Al pie de la letra

* Duarte, ¿Designará sucesor?

Aunque inicialmente al senador priista Héctor Yunes Landa no le pareció mal la propuesta hecha por legisladores locales del PAN, de homologar la elección de gobernador con la presidencial en el 2018 –tanto que públicamente se atrevió a declarar que José Francisco Yunes Zorrilla, su compañero de escaño y de partido que también aspira a la gubernatura, “sería un buen gobernador de dos años”–, de pronto, unas cuantas horas después, el ex subsecretario de Gobierno cambió totalmente de parecer, adoptando la misma postura de Yunes Zorrilla y de su primo hermano, el aspirante panista Miguel Ángel Yunes Linares, quienes se han manifestado abiertamente en contra de modificar la Constitución Política del estado para establecer un gobierno de transición bianual en 2016.

Este domingo 15, la oficina de prensa de Yunes Landa difundió un comunicado en el que expresa que “una Constitución Política debe reformarse poco, porque sus efectos son muchos. Por lo mismo, formular un cambio constitucional implica una gran responsabilidad: hacer un balance ponderado de los efectos en la vida de las personas”. Y es que exponía que la propuesta de reforma planteada por la fracción legislativa del PAN, supuestamente para reducir costos en la organización de elecciones, sólo terminaría por modificar el rostro político y electoral de Veracruz, ya que implicaría elegir en el 2016 un gobernador de dos años y presidentes municipales de uno –que, advierte, por el corto tiempo de su función los ediles serían “una mera figura decorativa”–, para así empatar las elecciones locales con las federales en el 2018, pero que “los efectos que generaría la aprobación de esta propuesta sobre la vida de los veracruzanos serían muchos y algunos muy adversos” y “sus beneficios, de haberlos, serían muy limitados”.

Concluye, por ejemplo, que esta propuesta “no generaría ahorros significativos en el corto plazo y sí traería graves consecuencias económicas para la entidad”, ya que “bajo el esquema propuesto por el PAN habría cinco elecciones entre el año 2016 y el 2022, las mismas que se celebrarán bajo el marco legal actual”.

“No hay, así, beneficios tangibles. Sí hay, en cambio, riesgos de importancia”, advierte Yunes Landa, quien insiste en que organizar una elección para elegir a un mandatario por un bienio y diputados locales por un periodo similar sólo incrementa los costos relativos de los comicios. “Gastamos lo mismo, pero con peores resultados”, resume, pues afirma que “un gobernador de dos años no posee la fuerza ni los instrumentos para gobernar eficientemente. El proceso de entrega recepción, la obligación de articular un plan de desarrollo consensuado, y las restricciones diversas ante los procesos electorales, convierten a un gobernador de dos años en uno de bajo rendimiento. Se busca una figura transitoria, cuando Veracruz requiere gobiernos profesionales, transparentes y eficientes”.

Además, establece que “estos vacíos terminarían por dislocar la frágil economía veracruzana”, ya que “sin políticas públicas de largo aliento, con autoridades disminuidas, el efecto económico de esta reforma podría ser muy serio para la entidad. Todos los proyectos de inversión pública, las asociaciones público privadas, estarían sujetas al corto plazo. No todo lo económico lo resuelve el gobierno, pero no hay economía que funcione sin gobierno”, apuntó.

Pero también alertaba sobre el complicadísimo escenario electoral que podría presentársele aquí al PRI en la próxima sucesión presidencial. “En 2018 –dice–, los veracruzanos tendrían que elegir 7 cargos diferentes. Presidente de la República, senadores, diputados federales, gobernador, diputados locales y alcaldes. El bombardeo publicitario sobre los ciudadanos sería indiscriminado y con tantos cargos en disputa, las propuestas serían de difícil comprensión para muchos electores (…) Empatar todas las elecciones locales con las federales genera un efecto secundario electoral muy relevante. Muchos ciudadanos definirían sus votos con base en el cargo más alto, en este caso, el de Presidencia de la República. Esto puede traer repercusiones serias en la conformación política de la entidad. Ya hemos visto cómo la presencia de candidatos presidenciales fuertes elevan la votación en favor de fuerzas políticas que solas no poseen la misma competitividad…”

“No podemos someter a Veracruz a la camisa de fuerza del cortoplacismo. El corto plazo conduce a administrar la coyuntura, a fijar la mirada en lo inmediato. La propuesta del PAN no generará ahorro, ni certidumbre, ni abona a una democracia de calidad”, concluye Yunes Landa, quien aduce que “una Constitución Política no puede someterse al cálculo político” y que “la ley no puede adaptarse a consideraciones personales”, ya que “el bienestar de muchos no puede sujetarse al interés de pocos”.

Sin embargo la decisión está en el Congreso local, donde a los diputados del PAN se ha sumado ya Cuauhtémoc Pola, del partido Movimiento Ciudadano, cuyo líder nacional es Dante Delgado, muy amigo del senador Héctor Yunes. Pero ahora la dirigencia del PRD ha propuesto otra salida salomónica a este embrollo: que en vez de convocarse a elecciones el Congreso local designe directamente el 1 de diciembre de 2016 al gobernador interino para que entonces en 2018 los veracruzanos voten por un mandatario de seis años. De prosperar la propuesta perredista, el gobernador Javier Duarte seguramente llevaría mano en la designación de su sucesor.

PRECISIÓN DE FLAVINO

Por la alusión hecha en este espacio el pasado lunes 16 en el texto titulado “Justicia a la veracruzana”, respecto al juicio civil iniciado por el doctor Salvador Valencia Carmona en su carácter de socio y presidente de la Asociación Civil Universidad de Sotavento para obligar a su socio Juan Manuel Rodríguez García que rindiera cuentas como rector sobre la administración de esta institución privada de educación superior, el notario público número 9 de Minatitlán, Flavino Ríos Alvarado, nos solicitó precisar que como fedatario público no le correspondía declarar la validez de las asambleas generales impugnadas por el ex diputado federal y ex rector de la UV sino que su función sólo se limitó a protocolizar las actas presentadas en su despacho por la persona que se identificó plenamente como el representante legal de dicho centro de estudios, según consta en los libros de dicha Notaría, los cuales fueron puestos a disposición de los peritos del Juzgado que lleva este caso.