Al Pie de la Letra

UV: ABUSOS IMPUNES

Hace dos semanas, en la víspera de la primera marcha universitaria del viernes 26 de febrero, comentábamos aquí, en este mismo espacio, que la comunidad de la Universidad Veracruzana estaba en su derecho de recurrir a todo tipo de presiones, políticas y legales, para obligar al gobierno del estado a reintegrarles los 2 mil 76 millones de pesos que les adeuda, pero igualmente señalábamos que en un obligado ejercicio de autocrítica, las autoridades, académicos, empleados y estudiantes de la UV también deberían analizar cómo, quiénes y por qué no actuaron con esta misma firmeza a tiempo y cómodamente solaparon estos abusos e incumplimientos que datan desde hace más de diez años y que ahora tienen a la máxima casa de estudios al borde de la parálisis por el colapso financiero.

Además apuntábamos que deberían revisar algunos casos de impunidad que ocasionaron daño patrimonial a la UV. Por ejemplo, ¿alguien sabe que fue de aquella denuncia de hechos que a mediados de julio de 2009 un par de abogados presentó formalmente ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) contra quien resultara responsable por el presunto daño patrimonial de aproximadamente 65 millones de pesos ocasionado por la rescisión unilateral del contrato de arrendamiento de un lote de 3 mil computadoras que había sido adjudicado en julio de 1999 a la empresa “Automatización y Modernización Industrial, S.A. de C.V.”, la cual en septiembre de 2006 terminó por celebrar un convenio de Cesión de Derechos Litigiosos al despacho “Rodríguez Pasquel Sucesores, S.A de C.V”, para que retomara el Juicio Ordinario Mercantil 1013/2003/IV?.

Y es que en noviembre de 2006, al verse jurídicamente perdidas, autoridades de la UV –ya encabezadas desde dos años antes por Raúl Arias Lovillo, antecesor de la rectora Sara Ladrón de Guevara– negociaron con la parte acusadora un convenio de transacción judicial, pago y quita condicionada para terminar la controversia que dio origen al Juicio Ordinario Mercantil sobre rescisión de contrato de arrendamiento que había sido tramitado en el Juzgado Sexto de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el estado de Veracruz.

En lugar de los aproximadamente 107 millones de pesos (ya incluido el Impuesto al Valor Agregado) que reclamaba en un principio la empresa arrendadora del equipo de cómputo, la UV convino en pagar sólo 57 millones de pesos más IVA pero bajo la condición “de desistirse de inmediato” del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia de fecha 31 de octubre del año 2006, dictada en el juicio de amparo indirecto número 490/2006 que se tramitaba ante el Juez del Juzgado Segundo de Distrito del Séptimo Circuito del Estado, y obligándose a liquidar el total de su adeudo mediante un primer pago parcial de 11.5 millones de pesos el día de la firma del acuerdo, el 23 de noviembre de 2006; entregar otros 25 millones de pesos el 30 de enero de 2007, y los 29 millones 50 mil pesos restantes serían prorrateados en 20 pagos mensuales de un millón 452 mil 500 pesos, los cuales fueron liquidados en septiembre de 2008.

En la denuncia penal presentada hace 7 años por Juan Antonio Mendoza Montes y María Candelaria Lión Reyes en la PGJE, los abogados solicitaban practicar una indagatoria ministerial contra quien resultara responsable de estos hechos ya que presumían que hubo “falta de probidad” en los servidores públicos de la UV, “cuyos errores o complacencias han sido sumamente costosas para los veracruzanos.” Y exponían que al no poner la Universidad Veracruzana en conocimiento de las autoridades judiciales el juicio que perdió por la rescisión del contrato de arrendamiento de las computadoras, por ser hechos constitutivos de delitos “exalta la suspicacia obvia del caso (…) porque esa negligencia encierra una violación al artículo 114 de la Ley Orgánica de la UV, que dispone: ‘Si al investigar las faltas de carácter universitario se advierte la comisión de un delito, deberá hacerse la denuncia ante las autoridades competentes, sin perjuicio de que se imponga la sanción prevista por la reglamentación respectiva.”

Sin embargo, en diversas ocasiones el rector Raúl Arias negó reiteradamente que este hecho pudiera tipificarse como un daño patrimonial, y sostuvo que en todo caso ya había sido cosa juzgada porque tanto la Comisión de Honor y Justicia de la UV como el Consejo Universitario determinaron aplicar en noviembre de 2006 “una amonestación” a tres funcionarios implicados y “una enérgica llamada de atención” al ex rector Víctor Arredondo y al ex secretario de Administración y Finanzas, Rafael Murillo Pérez, entre otros, “por las conductas que asumieron y que pudieron poner en riesgo el patrimonio de la Universidad Veracruzana”.

No obstante, el propio dictamen de la Comisión de Honor y Justicia que el mismo Arias Lovillo firmó y que fue sometido a la aprobación del pleno del Consejo General Universitario, incluía testimonios de miembros del Comité de Asesores de la Comisión de Informática de la UV que exhibían al ex rector Arredondo y a los funcionarios del Comité de Adquisiciones por asignar el contrato millonario a la empresa “Automatización y Modernización Industrial, S.A. de C.V.” pese a la advertencia de los especialistas universitarios de que “el tipo de arrendamiento propuesto” no era conveniente para la UV ya que, entre otros señalamientos, cuestionaban que la “empresa carecía tanto de capacidad instalada, infraestructura, equipo propio, capacidad técnica, como de experiencia en el terreno del arrendamiento de equipo de cómputo”.

La rectora Ladrón de Guevara, que valientemente ha salido a las calles a reclamar los fondos millonarios que el gobierno del estado le adeuda a la UV, ¿podría decirnos qué destino tuvo esta denuncia penal?

PALABRA DE MUJER

A continuación reproducimos el texto de una carta aclaratoria que la señora Liliana Yunes, hija el precandidato del PRI a la gubernatura, Héctor Yunes Landa, le dirige al columnista Mussio Cárdenas por comentarios que el periodista sureño publicó en su página web y que la agraviada considera calumniosos

“Señor Mussio Cárdenas

“Después de leer sus comentarios publicados en su página de internet, lamento profundamente las calumnias sobre mi trayectoria profesional y personal, sin importarle que detrás de mi apellido haya una mujer, una esposa y una madre.

“No formo parte del Gobierno del Estado desde el 31 de Marzo del año 2014. Por tanto, sus insinuaciones y afirmaciones carecen de veracidad.

“Haber sido servidora pública no me convierte en militante de algún partido, parte de algún grupo ni participante de alguna organización ilegal, como usted sugiere.

“Le enfatizo que nunca he transigido en nada ilegal ni inmoral, ni mucho menos respondido a ninguna consigna. 

“Hay quien lo hace. Yo no.

“Soy abogada y vivo de mi trabajo profesional desde el año 2014, como lo hacen muchas mujeres veracruzanas.

“Hay quien no entiende que una mujer pueda ser preparada, independiente, decente. Yo lo soy, y no admito que mi integridad se cuestione.

“Las mentiras a las que usted recurre no tienen sustento alguno y de antemano le digo que no se las puedo permitir, porque soy hija de padres honestos y limpios, quienes me enseñaron desde niña lo que es la verdad, la decencia y a caminar con la frente en alto.

“Atacar de esa manera a una mujer, define claramente cuál es su calidad moral, su integridad y sus oscuros intereses de usarme para demeritar el trabajo de más de 37 años de mi padre, de los cuales me siento muy orgullosa.

*Este texto es responsabilidad absoluta del autor.