* OMISIONES

Hace un mes, el sábado 6 de septiembre, entrevistado en el puerto de Coatzacoalcos acerca de los recientes secuestros y homicidios que conmocionaron a esa región de Veracruz, el senador priista Héctor Yunes Landa declaró que “enfrentar al crimen es un tema que requiere integralidad y de una decisión de todos de decir ‘!Ya basta! Ya estamos hasta la madre de esto”.

Horas después, a través de un boletín oficial difundido ese mismo sábado por sus operadores de prensa, Yunes Landa intentó matizar lo que había declarado en el antiguo Puerto México, pero lo cierto es que el aspirante a la gubernatura sólo transmitió el verdadero sentir de muchos mexicanos y particularmente de sus representados ante el Congreso de la Unión.

En un comunicado oficial, el ex subsecretario de Gobierno y ex dirigente estatal del PRI tuvo que reconocer que ese día, en el marco de una gira de trabajo por la ciudad de Coatzacoalcos, había hecho efectivamente dicha declaración “en un lenguaje coloquial y veracruzano, ciudadano”, pero que también resaltó, entre otros aspectos, que la inseguridad que sufrimos es una consecuencia, “el efecto de doce años de desatención y de errores en la política federal”, en evidente alusión a las dos administraciones presidenciales del PAN.

En cambio, expuso que “el gobierno de Enrique Peña Nieto está cumpliendo sus compromisos en esta materia: la creación de la Gendarmería es prueba de ello”. Refrendó su postura “de que México está avanzando en el camino adecuado”, puntualizando que “sólo cuando entendamos que la violencia posee dimensiones sociales, económicas y legales, podremos abatir la inseguridad.” Y expuso: “Es indudable que los gobiernos priistas están realizando una tarea a fondo y comprometida. Hemos realizado reformas para generar empleo. Hemos fortalecido la educación. Hemos reestructurado los programas sociales para vincularlos a la actividad productiva. Hemos aprobado la integración de las estructuras vinculadas a la seguridad en mandos centralizados y conectados. Aprobamos la autonomía del Ministerio Público. El fortalecimiento de los juicios orales. Y, como mencioné, de la creación de la Gendarmería. Hay una formación más profesional de los cuerpos de seguridad y prevención en los estados, incluidos los de Veracruz.”

Después afirmó que “los datos más recientes hablan de una disminución de los índices delictivos, particularmente los homicidios”, y que “estas estadísticas han sido reconocidas por organismos internacionales”, pero a la vez reconoció que “no obstante, a pesar de que vamos en el camino correcto, persiste la angustia de nuestras familias y la inseguridad en diversas zonas del país.”

Ni siquiera había pasado un mes de esta declaración del senador Yunes Landa cuando en Iguala, Guerrero, fueron desaparecidos 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa –seis de los cuales fueron masacrados, cuyos cadáveres fueron hallados en fosas clandestinas–, sumándose, además, el escándalo por la ejecución de 22 personas por elementos del Ejército en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, cuyas muertes ocurridas el 30 de junio pasado se había atribuido originalmente, de manera oficial, a un enfrentamiento entre la milicia y una banda de secuestradores.

Todavía a finales de septiembre, tres meses después del suceso, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sostuvo su escepticismo a pesar de la abrumadora evidencia. El hidalguense dijo que de comprobarse los hechos sería sólo una acción aislada del Ejército. Posteriormente la PGR sólo halló culpables a tres militares. ¿Y los demás, incluyendo el mando superior, sólo miraron sin hacer nada? ¿Por qué nadie dijo nada antes de que una testigo diera su versión a defensores de los derechos humanos y se conociera la verdad a través de los medios de comunicación?

Sobre este caso llama la atención que ni el senador Yunes Landa, del PRI, ni su compañero de escaño Fernando Yunes Márquez, del PAN –quien preside en la Cámara alta del Congreso de la Unión la Comisión de Defensa Nacional, es secretario de la de Seguridad Pública e integrante de la de Gobernación, además de que en su trayectoria pública presume haber sido a los 25 años de edad subdirector de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la PGR y, posteriormente, entre 2008 y 2009, asesor del Procurador General de la República–, hayan hecho un pronunciamiento fuerte o, inclusive, propusieran citar ante el Senado a los secretarios de Estado y demás funcionarios federales implicados directamente en el esclarecimiento de estos aberrantes hechos que inicialmente se pretendieron encubrir.

En cambio, respecto a los acontecimientos de Iguala, Guerrero, el legislador priista acaba de escribir un artículo en el que dice sumarse “a las millones de voces que expresan su indignación, consternación y pena por el acto de barbarie contra estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa”, y expone que “la sociedad mexicana no soporta un solo acto más de intolerancia que ponga en riesgo la vida de nuestras familias”.

Los tiempos del ‘México Bárbaro’ del que habló John Kenneth Turner, deben quedar atrás. No estamos dispuestos a soportar el uso de la violencia desmedida, ni las desapariciones forzadas”, apunta Yunes Landa.

¿Y las ejecuciones militares de Tlatlaya, en el Edomex?