Al pie de la letra

Este martes 10, el titular de la Contraloría General del Estado (CGE), Mauricio Audirac Murillo, fue el penúltimo miembro del gabinete estatal que compareció ante el Congreso local para la glosa del tercer informe del gobernador Javier Duarte de Ochoa.

Y, como era de esperarse, Audirac fue cuestionado por los diputados locales acerca de las acciones legales emprendidas recientemente por la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas a cargo de Gerardo Buganza Salmerón, quien el pasado 27 de noviembre, al comparecer también ante esa representación popular, informó que existe un listado de obras que todavía no se han concluido desde los desastres naturales ocurridos a finales de 2010 y cuyo daño patrimonial asciende a 170 millones de pesos, razón por la cual la SIOP ha rescindido hasta el momento contratos por más de mil 160 millones de pesos; ha interpuesto denuncias ante la PGR contra 58 constructoras por el fraude en que incurrieron al recibir anticipos de 50 y hasta 84 por ciento para obras que finalmente no hicieron como un puente en Martínez de la Torre que se reportó con un avance físico del 90 por ciento pero que jamás se inició, así como para otras que las dejaron abandonadas o no existen.

Audirac, quien entre 2008 y 2012 se desempeñó como auditor general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) –un órgano autónomo que reporta directamente a la Comisión de Vigilancia del Congreso del estado–, informó que sobre este caso la Contraloría interna de la SIOP ha iniciado una revisión minuciosa a las acciones emprendidas para detectar la posible existencia de responsabilidades atribuibles a servidores y ex servidores públicos. El contralor duartista aseguró que, de confirmarse, serán puestas en inmediato conocimiento de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la CGE, a efecto de iniciar los procedimientos disciplinarios administrativos e imponer las sanciones correspondientes.

El compareciente no lo mencionó, pero resulta obvio que uno de los principales implicados en este escandaloso asunto es su antecesor Iván López Fernández, quien incumplió puntual y cabalmente con su deber legal. El ex contralor está bajo sospecha de haber encubierto esta serie de actos fraudulentos que representan un grave daño patrimonial para el estado.

Quienes presumen de conocer bien a López Fernández no se extrañan que hasta ahora se haya destapado esta cloaca en la SIOP.

Es más, fueron los primeros sorprendidos cuando en noviembre de 2010 su nombre comenzó a sonar como futuro contralor de la nueva administración estatal, pues en aquella ocasión la opinión pública fue advertida de sus presuntos actos de corrupción maquinados a través de diversos despachos y empresas proveedoras y prestadoras de servicios de las que era socio, y que lo mismo vendieron a ediles paquetes informáticos para sus sistemas municipales del Registro Civil que maquinaria pesada y hasta medicamentos de una sospechosa firma abastecedora con domicilio fiscal en la congregación de El Tronconal, de Xalapa, así como su implicación en la Causa Penal número 92/2009/VI, radicada en el Juzgado Tercero Menor de esta ciudad capital, en la que en colusión con uno de sus compinches se prestó a jurar una declaración ministerial totalmente falsa para privar de su libertad a una empleada de la Sefiplan que fue acusada de difamar a uno de sus cómplices de ser supuestamente “gay”.

Actos inmorales y faltos de ética atribuidos al ex presidente del Colegio de Contadores Públicos y que a cualquier otro lo habría descalificado para asumir la titularidad de la Contraloría General del Estado; sin embargo su nombramiento se consumó el 1 de diciembre de 2010.

Y ahí sobrevivió casi tres años, hasta el 10 de octubre pasado en que oficialmente se anunció que su “ciclo se había agotado” y fue sustituido por Audirac, con quien a mediados de 2012 se confrontó fuertemente por el control del ORFIS, ya que el actual contralor pretendía reelegirse y López Fernández buscó ocupar su lugar a sabiendas de que estaba impedido constitucionalmente, por lo que al final tuvo que impulsar a Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, quien se desempeñaba como director general de Control y Evaluación de la CGE.

Por eso, y mucho más, es que se duda que la espada de la justicia pueda alcanzar a Iván. ¿O a poco deberás se atreverán a ir por él? Bueno, después de lo que ocurra con la alcaldesa priista de Alvarado, ¡todo puede suceder!