Al pie de la letra

* CEAPP, DESLEGITIMADA

Sin precisar día ni hora, la secretaria ejecutiva de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), Namiko Matzumoto Benítez, declaró este jueves 6 que la Secretaría de Seguridad Pública del estado presentará la semana próxima los Lineamientos para el Uso Legítimo de la Fuerza, o sea, un Protocolo de Actuación que la SSP aplicará cuando trabajadores de los medios de comunicación den seguimiento a manifestaciones sociales y otros operativos en los que participen las fuerzas del orden, para evitar precisamente que los reporteros sean víctimas de abusos policíacos.

Cantinflesca, Matzumoto Benítez intentó explicar que entre estos lineamientos que avaló la dependencia a cargo de Arturo Bermúdez Zurita se destaca que “cualquier falta cometida en contra de algún periodista de las que están contempladas ahí, por ejemplo que les quiten la cámara, que impidan tomar fotografías, que quiten la memoria de la cámara, se considera falta grave y falta grave implica necesariamente la consecuencia jurídica de cometer una falta grave, implica el sometimiento de un procedimiento sancionatorio administrativo”.

Además, la secretaria ejecutiva de la CEAPP se ufanó, como si se tratase de otro gran logro, que esta Comisión ha dado capacitación en materia de respeto a la libertad de expresión  a más de mil 800 servidores públicos de los nuevas administraciones municipales.

Sin embargo, aunque ciertamente ha habido excesos policiacos y agresiones verbales y hasta físicas por la intolerancia de algunos funcionarios de la SSP –desde el mismo titular Arturo Bermúdez hasta el director de Tránsito, Roberto López Santoyo–, pero hasta ahora ninguno de la decena de comunicadores veracruzanos victimados en estos tres años de la administración del gobernador Javier Duarte ha sido secuestrado y ejecutado por policías o por alguna autoridad municipal.

En su mayoría han sido eliminados por sicarios de la delincuencia organizada, cuyas células  aún no han sido totalmente erradicadas de Veracruz.

De hecho esta fue la supuesta razón por la que en 2012 el pleno de la LXII Legislatura local, a propuesta del gobernador Javier Duarte de Ochoa, aprobó crear la Comisión Especial para la Atención y Protección de Periodistas. La CEAPP fue concebida originalmente para defender y garantizar el respeto e integridad física de este diezmado gremio pero también surgió como una urgente respuesta política y mediática del régimen duartista ante la serie de crímenes de comunicadores iniciada a finales de junio de 2011 con el homicidio del columnista porteño Miguel Ángel López Velasco y su familia.

Es más, Duarte de Ochoa decidió crear este organismo autónomo y con rango constitucional, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, no obstante que un año antes, en julio de 2011 –al mes siguiente del asesinato del columnista conocido como “Milo Vela”–, había extinguido de un plumazo, por supuestas razones presupuestales, 16 Organismos Públicos Descentralizados, entre ellos la Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas (CEDEP) que había sido creada en 2006 por el ex gobernador Fidel Herrera Beltrán, la cual terminó operando con un raquítico gasto de 2 millones 900 mil pesos, cuando la CEAPP inició el año pasado con 15 millones y para este ejercicio fiscal le fue autorizada por la LXIII Legislatura local una partida de 20 millones de pesos.

Ahora, ante la crisis político-mediática que generó la ejecución del reportero policiaco de Coatzacoalcos, Gregorio Jiménez de la Cruz –la cual motivó la salida de Gina Domínguez Colío de la Coordinación General de Comunicación Social, principal impulsora de la CEAPP–, en el gobierno del estado no saben qué hacer con este organismo autónomo que  aparte de haber resultado mucho más costoso e inoperante que la desaparecida CEDEP, no ha podido legitimarse en la confianza de los comunicadores.

Precisamente a raíz de su tibia actuación en el crimen de Goyo Jiménez, varios columnistas han reiterado su propuesta de desaparecer la CEAPP, cuyos directivos se han visto timoratos o muy lentos para enfrentar las agresiones de funcionarios contra algunos reporteros, o también para blindar el trabajo profesional de éstos de las amenazas y atentados del crimen organizado.

A mediados del año pasado, por ejemplo, en su columna política “Prosa Aprisa” el periodista Arturo Reyes Isidoro, ex secretario de Información y Propaganda del CDE del PRI y ex director de Prensa de la Coordinación General de Comunicación Social del gobierno del estado, cuestionó duramente a Rocío Ojeda Callado, presidenta de la CEAPP, por haber declarado que “ninguna nota vale la pena para exponer la vida, sin que esto signifique dejar de ejercer el periodismo con responsabilidad”,  y criticó que la ex directora de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la UV sólo “va por ahí, habla que habla, diciendo generalidades en su calidad de presidenta de la Comisión de la que, como afirma ella misma, los periodistas desconfían (yo la desaparecería, pues no tiene ningún sentido cuando la Constitución garantiza la libertad de expresión y cuando, se supone, el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, incluyendo la de los periodistas).

Hay quienes dudan que el gobernador Duarte de Ochoa, en la actual coyuntura política, pudiera atreverse a desaparecer la CEAPP. Pero en 2011 al mandatario estatal no le tembló la mano para extinguir la CEDEP ni hace tres semanas para realizar cambios en su gabinete, incluido el ajuste en la Coordinación General de Comunicación Social, en reconocimiento precisamente a lo que ya no le funcionaba.