Al pie de la letra

* BERMÚDEZ, EMPLAZADO

Cuando en febrero de este año el gobernador Javier Duarte de Ochoa decidió remover a Felipe Amadeo Flores Espinosa de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), algunos analistas políticos e inclusive miembros del gabinete duartista esperaban también que el manotazo en ese vulnerable sector gubernamental alcanzara también al secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, un funcionario nativo de la Ciudad de México, egresado de la Escuela Bancaria y Comercial, con un curso de tiro en Estados Unidos y ex “asistente” (¿chofer?, ¿mandadero?, ¿guardaespaldas?) del secretario de Seguridad Pública del estado de Nuevo León de 1996 a 1998, año en que llegó a Veracruz al inicio del sexenio del gobernador Miguel Alemán Velasco como secretario particular del subsecretario de Administración y Finanzas, Sergio Maya Alemán, sobrino del ex mandatario, al cual le habría servido hasta de prestanombres en el fraccionamiento residencial del exclusivo Club de Golf de Xalapa, ubicado en Miradores del Mar, municipio de Emiliano Zapata.

Sin embargo, quién sabe por qué, Duarte de Ochoa decidió mantener en su cargo a Bermúdez Zurita, no obstante que Veracruz se ubica actualmente entre las 10 entidades que concentran el 74 por ciento de los secuestros denunciados en todo el país, y que en 2013, según datos de la Procuraduría General de la República, fue el que sumó más denuncias por extorsión, con 25 de un total de 284, colocándose por encima del Estado de México (19), y Chihuahua y el DF, que ocupan el tercer lugar con 16 averiguaciones integradas por este delito del fuero federal.

Este sábado 12, en una reunión a puerta cerrada en las instalaciones de la Policía Naval, en el puerto de Veracruz, Bermúdez Zurita presentó a empresarios y diputados locales lo que será la nueva Unidad Antisecuestro para el estado, la cual, según anunció, tendrá la tecnología más avanzada en esa materia y personal especializado.

El aún titular de la SSP dijo que de la mano con la Procuraduría de Justicia local se preparan para atacar “algo de lo que más nos inquieta en estos momentos en todo el estado, es cómo evitar, pero sobre todo cómo resolver los secuestros, esto lleva año y medio que lo estamos trabajando”. Y presumió que se tendrán elementos altamente calificados, con capacidad de negociación, y que por parte de Seguridad Pública se contará con una unidad de personal táctico que se pueda anticipar en algún secuestro al disponer de información criminal policiaca.

Lo que a simple vista no se entiende es por qué apenas hasta ahora Bermúdez está implementando todo esto en el estado, si en su currículum oficial se consigna su presunta experiencia en “negociación de secuestros y manejo de crisis”.

La explicación más lógica es que tuvo que llegar el presidente Enrique Peña Nieto a apretar tuercas para que todos los gobernadores, procuradores y secretarios estatales de Seguridad Pública se sumaran a la Federación para combatir en serio a la delincuencia organizada.

Donde los mandatarios locales no han querido o no han podido someter a los grupos criminales, la administración de Peña Nieto ha tenido que tomar cartas en el asunto. Así, por ejemplo, en Michoacán envió primero al ex procurador mexiquense Alfredo Castillo como comisionado federal plenipotenciario y luego arraigó al secretario de Gobierno, Jesús Reyna, por presuntos vínculos con el cártel de Los Caballeros Templarios. Y, en el Estado de México, el gobernador Eruviel Ávila fue obligado a cambiar a su secretaria de Seguridad Ciudadana, Rocío Alonso Ríos, la cual fue sustituida por Damián Canales Mena, cercano ex colaborador del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

En Veracruz le han tenido que entrar al aro también. Por eso es que en esa reunión del pasado fin de semana en las instalaciones de la Policía Naval, Bermúdez explicó que el personal de la nueva Unidad Antisecuestros lleva nueve meses en la capacitación proporcionada por instructores de la Marina, del CISEN y de la PGR, los cuales están en la etapa final y podrían iniciar operaciones después del periodo vacacional de Semana Santa.

“La idea es que se tenga puente de comunicación entre Seguridad Pública y la Procuraduría de Justicia del Estado. El objetivo es perseguir hasta lo último a todos los miembros de una banda delictiva, porque luego no se detiene a todos”, dijo el titular de la SSP, soslayando que en la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI), dependiente de la PGJE, estuvo desde 2011 hasta febrero de este año como director MarioDelfín Domínguez, a quien en octubre de 1998 –cuando Bermúdez recién llegó a Veracruz procedente del estado de Nuevo León– se le cesó como coordinador de la Policía Judicial del Estado en la zona de Córdoba y se le abrieron las indagatorias 923/998, 1158/998 y 1208/998 por los presuntos delitos de secuestro y extorsión.

Esa fue la razón por la que el pasado 26 de febrero, el flamante procurador Luis Ángel Bravo dio posesión al almirante de Infantería de Marina, Diplomado de Estado Mayor, Rogelio Gallegos Cortés, como director general de la AVI, y al vicealmirante del Cuerpo General del Estado Mayor Presidencial, Tomás Enrique Duarte, como jefe del Departamento de Investigaciones de Operación Policial.

Por eso Bermúdez se tiene que poner las pilas; de lo contrario, su cambio no será decidido en el Palacio de Gobierno de la avenida Enríquez, de Xalapa, sino en el de Covián, allá en Bucareli, como acaba de suceder en el Estado de México.