Al pie de la letra

Aunque ya el senador priista Héctor Yunes Landa se apresuró a exonerar públicamente a su primo hermano Miguel Ángel Yunes Linares de las sospechas que desde hace 13 años pesan sobre él acerca de la inexplicable fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán del penal de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco, lo cierto es que el ex director general del ISSSTE y ex candidato del PAN a la gubernatura de Veracruz sigue en la mira de la opinión pública por la huida facilitada a este capo del narcotráfico, uno de los más poderosos del mundo, el cual fue recapturado el sábado anterior en Mazatlán, Sinaloa.
Debido a esta presión mediática es que el nuevo gobierno federal priista ha tenido que ofrecer que investigará y procederá contra los funcionarios que ayudaron a escapar a Guzmán Loera. “Hay una instrucción precisa por parte del presidente Enrique Peña Nieto de que se investigue cómo sucedió la fuga de ‘El Chapo’ hace 13 años. Y vamos a conocer y a exhibir a quienes lo ayudaron a huir de la cárcel”, declaró este martes a MVS Radio el vocero del régimen peñista, Eduardo Sánchez.
Pero francamente se duda que el brazo de la ley, ahora en poder del PRI, pudiera alcanzar a Yunes Linares. Y no tanto porque el de Soledad de Doblado deveras no haya tenido que ver en la evasión de “El Chapo”, sino porque muy astutamente supo separarse a tiempo del cargo que le hubiera implicado responsabilidad directa, y en su lugar colocó a uno de sus más fieles peones de su corte de incondicionales.
En su edición de ayer, el diario Reporte Índigo publica el texto “La fuga del Chapo: el misterioso señor Pérez”, en el que se recuerda que en enero de 2001, tras el escape del líder del cártel del Pacífico, las autoridades mexicanas consignaron como culpables del delito de evasión a casi 70 personas, entre custodios y mandos de este reclusorio federal ubicado en Guadalajara, pero que sin embargo exoneraron a los funcionarios de alto nivel que tenían a su cargo el sistema penitenciario en el gobierno del presidente Vicente Fox y que eran responsables de la seguridad del penal de Puente Grande.
Entre los nombres que salen a relucir está obviamente el de Enrique Pérez Rodríguez, quien hasta enero de 2001 seguía como director de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, cargo que le pudo heredar su jefe político siete meses antes de que concluyera el zedillato por la estrecha relación de Yunes Linares con Jesús Murillo Karam, quien en la sucesión presidencial del 2000 renunció a la Subsecretaría de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación para incorporarse a la campaña presidencial de su ex jefe Francisco Labastida Ochoa, ex gobernador de Sinaloa.
En lugar de Murillo Karam llegó de subsecretario Jorge Tello Peón, y la dirección de Yunes fue ocupada por su incondicional Enrique Pérez. Ambos continuaron en sus respectivos cargos hasta los dos primeros meses del sexenio de Fox, pues Tello y el yunista renunciaron tras la increíble huída del “Chapo” Guzmán en enero de 2001.
Los detractores del neopanista choleño presuponen que quizá por ello es que muy explicablemente dejó la titularidad de Prevención y Readaptación Social y pasó a ser coordinador de asesores de Diódoro Carrasco, el ex gobernador priista de Oaxaca que sustituyó a Labastida en Gobernación y que al sexenio siguiente, ante la pérdida de la Presidencia de la República, al igual que Yunes también engrosó las filas del PAN.
Hoy Enrique Pérez, que en este candente caso bien pudiera llegar a ser la parte más delgada del hilo que tuviera que reventarse ante la fuerte presión mediática, sigue leal a los Yunes: desde hace un par de meses ocupa la modesta Secretaría de Ayuntamiento de Boca del Río que preside Miguel Ángel Yunes Márquez, el primogénito del ex director del ISSSTE.
Y es que la relación de Miyuli y Enrique Pérez se remonta a los años en que el ex priista se desempeñó, entre 1992 y 1997, como secretario de Gobierno durante la administración del gobernador Patricio Chirinos. En ese entonces, cuando Pérez era el secretario particular de Yunes, coincidentemente se estableció en la entidad como jefe de plaza el narcotraficante Albino Quintero Meraz, amigo y operador del “Chapo” Guzmán, el cual fue capturado por el Ejército en el puerto de Veracruz hasta mayo de 2002.
La presunta complicidad de Yunes y Enrique Pérez en la Dirección de Prevención y Readaptación Social de la SEGOB, que culminó en enero de 2001 con la fuga de Guzmán Loera, tiene alguna similitud con el mismo modus operandi fraguado también por el choleño en febrero de 2010, cuando al separarse de la Dirección General del ISSSTE para ser postulado candidato del PAN a la gubernatura de Veracruz, muy hábilmente maniobró para imponer en su lugar a otro incondicional que le cuidara las espaldas en las amañadas licitaciones millonarias que dejó en curso: Jesús Villalobos López, quien en diciembre de 2012 fue inhabilitado 10 años por la Secretaría de la Función Pública por fraude y quebranto de 299 millones de pesos contra esa institución de seguridad social, ya que cuando fungía como director de Finanzas con Yunes no cumplió con su labor de supervisar un contrato para la realización de un inventario en 2010.
Obviamente la situación del señor Pérez resulta ser bastante peor, pues podría estar en riesgo su libertad. A menos que, llegado el caso, su jefe político abogara por él con el actual titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, con quien Yunes Linares colaboró directamente entre noviembre de 1998 y abril de 2000 en la Subsecretaría de Seguridad Pública de la SEGOB, primero como asesor y luego como director de Prevención y Readaptación Social, hasta que el ex gobernador hidalguense se incorporó a la campaña presidencial de Labastida.