Al pie de la letra

* AYOTZINAPA: EL TRASFONDO

Este lunes 27, el coordinador de los legisladores del PRD en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya, puso el dedo en la llaga al afirmar que en el reparto de responsabilidades por la desaparición de 43 normalistas a manos de policías municipales y ordenadas por el alcalde prófugo de Iguala, José Luis Abarca, todos tienen su parte: la 27 Zona Militar del Ejército debe decir qué sabía sobre los vínculos del edil perredista con el crimen organizado y la policía municipal con los sicarios del cártel de Guerreros Unidos.

“¿Nunca ubicaron lo que estaba pasando en Guerrero, la vinculación del alcalde y la policía con el crimen organizado? ¿Por qué no atendieron los llamados de alerta de los jóvenes el día de los hechos? Se supone que allí está ubicada parte de la inteligencia del Ejército. ¿Por qué no actuaron a su debido tiempo?”, inquirió el coordinador legislativo del partido del sol azteca, quien además hizo otro planteamiento sobre la masacre estudiantil que hasta ahora se ha soslayado: que el ex gobernador priista Rubén Figueroa Alcocer aclare también sus vínculos con los estudiantes de Ayotzinapa, para descartar que éstos pudieran haber sido incitados por el ex mandatario guerrerense, quien en marzo de 1996, en el tercer año de su administración, fue obligado a separarse de la gubernatura al ser implicado por numerosas organizaciones sociales como responsable del operativo policiaco que derivó en el multihomicidio de Aguas Blancas, en junio de 1995.

Figueroa Alcocer, hijo del ex gobernador y cacique de Guerrero, Rubén Figueroa Figueroa, fue sustituido en aquella ocasión por Ángel Aguirre Rivero, quien ahora acaba de ser destituido por la muerte de seis estudiantes y la desaparición de otros 43 normalistas de Ayotzinapa.

Lo señalado por el diputado Alonso Raya no debería ser desestimado por las autoridades ministeriales que investigan este caso. Y es que, por ejemplo, hace un par de semanas, varios días antes de que la PGR concluyera que los alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”fueron agredidos y secuestrados por órdenes del alcalde de Iguala y su esposa, el periodista Sergio Sarmiento, en su columna Jaque Mate, hacía las siguientes conjeturas:

“No es común que los normalistas de Ayotzinapa se trasladen a Iguala. Por eso los igualtecos se extrañaron de verlos la noche del 26 de septiembre. Los chilpancinguenses están habituados a los ayotzinapos –así los llaman– porque llegan con frecuencia a realizar manifestaciones y plantones, secuestran autobuses y pintarrajean casas particulares y edificios públicos. Chilpancingo, sin embargo, está relativamente cerca de Ayotzinapa, a 156 kilómetros, quizá dos horas en auto.

“La distancia a Iguala, en cambio, es de 258 kilómetros y el traslado se alarga a cuando menos 3 horas con 20 minutos. Además, para ir a Iguala desde Ayotzinapa hay que pasar por Chilpancingo y el botín siempre es mayor en la capital, tanto porque ahí están los funcionarios que hay que presionar para obtener dinero gubernamental, como por la Autopista del Sol que los normalistas bloquean constantemente.

“Tampoco es común que los normalistas realicen movilizaciones de noche. Usualmente hacen su trabajo –marchas, pintas, plantones, boteo– durante el día y por la tarde regresan a Ayotzinapa. Ese 26 de septiembre, sin embargo, un numeroso contingente llegó a Iguala en la tarde-noche. Eran estudiantes de primer año. A ellos se les encarga con frecuencia el boteo y otras tareas difíciles. Los chicos, todos muy jóvenes, iban calzados con huaraches ya que el ‘Comité’ les ordena usar huaraches y no tenis porque el aspecto de pobres aumenta las donaciones.

“Ese viernes en la noche el gran evento en Iguala era un festival del DIF municipal organizado por María de los Ángeles Pineda, esposa del alcalde perredista José Luis Abarca. Nadie ha aclarado qué iban a hacer los normalistas a Iguala. Algunos guerrerenses piensan que tenían órdenes de reventar la fiesta de la primera dama, quien además aspiraba a suceder a su marido. Al día siguiente estaba programado el segundo informe de gobierno de Abarca. Cualquiera que haya sido el objetivo, los normalistas secuestraron tres autobuses en Iguala y cuando iban en ellos, a eso de las nueve de la noche, fueron interceptados por patrullas municipales. Ahí empezó la tragedia…”

El presidente Enrique Peña Nieto ha reiterado ante distintas audiencias que se investigará a fondo esta tragedia, tope donde tope, y que se aplicará todo el peso de la ley a los responsables, tanto a los autores materiales como a los intelectuales, por la muerte de 6 y la desaparición de 43 normalistas.

Vamos a ver si es cierto que el brazo de la justicia logra alcanzar también a aquellos que quién sabe con qué perversos propósitos expusieron la vida de este medio centenar de humildes estudiantes.

¿Quién o quiénes –y por qué– los mandaron literalmente al “matadero”, si en esa región guerrerense todo mundo sabía desde cinco años atrás, por lo menos, de los nexos tan estrechos de la familia de la esposa del alcalde de Iguala con el cártel de los Beltrán Leyva, del cual se desprendió recientemente el grupo criminal de los Guerreros Unidos?