Al Pie de la Letra

RENDICIÓN DE CUENTAS

Contrario a la línea política del presidente del CEN del PAN, Ricardo Anaya, quien al nombrar a Luis Felipe Bravo Mena como titular de la Comisión Especial Anticorrupción ratificó el compromiso de su partido para combatir la corrupción en México, “empezando por casa”, este martes el dirigente estatal del blanquiazul Jesús Mancha Alarcón salió a manifestar públicamente su respaldo absoluto al presidente municipal de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, quien ha sido acusado penalmente por cinco diputados locales del PRI de enriquecimiento ilícito.

Según Mancha Alarcón, “en el PAN no vamos a permitir la persecución política de uno de nuestros miembros y menos que con ello se pretenda ocultar la realidad de Veracruz. Enviamos un mensaje claro a Palacio de Gobierno: respaldamos absolutamente a Miguel Ángel Yunes Márquez, rechazamos la persecución política de que es objeto, la intimidación a su familia, la amenaza de someterlo al proceso de desafuero y utilizar su caso para distraer a la población con el fin de parar las protestas de los ciudadanos”.

El dirigente panista mete las manos al fuego por el alcalde de su partido pero sin aportar pruebas que convenzan a la opinión pública de que en realidad se trata de una persecución política. Si Pepe Mancha hubiera mostrado las declaraciones fiscales de Yunes Márquez y comprobado sus ingresos en los últimos diez años con los cuales justificar la adquisición lícita de terrenos y de su mansión en el fraccionamiento Rincón de El Conchal, bienes que según los diputados priistas estarían valuados en 38 millones de pesos, entonces sí habría razones para presumir que el munícipe boqueño sería víctima de acoso y que la Fiscalía General del Estado estaría siendo utilizada por el titular del Poder Ejecutivo para atacar al edil de Boca del Río.

¿La ciudadanía debe seguir dándoles cheques en blanco a gobernantes y funcionarios corruptos, pertenezcan al partido que sea? ¿Los únicos que se enriquecen ilícitamente son los del PRI y los de la oposición son los únicos honestos? ¿Acaso este príncipe de sangre azul de Boca del Río no está obligado también, como militante y servidor público emanado del PAN, a desempeñarse en “un marco de valores éticos” y a hacerse “responsable de sus actos” en el ejercicio de sus funciones, tal como instruyó Anaya a Bravo Mena, a quien expresamente le indicó que “seremos críticos permanentes de cualquier acto de corrupción interno y externo” ya que “los mexicanos exigen y merecen total transparencia y una efectiva rendición de cuentas de todos los servidores públicos”?

Este martes, el secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, reiteró que la investigación en contra de Yunes Márquez es un caso totalmente jurídico y no de matiz político. Por su parte, José Ramón Gutiérrez de Velasco, uno de los cinco diputados locales del PRI de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río que denunciaron penalmente al munícipe panista por presunto enriquecimiento ilícito, le pidió que deje de “hacerse la víctima” y que aclare cómo fue que se hizo de esas propiedades, ya que entre 2006 y 2010 sólo declaró ingresos por casi la décima parte del valor de los bienes valuados en 38 millones de pesos.

La Fiscalía General del Estado recibió la denuncia formal de los legisladores priistas y por ley está obligada a darle curso a la investigación.

El pasado 23 de septiembre, en este mismo espacio periodístico, comentábamos que “una prueba de fuego para los que aspiran suceder al gobernador Javier Duarte –igualmente para los que buscarán fuero como diputados a la LXIV Legislatura local– debiera ser cumplir con la campaña ‘3 de 3’ que a mediados de abril de este año fue lanzada por Transparencia Mexicana (TM) y el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), la cual buscó que todos los candidatos a las elecciones del 7 de junio pasado hicieran pública y subieran a la web su declaración patrimonial, fiscal y de potencial conflicto de intereses.”

Pero según los resultados dados a conocer por representantes del Imco y de TM, de 406 candidatos a gobernadores, alcaldes y legisladores que en el pasado proceso electoral se comprometieron a presentar su declaración patrimonial, de intereses y de impuestos, sólo 114 cumplieron. Entre quienes ya publicaron sus declaraciones se encuentran 11 de 128 senadores; 55 de 500 diputados federales, nueve de 32 gobernadores (y jefe de Gobierno del DF), 18 alcaldes y seis jefes delegacionales y 15 diputados locales. La estadística del gabinete federal y de los partidos está aún en ceros. No obstante, anunciaron su ampliación para el proceso electoral de 2016 y hacia los miembros del gabinete presidencial.

¿El PAN en Veracruz, que ha salido a defender y a encubrir a su alcalde de Boca del Río, obligará a su candidato a la gubernatura –que muy posiblemente sea Miguel Ángel Yunes Linares, padre del edil boqueño– a hacer pública su declaración patrimonial, fiscal y de potencial conflicto de intereses?

Y esta exigencia ciudadana no será sólo para los candidatos a las gubernaturas de 2016 sino también para quienes aspiren a la Presidencia de la República en 2018, empezando por el fundador de Morena, Andrés Manuel López Obrador, a quien el flamante gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, le acaba de aconsejar que “debe dedicarse a chambear”, recordándole que no le ha respondido “en qué trabaja, de qué vive”, pues refirió que el tabasqueño “tiene 12 años de flojo, no tiene ningún empleo, no tiene ningún negocio, nada. Dice que vive de las aportaciones de los voluntarios. Ah, bueno”.