Al pie de la letra

* ORFIS, CUESTIONADO

En 2005, recién iniciado su sexenio, cuando comenzaron a filtrarse en los medios de comunicación los desvíos e irregularidades de la administración de su antecesor Miguel Alemán Velasco, el entonces gobernador Fidel Herrera Beltrán empezó a ponderar la desaparición del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), pues aducía que resultaba sumamente costoso en comparación con lo poco que lograba recuperar y reponer de los daños causados al patrimonio del estado y municipios.

Inclusive, en plática privada con algunos comunicadores, llegó a comentar que en su opinión resultaba más conveniente retornar al esquema anterior, cuando la fiscalización a los entes públicos se ejercía desde la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso local.

Sin embargo, quién sabe por qué nunca procedió a desaparecer el ORFIS, cuya credibilidad también minó paradójicamente el propio ex gobernador Herrera cuando al término de su gestión brotaron las corruptelas, fraudes y saqueos que dejaron en bancarrota las finanzas del estado, con una deuda superior a los 80 mil millones de pesos, oficialmente no reconocida.

El 27 de noviembre del año pasado, por ejemplo, al comparecer ante la LXIII Legislatura local para la glosa del tercer informe del gobernador Javier Duarte, el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Gerardo Buganza Salmerón, volvió a destapar la cloaca del régimen fidelista al informar de las acciones legales que había emprendido la dependencia a su cargo, pues mencionó un listado de obras que aún no se habían concluido desde los desastres naturales ocurridos en septiembre de 2010 y cuyo daño patrimonial ascendía a 170 millones de pesos, razón por la cual, dijo, tuvieron que presentar 18 denuncias ante la Procuraduría General de la República. También aludió a la rescisión de contratos por más de mil 160 millones de pesos y a la presentación de denuncias penales ante la PGR contra 58 constructoras por el fraude en que incurrieron al recibir anticipos de 50 y hasta 84 por ciento para obras que finalmente no realizaron, como verbigracia un puente en el municipio de Martínez de la Torre que se reportó con un avance físico del 90 por ciento pero que jamás se inició, así como para otras construcciones que dejaron abandonadas o que simplemente no existen.

Pero lo expuesto por Buganza Salmerón ante los diputados ya había sido informado públicamente también, desde tres años antes, por el propio gobernador Duarte de Ochoa, quien en marzo de 2011 declaró que su administración investigaba a 156 empresas constructoras que incumplieron con los proyectos de obra pública y que habrían incurrido en daño patrimonial al erario por más de 900 millones de pesos. Desde entonces, el mandatario veracruzano dijo que su gobierno actuaría “con toda la firmeza y determinación, porque aquí no hay circunstancias especiales y quien esté al margen de la legalidad tendrá que asumir las consecuencias”.

El 11 de marzo pasado, en un evento organizado por el empresario porteño Antonio Chedraui Mafud, el presidente de la Fundación “Mexicanos Primero”, Claudio X. González Guajardo, increpó públicamente a la subsecretaria de Educación Básica del estado, Xóchitl Adela Osorio Martínez, sobre las presuntas irregularidades reportadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la aplicación de recursos a la educación en Veracruz por 6 mil 178 millones de pesos durante los ejercicios fiscales 2010 y 2011.

“Seis mil millones de pesos en dos años. Maestra Xóchitl: ¿qué haría usted con 6 mil millones de pesos? ¡Maravillas! ¿Verdad? Ni nos imaginamos esa cifra. Esa cifra que se perdió aquí es un chorro”, cuestionó González Guajardo.

En Veracruz, según el presidente de la Fundación “Mexicano Primero”, se invierten más de 25 mil millones de pesos en educación básica, de los cuales, 78 por ciento son aportados por la Federación y el 22 por ciento restante por el gobierno del estado.

¿Qué ha hecho el ORFIS para reparar el daño patrimonial que sí le compete?

La interrogante vale porque hace poco, con motivo de las versiones que circularon acerca de un proceso de selección supuestamente amañado para cubrir diversas plazas de supervisor en su Dirección de Auditoría Financiera a Municipios, voceros de este órgano autónomo puntualizaron que no hubo favoritismo ya que el ORFIS “cuenta con un servicio público de carrera que permite, entre otros aspectos, la selección del personal idóneo para cada puesto en igualdad de oportunidades.

“Ese servicio público de carrera establece un proceso de capacitación y desarrollo continuo que conlleve a la especialización y profesionalización de los servidores públicos de carrera y otorgue promociones con base en conocimientos, habilidades y nivel de desempeño, mediante concursos de oposición que garanticen el ascenso del más apto.”

Inclusive se atrevieron a rememorar que “desde el 27 de octubre de 2003, el proceso del servicio público de carrera se encuentra certificado bajo la norma ISO 9001:2008, lo que significa que dos veces al año es auditado bajo los más estrictos estándares de calidad internacional, primero de manera interna y posteriormente a través de una firma externa, lo que garantiza que los procesos de selección y promoción son transparentes, apegados a la normatividad y con la plena confianza de que el servidor público seleccionado es el más apto para el ascenso de puesto.”

Y sin el menor rubor afirmaron que “el ORFIS impulsa la transparencia y legalidad en el quehacer público; aspira a ser una Institución que predique con el ejemplo, trabaja de manera íntegra, profesional y eficiente, así como dentro del marco legal. Es una institución donde la experiencia, esfuerzo y conocimientos de su personal se ve materializado en ascensos; puestos directivos y mandos medios son ocupados por personas que han ido escalando posiciones y que tienen amplia trayectoria dentro de la Institución”.

¿Entonces por qué ha solapado desvíos, fraudes e irregularidades en el gasto público que han agravado la salud financiera del gobierno del estado y de los ayuntamientos?