Al pie de la letra

* DUARTE: CONTROL POLÍTICO

Aunque en Veracruz ya andan circulando desde hace rato listas de probables candidatos priistas a la diputación federal –nominaciones que se definirán seguramente hasta principios de marzo de 2015–, lo cierto es que en esas supuestas ternas no han sido incluidos aún algunos aspirantes veracruzanos cobijados por la Federación y que, según ha trascendido, podrían sorprender con su postulación a la militancia local del partido tricolor.

Uno de estos casos podría ser el del reconocido cirujano plástico, doctor Román Garzón Loyo, descendiente del ex alcalde porteño Román Garzón Arcos (Q.E.P.D.), el cual es muy allegado a la familia del presidente Enrique Peña Nieto.

Es tal la cercanía de este médico jarocho con la familia del jefe del Ejecutivo federal que uno de sus hijos, el “Chino” Garzón, fue de los pocos invitados a la residencia presidencial para disfrutar el juego de futbol entre los seleccionados de México y Brasil junto con el Presidente de la República, su esposa Angélica Rivera de Peña y de sus hijas Nicole y Paulina Peña, y Sofía y Fernanda Castro Rivera.

Otro aspirante más que tampoco ha sido considerado en las listas de precandidatos que andan circulando es Salvador Mikel Rivera, ex secretario de Gobierno, ex procurador general de Justicia del estado, notario público y actual director jurídico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), quien ya fue diputado federal por el puerto de Veracruz (1994-1997).

Bueno, entre las sorpresas que podrían darse hay quienes se atreven a encartar hasta al ex dirigente de la CNOP estatal, Silvio Lagos Galindo, actual director del Programa de Rescate de Espacios Públicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). Lagos ya fue diputado federal por el octavo distrito, Xalapa-Rural.

Habrá quienes cuestionen el arraigo y los niveles de conocimiento y aceptación popular de estos aspirantes comparándolos con otros prospectos mejor posicionados actualmente en las preferencias ciudadanas, pero si de las altas esferas del poder central deciden postularlos ya corresponderá al gobernador Javier Duarte y a sus operadores del priismo estatal hacer todo lo que sea necesario para sacarlos victoriosos de la elección.

Y es que ahora, con el retorno del PRI a Los Pinos, estaría por revalidarse aquella vieja regla no escrita que prevaleció durante las siete décadas de hegemonía priista: los candidatos a gubernaturas y al Congreso de la Unión los pone el Presidente de la República, y los alcaldes y diputados locales le corresponden a los mandatarios estatales.

En el caso de Veracruz es posible que esta costumbre priista de antaño pudiera hacerse efectiva otra vez, ya que de acuerdo al documento “Informe Prospectivo 2014-2015” sobre la situación política rumbo a los comicios del año próximo y que incluye un perfil de los actuales gobernadores de los 31 estados y del jefe de gobierno del Distrito Federal –el cual fue publicado por el diario Reforma en su edición de ayer–, al mandatario veracruzano Javier Duarte se le considera “con calificación baja en la percepción, pero con control político del estado”.

De hecho, equiparado con la mayoría de los gobernantes del tricolor y hasta de la oposición, Duarte de Ochoa es de los mejor evaluados entre los operadores priistas, junto con el de Coahuila, Rubén Moreira, al cual le reconocen como su principal apoyo que los “programas de gobierno (están) completamente vinculados con el partido”.

Y es que, por ejemplo, a Eruviel Ávila, del Estado de México, le imputan “un desgaste mayor al esperado, se percibe un alejamiento respecto a su antecesor (Peña Nieto) y al gobierno federal, por diferencias con algunos funcionarios”; a Rodrigo Medina, de Nuevo León, le achacan que “su padre influye en forma importante y poco sana en las decisiones de gobierno y de política”; en Jalisco, donde gobierna Aristóteles Sandoval, ven “muy sólido el PAN, y a Movimiento Ciudadano, cuyo líder, Enrique Alfaro, está bien posicionado”; el gobernador de San Luis Potosí, Fernando Toranzo, sale “muy mal evaluado en la capital” y lo ven “distanciado con la clase política y empresarial”, sin “vinculación de gestión partido-gobierno”; en Aguascalientes, Carlos Lozano resulta “mal evaluado” producto de sus “diferencias con el sector empresarial” y la “injerencia riesgosa de su hijo en decisiones del gobierno”; en Tamaulipas, Egidio Torre Cantú también es mal valorado por ser “excluyente con la clase política y empresarial” y sin “vinculación partido-gobierno”; y Mariano González Zarur, de Tlaxcala, es cuestionado por la “operación nula a favor del PRI” y porque su “hijo tiene una actividad de riesgo para el gobierno y el partido”.

De confirmarse en el proceso electoral federal de 2015 el aterrizaje de estos y otros candidatos desarraigados de la entidad pero arropados por la Federación, en Veracruz muchos de la élite priista y de la clase gobernante local tendrán que seguir el sabio consejo del ex gobernador y ex Presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortines, quien decía que en política muchas veces “hay que aprender a tragar sapos sin hacer gestos”.

Ni modo, ese es el costo de haber recuperado el poder presidencial.

DISTINCIÓN A H. YUNES

Primero durante su segunda campaña a diputado local, en 2007, y posteriormente como candidato al Senado de la República, en 2012, Héctor Yunes Landa ha seguido de cerca el movimiento de los pobladores de la región circunvecina a la central nucleoeléctrica de Laguna Verde que están en contra de las altas tarifas domésticas que viene cobrando la Comisión Federal de Electricidad, el cual es abanderado por su ex contrincante político Francisco Morales Fernández, “El Potro”, un ex panista que inclusive el sexenio anterior fue a parar a la cárcel por liderar el movimiento “La Leyenda de Chucho el Roto”, cuyos miles de seguidores se negaban a pagar los exorbitantes recibos a la CFE.

Por eso a nadie debió extrañar que este sábado 19, Yunes Landa recibiera la distinción de fijar el posicionamiento del grupo Legislativo del PRI a favor del dictamen por el que se expiden las leyes de la Industria Eléctrica y de Energía Geotérmica, ya que aseguró que con ello se bajarán las altas tarifas de electricidad que suponen una carga extraordinaria para las familias mexicanas y restan competitividad a la economía nacional.

Y es que según señaló el senador veracruzano, uno de los principales problemas del sector es la falta de competitividad, pues tan sólo el año pasado la CFE requirió más de 85 mil millones de pesos en subsidios, lo que equivale a más de 700 pesos por cada habitante. Asimismo, expuso que los proyectos de mayor escala para la generación eléctrica dependen de una sola entidad paraestatal y están limitados por restricciones presupuestales.