellín de Bravo, lleva una vida habitual, sin embargo, basta escuchar las pláticas de los vecinos para sentir el temor y la zozobra tras la confirmación del asesinato de Moisés Sánchez Cerezo, conocido por todos como el reportero local.

La comandancia de la Policía Municipal ya está en manos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y los oficiales llegan y salen a sus patrullajes. En el edifico de enfrente, en el Palacio Municipal, todo parece marchar como siempre, una veintena de sillas de plástico indican que el cobro de predial sigue en marcha, sin contratiempos.

Tras todo este movimiento algo no es normal: el alcalde de Medellín de Bravo, Omar Cruz Reyes, no acudió a trabajar como todos los lunes lo hacía; su ausencia quedó evidenciada cuando no llegó al izado de bandera con el resto del cuerpo edilicio.

Ahí, ante un tumulto de reporteros, la Jefa de Prensa, nombrada al vapor como Vocera Municipal, María Caretta, aseguró que el presidente municipal no huyó ni lo hará, pero no irá por un rato a su oficina porque prepara su defensa con su abogado, Sergio Vaca Betancourt Archer.

También, por redes sociales, el Ayuntamiento informó a la ciudadanía que todas las labores siguen de manera habitual pese a la última noticia. “Se le informa a la ciudadanía que se está laborando de manera normal en los horarios de 9 am a 4 pm de lunes a viernes y sábados de 9 am a 2 pm. Todas las actividades y labores del Ayuntamiento se están cubriendo de manera normal”, redactaron en Facebook.

El domingo, el procurador General de Justicia del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, informó que el reportero Moisés Sánchez Cerezo, secuestrado el 2 de enero en su casa, en El Tejar, fue hallado muerto en un paraje del municipio de Manlio Fabio Altamirano.

Según los dichos por uno de los acusados, el autor intelectual del crimen es el alcalde Omar Cruz Reyes, por lo que se pidió su desafuero al Congreso local.