Llamativa y plausible resulta sin duda la propuesta que el Gobernador Javier Duarte hizo respecto a la creación del Sistema Estatal Anticorrupción. Es innegable que la idea de despojar del fuero en Veracruz al Gobernador, Secretarios de Despacho, Presidentes Municipales, Síndicos y organismos autónomos, exceptuando a la Fiscalía General y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, resulta necesaria ante la exigencia de transparencia que tienen los ciudadanos hoy en día.
La gran mayoría de los mexicanos escuchan y se expresan con desagrado del llamado fuero constitucional, incluso se bromea ácidamente sobre él, pues en realidad ha sido empleado, en muchas ocasiones, por los pillos de «cuello blanco» y por quienes ostentan cargos de elección popular, como un escudo para actuar de manera irresponsable, o bien, como una protección por haber cometido fechorías antes, y así, «en lo que cachan o no al ladrón», pasa el tiempo, se olvida el delito, o bien, el «caco» fabrica pruebas para salvarse. Sean «peras o manzanas», el fuero ya le sirvió.
Así como en materia de medios de comunicación, los «malos o buenos» son las personas que los manejan y no el propio «medio» en sí, igual pasa con el fuero. Esta figura se concibió, originalmente, para proteger a los servidores públicos de cualquier intimidación que pudieran recibir por realizar bien su trabajo, es decir, en pro de los ciudadanos. Fue la deformación que sufrió el
fuero lo que hizo que la gente lo satanizara, y ahora, con justa razón, lo vea como un arma «cubre-criminales».
Ahora que Veracruz ha sido señalado por organismos federales de ser saqueado, presuntamente, por servidores públicos estatales, cae muy bien para la imagen interna y externa, la iniciativa «duartista» de despojar del fuero a la máxima autoridad del estado, y a todos los que se denominan «funcionarios a la orden del pueblo». Ya sin fuero, estoy seguro que antes de meterle mano a la «caja chica o grande», o hasta para traficar con vales de gasolina, el hampón con traje Ermenegildo Zegna, cortesía del erario, lo pensará más de dos veces.
También vale la pena considerar la iniciativa para que el Contralor General sea aprobado por dos terceras partes del Congreso. Esto, es esencia, debería alejar al Gobernador del auditor estatal, tal como ocurre con la figura del Fiscal, que ya hoy goza de total autonomía de acción. Igual tendría que ocurrir con la creación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la cual, si analizamos a profundidad, será la más poderosa en el nuevo Sistema Estatal Anticorrupción.
Me explico. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción se estaría convirtiendo prácticamente, como «alguien» me dijo, en los afilados dientes de dicho Sistema en el estado, con total autonomía y autoridad para morder al que transgreda la ley, en un esquema donde ya no existe el fuero.
Suena coherente que los únicos con goce de fuero sean los titulares de la Fiscalía General y la Comisión Estatal de Derechos Humanos; la lógica nos lleva a que ellos sí deben resguardar y proteger las garantías de los ciudadanos sin sentirse amenazados, reconvenidos, o bien, coartados en su libertad de juzgar al hampón, pillo, ratero, caco o bandido.
Tomás Ruiz, compareció.
El Secretario de Infraestructura y Obras Públicas en el estado, Tomás Ruiz González, durante su comparecencia, defendió con argumentos las preguntas de todos los legisladores, desde los rijosos hasta los tranquilos.
Resaltó la obra creada para los Juegos Centroamericanos y del Caribe; enfatizó la pertinencia del Puente Escénico en Boca del Río; detalló las dos órdenes de aprehensión contra funcionarios relacionados con la construcción del Túnel Sumergido en Coatzacoalcos, y además, recalcó que en 2015, más de 3 millones de veracruzanos se beneficiaron con 2 mil 376 acciones de infraestructura.
A Tomás Ruiz le sobra experiencia para estos menesteres; al principio del sexenio también comparecía, pero como titular de Finanzas. Mucho colmillo.