Al pie de la letra

EL ÁNGEL DE LA PROCU

Aunque su nombre es Ángel, pero dicen que al nuevo titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ha comenzado a salirle lo diablo haciéndole también honor a su apellido: Bravo.

Y es que quienes han tenido oportunidad de conversar con él refieren que Luis Ángel Bravo Contreras, precisamente por la vasta experiencia profesional que tiene como abogado litigante, está decidido a darle una buena sacudida a la PGJE ya que no sólo pretende cambiar la actitud del personal que está a cargo de las agencias del Ministerio Público –lo que hace poco le valió que le malinterpretaran una declaración sobre el “cochinero” que encontró en una oficina del MP donde una empleada comía fritangas en medio de expedientes ministeriales–, sino también la de los comandantes y agentes de la nueva Policía Ministerial para darle celeridad y mayor eficacia a la ejecución de las órdenes de aprehensión, motivo por el cual hasta promovió el cambio de nombre de la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) y designó al frente de la corporación al almirante de Infantería de Marina, Diplomado de Estado Mayor, Rogelio Gallegos Cortés, y al vicealmirante del Cuerpo General del Estado Mayor Presidencial, Tomás Enrique Duarte, como jefe del Departamento de Investigaciones de Operación Policial.

Los primeros resultados fueron sorprendentes por el múltiple número de detenciones logradas y los casos resueltos que comenzaron a darse desde principios de marzo. Uno de estos fue precisamente el del secuestro de la niña Esmeralda Balverto Julián, de Monte Gordo, municipio de Tecolutla, donde a finales de febrero los familiares y vecinos tuvieron que bloquear la carretera federal costera número 180 para llamar la atención de las autoridades judiciales.

Y aunque aún no aparece la pequeña de 12 años de edad, la PGJE esclareció este plagio mediante la investigación ministerial PAP1/095-2014 y detuvo a Ana María Susana Contreras Patiño, alias “la Chea” o “la Güera”, y a una menor de edad, ambas implicadas en otros casos de prostitución de infantes y trata de personas. En este operativo, la Procuraduría fue apoyada por elementos de Seguridad Pública, de la Policía Federal, del Ejército y de la Marina, quienes al activar los protocolos de búsqueda y localización de la menor lograron establecer y capturar a las mujeres.

Sin embargo, en este caso concreto el procurador Bravo Contreras aún estaría por deslindar responsabilidades por la presunta negligencia con la que actuaron en su momento algunos funcionarios ministeriales y cuyas horas perdidas para emprender la investigación fueron cruciales para perseguir a los plagiarios y localizar a la niña Balverto Julián.

Y es que según versión de los familiares de la pequeña raptada, después de buscarla desde el mediodía del 21 de febrero por todo Monte Gordo decidieron acudir a las autoridades. “Eran como las 4 o las 4 y media cuando nos fuimos a Tecolutla a poner la denuncia pero ahí no nos la quisieron recibir, nos dijeron que en Papantla y nos fuimos para allá. Queríamos que mandaran a la policía, a la Marina, que nos entregaran a mi niña pero cuando llegamos a Papantla nos dijeron que en esos casos hay que esperar 72 horas para poder reportar la desaparición”, relató Alicia Julián, madre de la infante, quien mientras presentaba la tortuosa declaración ministerial, ella, su esposo y otra pariente tuvieron que tolerar el ácido comentario de un elemento de la AVI que socarronamente les dijo: “ustedes aquí llorando y a lo mejor ella está gozando…”

“Esto ya no es así”, aclara el procurador duartista, quien dice que con las recientes reformas penales el delito de secuestro ahora se persigue de oficio y que sólo basta con que el Ministerio Público se entere del caso para iniciar la indagatoria aunque los familiares no presenten formalmente la denuncia.

Además, Bravo Contreras tiene claro que en la nueva Policía Ministerial no sólo debe cambiarse la actitud de los agentes hacia las víctimas del delito sino que también se debe de neutralizar a aquellos que venden impunidad a delincuentes y criminales.

Hace aproximadamente un mes, al darles posesión a los nuevos subprocuradores, mandos de la AVI y demás funcionarios de primer nivel de la PGJE, el flamante procurador les pidió responder con eficiencia y productividad a la confianza de los veracruzanos. “La indicación del gobernador Javier Duarte de Ochoa es clara y precisa: ejercer las funciones que nos confiere la ley en favor de la población demandante de procuración de justicia, sin escatimar esfuerzos y apegados a las normas jurídicas”.

De la cómoda presidencia del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), Luis Ángel Bravo ha pasado a la titularidad de la candente PGJE, un complicado cargo que asegura no “sufrir” sino que “disfruta” porque aduce que ocuparlo es la máxima aspiración de todo abogado penalista.

No es una misión fácil, sobre todo en esta época en que los índices de secuestros siguen al alza, y la unidad antiplagios del estado no cumple satisfactoriamente con los estándares requeridos, según afirmó anteayer Renato Sales Heredia, coordinador nacional antisecuestros, quien en conferencia de prensa reveló que solamente las unidades de Chihuahua, Nuevo León y Puebla son las que cuentan con grupos aptos para el combate de este delito de alto impacto.

“La condición que guardan buena parte de las unidades especializadas contra el secuestro en los estados no corresponde con las necesidades para el combate a este ilícito. Necesitamos aquí del compromiso explícito de los gobernadores de los estados que concentran el 74 por ciento de la incidencia”, expresó Sales en referencia a Durango, Michoacán, Tabasco, Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas, Estado de México, Morelos, Zacatecas y…Veracruz.

Sin dar detalles, el funcionario indicó que estas entidades han comprometido plazos específicos para fortalecer sus unidades y equiparlas con los instrumentos indispensables.

Para ello, el gobierno federal destinará este año 456 millones de pesos –vía Fondo de Aportaciones para la Seguridad– para que las unidades estatales cuenten con mobiliario, computadoras, tecnología forense, equipo de geolocalización y vehículos.