EL OTRO ROSTRO DEL DESARROLLO

En los últimos años, el gobierno federal ha redibujado su mapa de influencia en el país con una estrategia que no solo busca mejorar la calidad de vida de los más pobres, sino también construir presencia política en los territorios. Las obras comunitarias, coordinadas por los delegados del Bienestar se han convertido en una herramienta doblemente poderosa.

Estas pequeñas obras como calles, drenajes, centros comunitarios, aulas o sistemas de agua son gestionadas y ejecutadas por los propios vecinos, con recursos federales y sin intermediarios políticos tradicionales. Pero su alcance va más allá del concreto, toda vez que fortalecen vínculos directos entre el pueblo y el poder federal, desplazando la figura del ayuntamiento y redibujando el mapa político desde abajo.

LOS NUEVOS OPERADORES TERRITORIALES 

Los delegados estatales de Programas para el Bienestar son funcionarios federales encargados de coordinar la política social en cada estado. No fueron elegidos en las urnas, pero tienen bajo su control la operación de becas, pensiones, apoyos alimentarios y, cada vez más, proyectos comunitarios que llegan donde los gobiernos municipales no alcanzan.

Estos delegados son el brazo operativo del Ejecutivo federal en las entidades. Desde su oficina se distribuyen millones de pesos y se toman decisiones que antes pasaban por los cabildos o los congresos locales.

¿QUÉ SON LAS OBRAS COMUNITARIAS?

A diferencia de las obras públicas tradicionales que se licitan entre empresas y se gestionan desde oficinas gubernamentales, las obras comunitarias del Bienestar son propuestas y ejecutadas directamente por la comunidad beneficiada. Las decisiones se toman en asambleas vecinales, se eligen comités ciudadanos y el dinero se transfiere directamente para que ellos compren materiales, contraten mano de obra local y supervisen los avances.

La lógica es clara: dar autonomía, reducir costos y garantizar que lo construido sea útil y valorado por quienes lo usarán.

Estas obras pueden incluir:

* Rehabilitación de caminos y calles.

* Mejora de escuelas, clínicas y espacios públicos.

* Acceso al agua potable o alumbrado.

* Infraestructura básica en comunidades rurales o indígenas.

ASIGNACIÓN CON LÓGICA SOCIAL Y POLÍTICA 

Las obras se priorizan en comunidades con alto rezago, detectadas por los censos del Bienestar y visitas territoriales. Pero más allá de la necesidad, existe una estrategia de construcción de presencia federal; es decir, llegar a donde los ayuntamientos han sido omisos, ineficientes o rebasados.

Además, al eliminar intermediarios políticos tradicionales (regidores, síndicos, gestores), se debilita el viejo esquema clientelar y se crea uno nuevo, más directo, más alineado al proyecto del gobierno central y al partido en el poder.

¿Y LOS AYUNTAMIENTOS?

Mientras los ayuntamientos operan con recursos propios, impuestos y participaciones federales, los delegados del Bienestar manejan fondos federales etiquetados exclusivamente para programas sociales. Los primeros son gobiernos electos; los segundos, designados. Pero en muchos municipios pobres, los delegados ya tienen más visibilidad y capacidad de respuesta que los propios alcaldes.

Esta dualidad de poderes ha generado tensiones. Algunos presidentes municipales se quejan de haber sido “rebasados”, de no ser tomados en cuenta, o de que las obras federales no siempre siguen los planes de desarrollo urbano local. Pero para muchas comunidades, la respuesta llega más rápido desde Bienestar que desde el palacio municipal.

EL CAPITAL POLÍTICO DE LO COMUNITARIO

El impacto político de estas obras es evidente, aunque pocas veces se admite públicamente por el gobierno. Cada obra entrega algo más que infraestructura: entrega confianza, simpatía y agradecimiento. Quien da, gana. Y si ese “quien” es el gobierno federal e incluso el estatal, la lógica de fidelidad política se activa.

Además, los comités ciudadanos que se crean para cada obra no desaparecen cuando termina la construcción. En muchos casos, se transforman en redes de participación social, listas para ser movilizadas en campañas, consultas o eventos oficiales. Se vuelve una estructura territorial disfrazada de ayuda social.

UNA NUEVA FORMA DE HACER POLÍTICA DESDE EL TERRITORIO 

Las obras comunitarias son necesarias, bien recibidas y generan impacto real en comunidades olvidadas. Pero también son una poderosa herramienta política. Cambian el rol de los ciudadanos (de beneficiarios pasivos a actores activos), pero al mismo tiempo consolidan un nuevo modelo de centralización del poder federal.

En un país donde durante décadas el desarrollo fue rehén de trámites, intermediarios y corrupción, este modelo aparece como una alternativa fresca, aunque no exenta de crítica. Porque en México, el cemento siempre ha tenido memoria política. Y hoy más que nunca, el desarrollo también tiene rostro y estrategia.

De manera que este grupo de delegados estatales y regionales seguramente saldrán los próximos candidatos a las alcaldías o diputaciones.