Xalapa, Ver., 22 de julio de 2025.- El diputado Omar Edmundo Blanco Martínez presentó a la Diputación Permanente un Anteproyecto con Punto de Acuerdo, por el cual exhorta a los tres órdenes de Gobierno, así como al sector empresarial de la entidad, para que fortalezcan e impulse políticas públicas y acciones afirmativas que promuevan la inclusión laboral efectiva de personas con discapacidad, bajo los principios de igualdad y no discriminación.

En su intervención en la Segunda Sesión Ordinaria, del Segundo Receso, el legislador subrayó que lo anterior con base en lo dispuesto en el Artículo 21 de la Le y para la Integración de las Personas con Discapacidad del estado de Veracruz.

El diputado enlistó datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) respecto a que en 2023 México registró aproximadamente 8.8 millones de personas con discapacidad, de las cuales solo el 40.6 por ciento participa en alguna actividad económica.

“Esta desigualdad se vuelve aún más evidente al analizar las cifras por sexo; el 51.5 por ciento de los hombres con esta condición trabaja o busca empleo, mientras el 31.3 por ciento de las mujeres participa en el mercado laboral; lo cual refleja una doble barrera para este sector históricamente vulnerado”.

Agregó que en Veracruz, estado con más de ocho millones de habitantes, el 8 por ciento de la población de cinco años o más viven con alguna discapacidad, lo que equivale a aproximadamente a 640 mil personas.

Indicó que de los más de siete millones de negocios que operan en el país, solo el 1.5 por ciento reporta contratar activamente a personas con discapacidad, siendo este un porcentaje incluso más bajo en el caso de las micro y pequeñas empresas.

Por otra parte, dijo que la magnitud del reto en materia de inclusión laboral aun es mayor, toda vez que las personas con discapacidad aun enfrentan barreras estructurales que les impiden acceder a un empleo digno y en igualdad de condiciones. “Es muy común que los centros de trabajo no cuenten con herramientas de apoyo como lectores de pantalla, rampas de acceso, materiales en lectura fácil, ni otras adaptaciones necesarias para garantizar su inclusión efectiva”.

Precisó que el Artículo 21 de la Ley 822 para la Integración de las Personas con Discapacidad de la entidad establece que los tres poderes del Estado, los ayuntamientos y los organismos autónomos deberán reservar al menos el 3 por ciento de las vacantes disponibles en plazas públicas para ser ocupadas por personas con discapacidad, siempre que estas cumplan con los requisitos técnicos y de aptitud necesarios para el cargo.

“Esta disposición no es obligatoria para el sector privado, lo que deja un vacío normativo importante en cuanto a la generación de oportunidades laborales en un ámbito que concentra gran parte de los empleos”, añadió.

Por último, refirió que la Secretaría de Trabajo, en conjunto con el Servicio Nacional de Empleo (SNE), impulsa acciones para promover la inclusión laboral de personas con discapacidad, en coordinación con el Programa Nacional de Trabajo y Empleo. Destaca la Red de Vinculación Laboral, las Ferias de Empleo Inclusivo y la estrategia “Abriendo Espacios”, que ofrece orientación, evaluación y capacitación, como el taller para personas sordas realizado en 2024 con apoyo de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana.

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