Al pie de la letra

* REPROBADOS

A determinados funcionarios estatales y diputados locales del PRI –unos subordinados y otros aliados políticos en el Congreso veracruzano del gobernador Javier Duarte de Ochoa– tal parece que aún no les “cae el veinte” de que en la Presidencia de la República ya no gobierna un panista sino Enrique Peña Nieto, el ex mandatario mexiquense que luego de recuperar el poder presidencial para el partido tricolor tras dos sexenios de castigo del electorado ha emprendido una serie de reformas estructurales para “mover a México”, pactando con las dirigencias nacionales del PAN y PRD aún a costa de los intereses de grupo de sus propios correligionarios, simpatizantes y patrocinadores que en 2012 le dieron el triunfo electoral.

Y es que la tarde de este martes fue convocado a sesión extraordinaria el pleno de la LXIII Legislatura local con el propósito de hacerle algunas modificaciones a la Ley de Educación del estado, aprobada el pasado 4 de marzo, para “armonizarla” plenamente con la nueva ley federal de la materia y así evitar que el presidente Peña Nieto, quien el próximo lunes 21 de abril asistirá a la ceremonia conmemorativa del centenario de la heroica defensa del puerto de Veracruz, interponga una controversia constitucional como ya lo acaba de hacer contra los gobiernos estatales de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Sonora.

Hace un mes, unos cuantos días después de haber sido aprobada la polémica ley educativa por el Congreso local, el secretario de Educación de Veracruz, Adolfo Mota Hernández, entrevistado precisamente sobre el amago del titular de la SEP, Emilio Chuayffet Chemor, quien acababa de anticipar que recurriría a una controversia constitucional en contra “de un estado del Golfo de México cuya armonización de Ley de Educación no se apegaba al contenido de la ley federal”, respondió que armonizar no es reproducir y que inclusive había jurisprudencia en esa materia.

“Armonizar es generar las condiciones para promover un proyecto legal que revise y atienda a las circunstancias propias del estado”, expuso Mota Hernández, quien además de remarcar que Veracruz era uno de los estados más adelantados del país en la implementación de este ordenamiento legal, existía una “perfecta” comunicación con Chuayffet.

Mota insistió en que lo aprobado por el Congreso local “es un cuerpo de ley muy bien revisado, consensuado por muchos académicos, abogados, maestros dedicados a la investigación y observado de muy buena manera en torno a la actitud que tiene Veracruz para ser uno de los estados que se armonicen, de otra manera no se explica las expresiones en contra de algunos grupos a nivel nacional que han señalado temas, si atentara contra los temas que los maestros sugieren. El respeto a los maestros veracruzanos los contempla la ley”.

Y añadió que “yo siento en este momento a la comunidad magisterial atenta, comprometida con las propuestas de Veracruz y con sacar adelante la reforma educativa”.

En ese sentido fue secundado por el secretario general de la Sección 56 del SNTE, Manuel Arellano Méndez, quien se atrevió a declarar que la Ley de Educación de Veracruz es “casi perfecta” y no tiene por dónde ser sujeta a una controversia constitucional.

Sin embargo, el 11 de marzo, en un evento organizado en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río por el dueño de una cadena de tiendas de material educativo, el presidente de la Fundación “Mexicanos Primero”, Claudio X. González Guajardo, aparte de increpar públicamente a la subsecretaria de Educación Básica, la callejista Xóchitl Adela Osorio Martínez, sobre presuntos desvíos e irregularidades por 6 mil 178 millones de pesos detectados por la Auditoría Superior de la Federación en la aplicación de recursos federales al sector educativo de Veracruz durante los ejercicios fiscales 2010 y 2011, arremetió también contra la Ley General de Educación que, en su opinión, se contrapone a la reforma educativa federal porque favorece a los intereses de cúpulas sindicales.

En presencia de Adolfo Mota, el empresario llamó desde entonces al gobierno del estado y a los diputados locales a cambiarla porque, dijo, no prevé la separación de los docentes que incumplan con los resultados en la tercera evaluación. “La legislación federal lo deja claro: maestro que no se evaluó, causa de rescisión, y la local no lo establece; esto es una cesión a las cúpulas locales, y esto es muy contrario”, cuestionó el representante de “Mexicanos Primero”.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado, Juan Nicolás Callejas Arroyo, tardó casi un mes para responderle a González Guajardo, pues el diputado local y cacique de la Sección 32 del SNTE declaró hasta el 10 de abril que no había argumentos jurídicos válidos para poder revertir lo que en Veracruz se hizo con la nueva Ley de Educación, ya que aseguraba que “se trata de un marco jurídico de avanzada, que no se contrapone con la ley federal en la materia”, y cuestionado sobre las declaraciones del empresario que reprobó a Veracruz por las “omisiones y graves contradicciones” con la Ley General de Educación, las cuales podrían dar pie a una controversia constitucional, el legislador priista pretendió descalificar al presidente de la organización civil de la siguiente manera:

“Mexicanos Primero son la iniciativa privada, son aquellos que no les interesa la educación pública. Si fueran mis alumnos yo los reprobaría, porque ellos le están jugando al interés económico y no a la educación del pueblo, pero al mismo tiempo le están jugando a la confusión del pueblo. Esa agrupación se ha dedicado a hacer una campaña pero con un franco desconocimiento del tema educativo nacional y sus integrantes nacieron en pañales de seda y desconocen completamente la escuela pública. E incluso tengo el presentimiento que desconocen hasta la escuela privada: No sé cuáles serán sus intereses, me los imagino”.

Sin embargo, la tarde de este martes, Callejas Arroyo y la bancada priista tuvieron que meter reversa y “armonizar” la ley educativa estatal con la federal para evitar que el presidente Peña recurriera al recurso de la controversia constitucional.

O sea que a final de cuentas el “reprobado” fue el guía moral de la Sección 32 del SNTE.