Al Pie de la Letra

IGLESIA: ¿DIÁLOGO CON EL NARCO?

¿Cómo le habría ido al gobernador Javier Duarte si en vez de combatir a los grupos del crimen organizado –principalmente al cártel que se enquistó en Veracruz el sexenio anterior–, para llevar la fiesta en paz y así poder gobernar cómoda y tranquilamente la entidad el mandatario veracruzano se hubiera sentado a dialogar y pactar una tregua con los criminales, sobre todo luego del tiradero de los 35 cadáveres en el bulevar de Boca del Río, en septiembre de 1991, o cuando un par de meses después, en noviembre de ese mismo año, un comando de Los Zetas enfrentó a balazos a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en la zona de Briones, muy cerca de la escuela primaria a la que asisten los dos hijos mayores de Duarte de Ochoa, lo que motivó que el titular de la SSP, Arturo Bermúdez Zurita, interrumpiera momentáneamente su comparecencia ante el Congreso local para trasladarse en helicóptero del Palacio Legislativo hasta el camino antiguo a Coatepec?

Mediática y políticamente habrían hecho trizas al gobernante priista, tal como en las redes sociales lo apabullaron sin deberla por el multihomicidio de la colonia Narvarte, en el Distrito Federal, y más recientemente por no detenerse y atender con paciencia a la madre de una joven desaparecida que lo increpó en la ciudad de Orizaba, la cual ahora se niega a ser recibida en audiencia en el despacho del Jefe del Ejecutivo estatal, condicionándolo a que sea fuera de Veracruz, en un espacio público y ante los medios de comunicación.

Pero el comentario inicial viene a cuento porque resulta que este martes los obispos de Guerrero propusieron al gobierno de ese estado que “dialogue” con los delincuentes que operan en dicha entidad con el objetivo de reducir la violencia.

En el documento titulado “Compromiso por Guerrero y con la paz”, los jerarcas de la Iglesia católica de dicha entidad aseguraron que “es indispensable que se generen procesos de diálogo y se puedan crear los escenarios posibles, donde nos escuchemos, lleguemos a acuerdos y reconstruyamos la memoria histórica de nuestro pueblo”.

Los obispos consideraron que la creación de esa plataforma social es apremiante ante la crisis social, política, económica y en materia de derechos humanos que se vive en Guerrero.

Al terminar la lectura del pronunciamiento, el obispo de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel, aseguró estar dispuesto a hablar con los líderes del crimen organizado para ayudar a disminuir la violencia. “A mí me da mucho gusto llegar a dialogar con los capos o jefes, para preguntarles cómo hacerle para que la gente no perjudique a terceros. Que se llegue a un diálogo con estos señores en favor de la paz”, reiteró.

¿Será ésta la única o mejor opción para apaciguar a Guerrero y los demás estados del país sometidos al flagelo del crimen organizado? ¿Qué dirá el Papa Francisco cuando visite México en febrero del año próximo? Bueno, en una de esas hasta termina apoyando la propuesta de los obispos guerrerenses. ¿O acaso no el Sumo Pontífice acaba de otorgar perdón o “indulgencia plenaria” a los miembros de la Legión de Cristo, del impune padre Marcial Maciel, y su brazo seglar Regnum Christi

PROPUESTA DEL PAN

En contraste, para combatir frontalmente a la delincuencia, el PAN hizo pública ayer una iniciativa de ley para impulsar, entre otras cosas, la creación de un Instituto Nacional de Seguridad Pública como órgano rector en la materia, de carácter técnico y cuya integración correspondería al Senado, el cual sería conformado por siete personas de reconocido prestigio, sin militancia partidista en los últimos cinco años y sin vinculación previa a entidades relacionadas con la seguridad pública.

De prosperar la iniciativa panista desaparecerían ocho organismos, principalmente el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), conformado en la actualidad por el Jefe de Gobierno del DF y los 31 gobernadores del país, la mayoría del PRI.

Según expuso el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, este instituto será el órgano regulador y diseñará los mecanismos de intervención, sustitución y colaboración en materia de seguridad pública. “Estamos en contra de la eliminación de las policías, pero a favor de regular la intervención oportuna de las policías estatales y federal, cuando fallen las policías municipales”, señaló Anaya, quien comentó que tocaría al instituto decidir en qué momento la Federación podría intervenir en municipios penetrados por el crimen organizado.

Además, la iniciativa incorpora mecanismos de control externo y rendición de cuentas que acompañen la correcta aplicación de las políticas en esta materia y supervisen a las instituciones de seguridad en el ejercicio de sus atribuciones.

Por su parte, el presidente del Senado, Roberto Gil, uno de los promotores de la iniciativa, dijo que el modelo actual no funciona porque el SNSP lo integran gobernadores que “se sientan a una mesa, toman acuerdos y no tienen la capacidad de dictar recomendaciones, lineamientos, metas específicas y son ellos los que se evalúan a sí mismos”.