Al pie de la letra

* LOS TRES MOSQUETEROS

De todo el gabinete duartista, dos secretarios de despacho han venido sobresaliendo por su abierta lucha contra anteriores actos de corrupción que han impactado seriamente la estabilidad financiera de la presente administración estatal: uno es el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, Gerardo Buganza Salmerón, y el otro es el de la Secretaría de Salud, Juan Antonio Nemi Dib, los cuales han emprendido sendos juicios civiles y penales contra concesionarios abusivos y contratistas incumplidos que han atentado contra el patrimonio de los veracruzanos.

Cumplir responsablemente con este deber legal no ha sido fácil para este par de funcionarios estatales oriundos de la misma ciudad de Córdoba pero de diferente origen partidista. Sin embargo, a ambos parece unirles la misma lealtad y compromiso con el gobernador Javier Duarte de Ochoa, que fue quien los designó con la plena confianza de que entregarían buenos resultados a su administración y al pueblo que le cedió el mandato.

Por eso Buganza y Nemi, que vienen siendo blancos de campañas mediáticas de difamación, parecen estar decididos a resistir éstas y otros tipos de presión, pues el propio jefe del Ejecutivo estatal ha mandado señales inequívocas de que no está dispuesto a encubrir corruptelas. La más contundente fue el cese fulminante, a mediados de marzo pasado, de dos ex colaboradores muy cercanos: el ex subsecretario de Finanzas y Administración, Gabriel Deantes Ramos, y el ex Oficial Mayor de la SEV, Edgar Spinoso Carrera.

En esta lógica francamente se vería remoto que los detractores y malquerientes de Buganza y Nemi pudieran salirse con la suya de verlos fuera de las posiciones estratégicas que actualmente ocupan en el gabinete duartista.

Sin embargo, a nadie resulta desconocido que ambos han pisado fuertes intereses económicos de grupos y personajes de poder que tuvieron o aparentemente tienen gran influencia política en Veracruz.

Buganza, por ejemplo, aparte de las denuncias penales que por presunto fraude ha interpuesto en la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la General de la República en contra de contratistas que recibieron anticipos de recursos estatales y federales pero que incumplieron con la construcción de caminos y puentes que datan desde 2010, da seguimiento actualmente al caso del túnel sumergido de Coatzacoalcos, un megaproyecto aprobado desde agosto de 2003 en las oficinas de Pedro Cerisola, a la sazón titular de la SCT, donde se reunieron el entonces director de Banobras, Felipe Calderón Hinojosa; el gobernador de Veracruz en esa época, Miguel Alemán Velazco, y el alcalde de Coatzacoalcos, Marcelo Montiel –actual delegado federal de la Sedesol–, para firmar el primer convenio para la construcción de esta magna obra de ingeniería hidráulica, única en toda Latinoamérica.

Hace once años, el costo inicial del túnel sumergido era de mil 220 millones de pesos; trece meses después ascendió a dos mil millones de pesos, y en agosto de 2010, a finales del sexenio del gobernador Fidel Herrera Beltrán, la cifra se disparó a más de 4 mil millones. El proyecto está a cargo de la empresa española Global Vía Infraestructuras (GVI), que preside Juan Begar Ochoa.

Por su parte, Nemi, no sólo se ha ganado antipatías entre el personal médico por poner orden en los hospitales sino que además, en su afán por generar importantes ahorros en la compra de material de curación y medicamentos, también ha sumado la malquerencia de poderosos proveedores que ya no están haciendo los grandes negocios de antaño.

A mediados de febrero de este año, la secretaria de Salud del gobierno federal, Mercedes Juan López, quien encabezó en Xalapa la instalación del Consejo Consultivo sobre Salud Ambiental en Veracruz –el cual está encargado de evaluar los efectos a la salud por cambios ambientales, así como por actividades petroleras, uso de plaguicidas en agricultura y de la planta nuclear de Laguna Verde–, hizo un reconocimiento público al gobernador Javier Duarte por haber sido su entidad federativa la primera que se adhirió a la compra consolidada de medicamentos, que no solo implicó la adquisición de mil 800 claves y permitió un ahorro por 600 millones de pesos para el gobierno de este estado, sino que además garantiza el abasto y distribución de medicamentos a las unidades médicas del territorio veracruzano.

Sin embargo, el pleito legal más fuerte que enfrente Toño Nemi es contra la empresaFinamed, SA de CV, a la cual se le otorgó el sexenio pasado la concesión para dar servicios de saludcomplementarios en la entidad por 12 años. El monto original era por 6 mil 400 millones de pesos, pero según el ex diputado local de Convergencia, Sergio Vaca Betancourt, en contubernio con funcionarios de alto nivel de la pasada administración, los concesionarios “se burlaron” del Congreso local al firmar “en lo oscurito” otro contrato millonario diferente al aprobado en septiembre de 2008 por la LXI Legislatura del estado de la que el abogado ex panista formó parte.

¿Aguantará el gobernador Duarte las presiones que genera el combate a la corrupción? Buganza y Nemi, sus dos mosqueteros, apuestan que sí.