Al pie de la letra

* PENSIONES

Desde hace dos décadas, por lo menos, el Instituto de Pensiones del Estado ya venía arrastrando un serio desequilibrio en sus finanzas, sin embargo llegar a dirigir el IPE todavía representaba hasta el sexenio pasado una apetitosa aspiración para políticos y tecnócratas cercanos al poder.

Y es que hasta finales de la administración del gobernador Fidel Herrera Beltrán, cuando la abultada deuda pública del estado aún no se tornaba inmanejable, el gobierno estatal aún podía cumplir sin contratiempos con las aportaciones y subsidios a los que por ley está obligado.

Empero ahora, los dos últimos directores del IPE en este sexenio, primero Gonzalo Morgado Huesca y actualmente Armando Adriano Fabre, mes con mes han tenido que hacer uso de sus mejores oficios políticos y habilidades financieras para evitar que se retrase el pago de las pensiones a los más de 25 mil jubilados así como el de la nómina de los trabajadores al servicio de este Instituto.

Independientemente de los abusos y excesos que se cometieron en el pasado reciente y que han terminado por impactar la salud de sus finanzas –como los presuntos desvíos de recursos para financiar campañas electorales de candidatos priistas, así como las megapensiones que devengan ex funcionarios que tramitaron su jubilación cuando desempeñaban altos cargos públicos, como la ex directora de Enseñanza Media, Rosario Piña Sánchez, madre de Rosario Quirasco Piña, dirigente estatal del partido Movimiento Ciudadano, quien ha descalificado la reforma a la ley del IPE–, la crisis del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz es muy similar al de los institutos de seguridad social del gobierno federal y a los de otras entidades federativas.

En general, las pensiones de los mexicanos representan un enorme pasivo contingente del Estado que no se ha reconocido formalmente. En fechas recientes aparecieron algunos libros muy relevantes sobre el tema: “Pensiones ¿Y con qué?”, de Francisco M. Aguirre (Fineo Editores, 2012), y “Pensiones en México. La próxima crisis”, de Pedro Vásquez Colmenares (Siglo XXI Editores, 2012), entre otros. El Centro de Estudios Espinosa Yglesias, por su parte, editó uno titulado “El México del 2013. Propuesta para una pensión universal” (CEEY, 2013).

Quienes se han ocupado de este tema advierten los problemas de financiamiento que enfrentan los programas de pensiones. Los autores demuestran que existe un pasivo contingente enorme: al menos 111 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), más la pensión universal recién aprobada, que agrega otro 19% del producto.

Si se pone la cifra en perspectiva, la deuda pública de México es de poco más del 40% del PIB. No hay una reserva suficiente para cubrir este pasivo tres veces mayor que el de la deuda pública.

En proporción, es el mismo caso que enfrenta el sistema de pensiones del estado de Veracruz.

Hace un par de años, en agosto de 2012, el director general del Instituto de Servicios y Seguridad Social de los Trabajadores del Estado Nuevo León (Isssteleón), Jesús Arias, auguraba “tiempos difíciles, tiempos complicados” para este organismo debido al atraso en el pago de cuotas y aportaciones por parte de algunas dependencias, la necesidad de una mayor productividad en su cartera de inversiones y la falta de apoyos federales, pues refería que el Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones (FARP) que el gobierno federal había creado un par de años antes para destinarlo al fortalecimiento de los sistemas pensionarios de los institutos de seguridad social de las entidades, hasta ese momento no había dado ni un peso a ningún instituto.

“Es un problema nacional, se acaba de publicar un libro que se llama ‘Pensiones en México. La próxima crisis’. Y yo platicaba con el autor del libro y le decía que no es la crisis que viene, es la crisis que ya llegó”, ironizó.

“Las pensiones no están en riesgo”, afirmó el funcionario neoleonés, pero adujo que “no es lo mismo que usted, trabajador de Isssteleón, cuando se jubile reciba una pensión que le permita subsistir decorosamente, a que reciba una pensión que no le resuelve su vida diaria. Si va a recibir una pensión del 25 por ciento, por decir un dato hipotético, de lo que usted ganaba, no le va a resolver”, explicó.

En Veracruz, el gobernador Javier Duarte ha decidido tomar al toro por los cuernos, y sin reparar en el costo político que ello le pudiera ocasionar, ha turnado al Congreso local una iniciativa de Ley de Pensiones del Estado en la que propone una serie de reformas para fortalecer al IPE, ya que su situación actual se ha tornado más dramática de lo que estaba en el año 2010, según reconoce el mandatario estatal en su exposición de motivos.

Y es que, a la fecha, el número de pensionados y jubilados ha llegado a 25 mil 845, pero se estima que en los próximos cinco años esta población del IPE ¡se duplique!.

La gravedad del asunto es que cada pensionado, en promedio, es sostenido actualmente sólo por las cuotas de 1.5 trabajadores en activo, cuando debería ser por 11 como mínimo.