Al pie de la letra

Desde la llegada del mexiquense Alfredo Castillo Cervantes como comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral del Estado de Michoacán hace un par de semanas –un cargo plenipotenciario creado por decreto del presidente Enrique Peña Nieto que le ha permitido al ex titular de la PROFECO tomar las riendas de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia estatales, donde impuso a un par de incondicionales–, en la entidad purépecha comenzaron a salir a la luz una serie de situaciones aberrantes que explican en buena parte por qué los grupos civiles tuvieron que armarse para autodefenderse del asedio del cártel de los Caballeros Templarios.
Según trascendió, Castillo y sus muchachos descubrieron que no había expedientes ni averiguaciones porque las denuncias ciudadanas no eran ni mecanografiadas y, por supuesto, una aprehensión era inimaginable. Tanto así que la semana anterior le tocó al equipo del comisionado federal ejecutar una orden de detención librada por un juez ¡en 2009! Es decir, que pasaron tres años de la administración del perredista Leonel Godoy, el primer año del priista Fausto Vallejo, un interinato de seis meses a cargo del secretario de Gobierno Jesús Reyna y cuatro meses del regreso de Vallejo antes de que se concretara esa captura. Pero el colmo, dicen, es que en la oficina de un Subprocurador, a la vista de todos, estaba la figura ¡de un caballero templario! Sí, con su espada, su cruz al pecho y su capa blanca.
Este abandono, negligencia o presunta complicidad de las autoridades estatales fue lo que cultivó y agravó la situación de inseguridad que actualmente padece Michoacán, propiciando el surgimiento de grupos comunitarios de autodefensa que siguen multiplicándose –como el que recién apareció en el municipio de Yurécuaro, colindante con Jalisco– pese a la intervención y llamado del gobierno federal para institucionalizar a esas guardias civiles.
Sin embargo, hasta la fecha, no se han deslindado responsabilidades de los funcionarios del presente y pasado inmediato que encubrieron a la delincuencia.
Y Michoacán no es el único caso. En Veracruz, el sexenio pasado, el cártel de Los Zetas también sentó sus reales en la entidad, cooptando o amedrentando a funcionarios de alto nivel encargados de la seguridad pública y de la procuración de justicia en el estado. Sus excesos llegaron al grado de usar hasta los reclusorios como centros de operación, entrando y saliendo como si estuvieran en su propia casa. ¿Qué fuerza federal los iba a buscar ahí?
Por eso, políticos de oficio como Zeferino Tejeda Uscanga –ex funcionario del IFE, ex director de la Comisión Estatal Electoral y ex secretario de Acción Electoral del CDE del PRI– renunció unas semanas después de haber sido designado director de Prevención y Readaptación Social del estado, luego de que la madrugada del 16 de mayo de 2008 un comando armado ingresó al penal de Duport Ostión, en Coatzacoalcos, para rescatar violentamente a 5 sicarios tamaulipecos que habían sido recluidos el 10 de marzo de 2007.
Entrevistado en su momento sobre la sorpresiva dimisión de Tejeda Uscanga, el entonces gobernador Fidel Herrera Beltrán argumentó que la salida del político nativo de Tlalixcoyan obedecía a un proyecto político personal. “El es un intelectual y tiene un proyecto político electoral que hace incompatible su permanencia en el sistema. Y como yo les dije el día que fui al Congreso, esta es un área sumamente especializada que requiere de una gran coordinación con el nuevo Secretario de Seguridad Pública, con el Procurador”, intentó explicar Herrera, quien anunció que por ello dicho cargo sería ocupado por Samuel Juárez López, quien venía desempeñándose como director de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Pero en diciembre de 2010, Herrera Beltrán dejó un estado con iguales o peores índices delictivos que Michoacán, los cuales –en los de robo con violencia, homicidio doloso y extorsión, según estadísticas del Secretariado Nacional de Seguridad Pública, dependiente de la Secretaría de Gobernación– su sucesor Javier Duarte de Ochoa logró abatir considerablemente hasta 2013, siendo sólo el de secuestro el único delito en el que Veracruz, con una tasa de 0.34%, sigue ubicándose ligeramente arriba de la media nacional (0.32%) entre los primeros diez estados.
Por eso la mayoría de los aspirantes del PRI a la gubernatura, incluidos los que colaboraron muy cerca de él en su administración y que ahora sirven al gobernador Javier Duarte, se han ido deslindando de su paternidad política. No así el senador Héctor Yunes Landa, su ex secretario particular y ex subsecretario de Gobierno, quien presuntamente ya habría pactado con Herrera Beltrán. Y es que entre ambos parece mediar un empresario constructor que se hizo multimillonario en el fidelato: Fernando Padilla, de COCEI, primo de Roberto Padilla Domínguez, actual Secretario Técnico del gabinete presidencial de Peña Nieto, de quien fue coordinador de Agenda y Audiencias en la gubernatura del Estado de México.
Habrá que ver si en 2016 el presidente Peña, quien lucha denodadamente por corregir la distorsionada imagen colombianizada de México en el extranjero, permite que su partido postule al gobierno de Veracruz a un candidato copado por grupos y personajes ligados en el pasado reciente con la delincuencia organizada.
En ese sentido habría que entender también el posible veto del gobernador Duarte de Ochoa a quien por compromisos de naturaleza política-electoral representaría un serio riesgo de “michoacanizar” a Veracruz después de la cruenta batalla que en estos tres años el sucesor de Fidel Herrera ha tenido que dar al grupo criminal empoderado el sexenio anterior.
¿Acaso habrá que organizar un grupo de autodefensa contra Herrera Beltrán y su candidato dentro de dos años?
De los aspirantes a la gubernatura, el secretario de Desarrollo Social, Alberto Silva Ramos, desde su primer informe como alcalde de Tuxpan, en diciembre de 2011, definió muy claramente el “duartismo” para diferenciarlo del “fidelismo”; en su reciente comparecencia ante el Congreso local, en diciembre de 2013, el secretario de Gobierno, Erick Lagos Hernández, remarcó que “el mejor gobernador que ha tenido Veracruz en su historia se llama Javier Duarte”, excluyendo obviamente a su ex mentor; y el senador José Francisco Yunes Zorrilla, según trascendió, habría rechazado la “asesoría” política que presuntamente le ofreció el ex mandatario.
¿Héctor Yunes pintará también su raya o de plano continuará hasta emulando a Fidel, siguiendo al pie de la letra el librito de precampaña que en la sucesión gubernamental de 2004 le diera tan buenos resultados al entonces senador cuenqueño, quien resultó un verdadero desastre en materia financiera y de seguridad para Veracruz?