Acuerdan desalojar a invasores veracruzanos en frontera con Oaxaca

XALAPA, Ver., 21 enero de 2015.- Este jueves, el Gobierno de Oaxaca prepara una denuncia por despojo contra los cuatro veracruzanos retenidos por pobladores de San Francisco La Paz, agencia de Santa María Chimalapa, lo que incluye una orden de desalojo contra todos los que invaden predios en la selva de Chimalapas.

Como se recordará, Roberto Martínez Vidal, de 58 años; Joaquín Escandón Vicario, de 29; Leonardo Juan Zárate, de 97, y David Vega Guerrero, de 65 años de edad, se encuentran retenidos desde el 24 de diciembre, cuando al parecer entraron ilegalmente a un terreno.

El hecho generó la furia de los pobladores, quienes denunciaron que hace años tanto veracruzanos como chiapanecos han llegado a instalarse en predios de la selva y han provocado innumerables daños en el área natural protegida.

Mediante un comunicado, se informó que la tarde del miércoles, en la ciudad de México, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, se reunió con representantes de los gobiernos de Veracruz, Oaxaca y Chiapas, además de comuneros y autoridades municipales de Santa María Chimalapas y San Francisco La Paz, quienes se mantuvieron firmes a su advertencia: no liberar a los veracruzanos hasta que sean desalojados todos los invasores.

El Gobierno de Oaxaca, en voz de su secretario general de Gobierno de Oaxaca, Carlos Santiago Carrasco, adelantó que para la denuncia utilizarían las evidencias recabadas por el Ministerio Público y la Procuraduría Federal de Protección Ambiente (Profepa) que demuestran que los invasores han provocado una afectación ambiental y talado árboles.

En tanto, el secretario general del Gobierno de Chiapas, Juan Carlos Gómez Aranda, ofreció una salida negociada a este conflicto, y rechazó que su estado promueva invasiones en Oaxaca.

Cabe mencionar que el secretario de Gobierno de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado, en entrevista para Quadratín Veracruz, advirtió que los veracruzanos retenidos habían cometido un delito y debían responder ante la ley, por lo que la labor de las autoridades estatales se limitaría a exigir que se les juzgue conforme a derecho.

Mientras el juez ordena el desalojo, los gobiernos estatales y Gobernación acordaron vigilar la selva de manera permanente; no obstante, desde el 16 de enero más de dos mil elementos ya vigilan las zonas en conflicto territorial, ante la advertencia de familiares de los retenidos sobre que podrían tomar medidas por su propia cuenta para lograr su liberación.

Es de destacar que apenas el 19 de enero pasado, un juez federal otorgó un amparo a los cuatro veracruzanos, cuya notificación fue entregada por elementos de la PGR.

Este jueves se llevará a cabo una reunión en la Fiscalía General de Oaxaca para dar seguimiento a las acciones que habrán de realizarse de manera coordinada.