Al pie de la letra

En una semana, dos funcionarios de la Secretaría de la Gobernación se han visto involucrados directa e indirectamente en sendos escándalos por diferentes casos en los que han sido implicados personajes de la delincuencia organizada, lo que deja malparada a la dependencia del gobierno federal que en esta administración priista del presidente Enrique Peña Nieto ha vuelto a tomar en sus manos el aparato de inteligencia y la operación de la seguridad pública del país.

Primero fue el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, quien el pasado 5 de febrero, en Tepalcatepec, se reunió con Juan José Farías, (a) “El Abuelo”, considerado cabecilla del cártel de Los Valencia, según investigaciones del Ejército y la PGR.

Castillo explicó que durante una reunión con productores de la región en la que funcionarios de la Sedesol detallaban los alcances de la Cruzada contra el Hambre, le hicieron llegar un reporte sobre ciertos movimientos de los grupos de autodefensa. Refirió que los datos lo obligaron a retirarse de la mesa para sostener un improvisado encuentro con los dirigentes de guardias comunitarias.

Según Castillo, sus movimientos provocaron inquietud entre los asistentes, por lo que decidió abandonar el local y trasladarse a una bodega que se localizaba en la misma zona. El comisionado reconoció que cuando ingresó al lugar ya lo esperaba “El Abuelo”, quien lo abordó para pedirle ayuda. “Cuando entro a la bodega se me acercó esta persona, que yo no sabía quién era ni sus antecedentes ni nada, simplemente me dijo que, en su momento, fue relacionado con temas de actividades ilícitas. Y que lo que pedía o lo que me dijo a mí que él pedía era que se le investigara, pero que la investigación se hiciera conforme a derecho y que no le pusieran testigos protegidos y demás”, relató el comisionado federal, quien dijo que escuchar el nombre y el caso de Farías no le provocó ninguna reacción, ya que desconocía por completo sus antecedentes criminales y que ni los mandos de la Policía Federal ni del Ejército lanzaron alguna alerta por la presencia del presunto capo.

“Y ahí en la reunión le dije: ‘bueno, deme su nombre, voy a pedir información de este caso’, porque yo no lo conocía”, indicó, recordando que en esa reunión había entre 20 y 25 personas, incluyendo líderes de las autodefensas y representantes de dos televisoras que fueron testigos de la conversación.

Este caso ocurrió hace una semana en Michoacán, entidad donde grupos civiles han tenido que armarse para repeler el acoso del cártel de Los Templarios, aunque durante décadas gobiernos de los tres niveles dejaron actuar impunemente a otros grupos criminales.

El otro incidente acaba de suceder en la ciudad de Puebla la madrugada de este martes 12, cuando tras un sorpresivo operativo de la Marina Armada de México en conjunto con la PGR fue detenido en el exclusivo fraccionamiento La Vista Country Club un colaborador cercano del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, identificado con el nombre de Adán Fernández Domínguez, (a) “El Pelacas”, mismo que tenía su centro de operaciones en el Estado de México, Distrito Federal y Puebla.

Pero lo que ha generado cierto morbo es que este líder de la célula conocida como La Oficina, implicado presuntamente en el secuestro del ex candidato presidencial del PAN Diego Fernández de Cevallos, plagiado en mayo de 2010 en su rancho La Cabaña, de Querétaro, es que arrendaba una residencia propiedad del ex diputado federal priista Alberto Amador Leal, ¡actual delegado de la SEGOB en Veracruz!

Y es que del “Pelacas” ya tenía conocimiento desde hace tres años la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, pues al detener en el 2011 a Oscar Osvaldo García Montoya, (a) “El Compayito”, este delincuente había confesado en su declaración ministerial que uno de los secuestradores del panista habían sido “El Pelacas” o “El Siete”, de nombre Adán Fernández, dedicado al narcotráfico, secuestro y extorsión.

La tarde de este miércoles 12, diez horas después del operativo en Puebla, al delegado de Gobernación en Veracruz no le quedó de otra que confirmar a través de su cuenta de twitter @amadorleal, que efectivamente el cateo de la SEMAR se había registrado en un domicilio de su propiedad, aunque aclaró: “el inmueble fue rentado desde noviembre pasado hasta abril próximo; estaremos atentos a colaborar con las autoridades saludos”.

El ex diputado priista tuvo que precisar también que la renta se hizo a través de una empresa privada, al parecer a una pareja, resaltando además que los datos que pueda aportar a las autoridades, los dará.

¡Es lo menos que se esperaba que hiciera! Luego de este par de casos bien vale preguntar: ¿en manos de quiénes está la seguridad de los mexicanos? ¿Y los servicios de inteligencia?