Al pie de la letra

Una vez aprobada la reforma energética por el Congreso de la Unión y validada constitucionalmente por más de la mitad de los 31 Congresos estatales con el apoyo de los legisladores federales y locales del PAN, la administración priista del presidente Enrique Peña Nieto ha comenzado a poner las cosas en su lugar ya sin temor de provocar a sus aliados del partido blanquiazul.

Así, por ejemplo, en materia de seguridad pública el régimen peñista parece estar decidido a no seguir encubriendo los descomunales índices de delitos de alto impacto del fuero común que heredó del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, el último Presidente de la República emanado del Partido Acción Nacional.

Y es que de acuerdo con un reciente diagnóstico dado a conocer por la Secretaría de Gobernación, las denuncias por homicidio doloso crecieron 74 por ciento entre 2006 y 2012, al pasar de 11 mil 806 a 20 mil 548 en esos seis años.
En cuanto a la incidencia de secuestro, este delito creció 73 por ciento ya que mientras al inicio de su periodo de gobierno hubo 733 averiguaciones previas, el último año registró mil 268.
Respecto a las denuncias por extorsión las cifras aumentaron 91 por ciento, incrementándose de 3 mil 157 a 6 mil 45 en el mismo periodo, según datos de la SEGOB.
Pero los ilícitos de alto impacto no son el único rubro que reflejó un crecimiento. Si se toma en cuenta el total de delitos del fuero común, la cifra de 2012 fue 15.7 por ciento superior al registrado en 2006, al pasar de un millón 471 mil 101, a un millón 702 mil 150.
Sin embargo, en este 2013 que está por terminar, los índices criminales no han sido nada halagüeños. Y es que aunque se prevé una reducción en la cifra de homicidios, el número de secuestros y extorsiones ya supera al de 2012. Según informes de esta dependencia federal, de enero a octubre del presente año la incidencia de delitos de alto impacto fue de 15 mil 350 homicidios dolosos; mil 425 secuestros y 6 mil 694 extorsiones.
Uno de los indicadores que corrobora que la situación en materia de seguridad pública no ha mejorado como se esperaba con la alternancia del poder presidencial es la percepción negativa de la jerarquía de la Iglesia católica. La semana anterior, por ejemplo, encabezados por el arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, y por el emérito Sergio Obeso Rivera, los obispos de las diócesis de Tuxpan, Papantla, Veracruz, Córdoba, Orizaba, San Andrés Tuxtla y Coatzacoalcos emitieron su tradicional mensaje navideño en el que textualmente exponen: “Aunque la lucha contra el crimen organizado continúa en México, en algunas zonas del país persisten niveles bastante preocupantes de violencia, una crisis de legalidad, impunidad y corrupción que lleva a la descomposición del tejido social. Entre nosotros, las familias siguen sufriendo por secuestros, extorsiones y el delito común, como si la criminalidad hubiera hecho escuela”, concluyen los líderes eclesiásticos, quienes recordaron los crímenes de los sacerdotes tuxpeños Hipólito Villalobos Lima y Nicolás de la Cruz Martínez, asesinados en noviembre pasado en la parroquia de Ixhuatlán de Madero.

¿Acaso ignorarán los priistas que en la sucesión presidencial de 2012 el electorado decidió quitarle el poder al PAN a causa de la desbordada espiral de violencia más que por el disparo de la pobreza y la polémica conducción de la economía nacional? Y en Veracruz la inseguridad puede ser un factor determinante también en el relevo gubernamental de 2016. Al tiempo.
EMG: buen cierre
Finalmente corresponderá a la historia y a la ciudadanía de Xalapa calificar a la administración municipal de la alcaldesa Elízabeth Morales García, pero lo que nadie puede negar es que a pesar de las circunstancias financieras y de seguridad tan desfavorables en que asumió en enero de 2011 la presidencia del ayuntamiento capitalino, la munícipe priista, con el apoyo del gobernador Javier Duarte de Ochoa, logró en estos tres años no sólo que se restableciera la tranquilidad citadina sino entregar también un buen paquete de obras viales, de saneamiento y de mejoramiento de la imagen urbana con la recuperación y rehabilitación de espacios públicos, desde parques, unidades deportivas, centros de expresión artística y cultural, paseos y calles tradicionales hasta mercados y panteones históricos.

Ayer, en el Teatro del Estado, Elizabeth rindió cuentas a los xalapeños en su tercer y último informe de gobierno. Ya se verá en enero próximo si el gobernador Duarte premia a la alcaldesa capitalina, quien primero como comunicadora y luego como diputada a la sexagésima Legislatura federal (2006-2009) se reveló como una eficaz gestora social.