Al Pie de la Letra

EL ‘TITANIC’ DE PALACIO

Al menos hasta 2004, con el “destape” de Fidel Herrera Beltrán para suceder al gobernador Miguel Alemán Velasco, una de las tantas reglas no escritas que cada final de sexenio el priismo siempre mantuvo vigente era que el mandatario que estaba por salir ponía inmediatamente a disposición del candidato la dirigencia estatal de su partido así como una maleta de dinero suficiente para los gastos de su campaña y de la elección.

Y eso lo sabe hasta el actual aspirante a encabezar la alianza PAN-PRD, Miguel Ángel Yunes Linares, quien en 1992, cuando todavía era un convencido priista, fue impuesto en la presidencia del CDE del PRI por Patricio Chirinos Calero, su ex jefe en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, para que le coordinara la campaña a la gubernatura.  

Sin embargo, hasta ahora, en la transición de Javier Duarte de Ochoa, las cosas no se han dado como antaño. La dirigencia priista, que en octubre del año pasado se empecinó en entregarle al diputado federal tuxpeño Alberto Silva Ramos como plataforma para encartarlo a la gubernatura, le fue requisada por el Comité Ejecutivo Nacional del PRI a petición del precandidato Héctor Yunes Landa, y, hasta la fecha, el virtual abanderado del partido tricolor no ha recibido un solo peso ni de la cuota que el gobernante está obligado a pagar como militante del Revolucionario Institucional.

El problema de Duarte es que, recién exhibido por la Auditoría Superior de la Federación con los resultados de la Cuenta Pública de 2014, aunque quisiera no podría maniobrar como lo habrían hecho sus antecesores para apoyar financieramente la campaña del candidato del PRI. La deuda que heredó de Herrera Beltrán se le ha vuelto inmanejable, tornándosele actualmente en un serio problema de gobernabilidad por las incesantes protestas y reclamos de sus acreedores.

Para colmo, en muy mal momento, en su desesperado intento por evadir el cumplimiento del millonario subsidio que debe destinar mensualmente al Instituto de Pensiones del Estado, ha promovido una reforma al artículo 98 de la Ley del IPE que no fue consensuada, lo que generó el rechazo unánime hasta de los líderes sindicales cómplices que tienen voz y voto en el Consejo Directivo del IPE y que desde el sexenio pasado han recibido prebendas políticas y económicas –cargos edilicios y en la administración pública del estado para sus hijos y recomendados–, como Acela Servín Murrieta, del SETSE; Ricardo Diz Herlindo, del SUTSEM, y Enrique Levet Gorozpe, del FESAPAUV, entre otros.

La tarde de este lunes, luego de la manifestación magisterial frente a Palacio de Gobierno y de los paros parciales que se registraron por la mañana en el sector educativo estatal, el gobernador Duarte envió a la LXIII Legislatura local una nueva propuesta de reforma al artículo 98 de la Ley de Pensiones del Estado, en la que corrige y puntualiza que el Gobierno del Estado sólo será el responsable subsidiario en el caso del sistema educativo estatal, pero eximiendo su responsabilidad de subsidiar en esta materia a los Ayuntamientos y a entes autónomos como la Universidad Veracruzana (UV), tal como lo venían haciendo las administraciones estatales anteriores y la suya en el presente régimen.

Ante esta polémica reforma a la Ley del IPE –a la cual seguían metiéndole mano hasta la noche de ayer–, académicos de la UV que están próximos a pensionarse han anunciado que recurrirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que convocarán a movilizaciones de protesta, como la que se ha anunciado para este viernes 26.  

Con estas acciones que sólo han potenciado el repudio popular, el gobernador Duarte sigue complicándole más de la cuenta el escenario electoral a su partido y al candidato a sucederlo. Cada vez suma más adversarios políticos, algunos de peso completo como el titular de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, quien la semana anterior cometió el exabrupto de declarar a Televisa que quiere ver al mandatario veracruzano en la cárcel. Pero por Twitter, Duarte también arremetió contra el periódico Reforma; se confrontó con el columnista de El Universal, Ciro Gómez Leyva, uno de sus pocos aliados, con el cual discutió en forma virulenta, y últimamente compró pleito con el gobernador perredista de Morelos, Graco Ramírez Abreu.

Según la versión de colaboradores muy cercanos a su entorno privado, anímicamente Duarte oscila entre el estado depresivo y la desesperación, lo que no le ayuda a pensar y actuar políticamente con prudencia y serenidad. Y es que contra lo que él llegó a alardear, el presidente Enrique Peña Nieto no lo dejó poner candidato a la gubernatura, y ahora el virtual abanderado priista Héctor Yunes –quien se ha visto obligado a endurecer su discurso en contra de la inseguridad, del desorden administrativo y del quebranto de las finanzas públicas del gobierno de la entidad– tampoco está dispuesto a concederle todas las posiciones que esperaba amarrar para varios de sus incondicionales en la próxima Legislatura local. Sólo tres o cuatro que garanticen ganar su distrito electoral serán postulados, y no por el PRI sino por el AVE, el PVEM o el PANAL, que en la elección de diputados irán coaligados parcialmente con el partido tricolor.

Hace un año, en un desayuno privado en la casa del político sureño Carlos Brito Gómez, el mandatario veracruzano soltó entre carcajadas: “Soy un demócrata, creo en la alternancia… ¡pero que le pase a otro pendejo! Ja, ja, ja”. Sin embargo, Duarte y hasta sus operadores políticos, administradores y asesores jurídicos más experimentados parecen ir a bordo del “Titanic”, haciendo todo para hundir a su partido y entregarle el poder a la oposición.

HYL: JUSTICIA SIN DISTINGOS

Por cierto, este lunes Héctor Yunes Landa declaró en el noticiero radiofónico del periodista Joaquín López Dóriga, que él no tiene compromiso con nadie y que “a quien tenga que meter a la cárcel, incluyendo al Gobernador, lo haré”.

Yunes Landa, quien puntualizó que en el partido tricolor no todos son iguales –“yo he sido un crítico de este gobierno”, dijo–, reiteró su exigencia para que se proceda contra quienes no justifiquen los miles de millones de pesos que la Federación ha dado al Gobierno del Estado de Veracruz. “La tarea de la Auditoría Superior es proceder y de la Procuraduría General de la República es actuar, para que en consecuencia los que tengan que irse a la cárcel lo hagan a la brevedad posible”, afirmó.

El senador con licencia recordó que en esta contienda él no llegó a la precandidatura priista apoyado por el gobernador de Veracruz, pues ha sido un crítico que ha cuestionado a la actual administración de manera abierta no obstante que es parte del sistema, lo que, enfatizó, tiene mayor valor que cuando se hace desde la oposición.

FIJATRENDING TOPIC NACIONAL

Este fin de semana, el precandidato del PRI a la gubernatura, Héctor Yunes, fijó trending topic nacional al lanzar por Twitter el reto al panista Miguel Ángel Yunes Linares para que de una buena vez haga públicas sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, junto con los miembros de su familia.

Y es que después del video que presentó Héctor a través de su Facebook, los cibernautas emplazaron al panista a que las haga públicas también, pues tiene casi doce días de que el precandidato del PRI dio a conocer las suyas y Miguel Ángel sigue sin ponerle fecha todavía.

No es sólo el político priista quien reclama transparencia, sino que son miles de ciudadanos los que exigen a los que aspiran a gobernar este estado a rendir cuentas claras y decir cuánto tienen y cómo lo obtuvieron.

El hashtag #QueEscondesMiguel fue la mejor prueba de esta exigencia ciudadana.