Raymundo Jiménez/Al pie de la letra

* EU: MISILES CONTRA LA 4T

Vaya manera de arruinarle el festejo de cumpleaños a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y es que mientras el gobierno de México estaba muy atento al intercambio de misiles en el Medio Oriente, ayer, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó un obús contra dos bancos (Intercam y CIBanco) y la casa de bolsa Vector, S.A. de C.V. –propiedad ni más ni menos que del empresario regiomontano Alfonso Romo, ex jefe de la Oficina de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador–, a los cuales señaló de “narcolavado”.

De inmediato, la Secretaría de Hacienda, que encabeza Edgar Amador Zamora –un ex empleado de Vector, la casa de bolsa del ex consejero de AMLO– contraatacó, respondiendo que luego de ser notificados sobre estas presuntas irregularidades, “se solicitó al Departamento del Tesoro pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); sin embargo, no se recibió ningún dato probatorio al respecto”. Y afirmó que, de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, las autoridades mexicanas actuarán “con todo el peso de la ley”.

No obstante, desde ayer la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EU decidió prohibir ciertas transferencias de fondos que involucren a CIBanco, Intercam y Vector, haciendo valer sus facultades para combatir el lavado de dinero asociado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluyendo por parte de cárteles.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que “CIBanco e Intercam, bancos comerciales con más de 7 mil millones de dólares y 4 mil millones de dólares en activos totales, respectivamente, y Vector, una firma de corretaje que gestiona casi 11 mil millones de dólares en activos, han desempeñado conjuntamente un papel clave y prolongado en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para la producción de fentanilo”.

“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en engranajes clave en la cadena de suministro de fentanilo”, señaló Bessent.

En los avisos emitidos en contra de Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, el Departamento del Tesoro aseguró que estas instituciones financieras operaron 186.6 millones de dólares para facilitar las actividades criminales de los cárteles del narcotráfico mexicano. Además, para colmo del gobierno de la 4T, la oficina de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) documentó también que Vector recibió transacciones por 40 millones de dólares vinculados a Genaro García Luna, el ex secretario de Seguridad Pública del ex presidente Felipe Calderón que en octubre del año pasado fue sentenciado por una Corte de Nueva York a 38 años de prisión por recibir sobornos del Cártel de Sinaloa.

Contra la casa de bolsa de Alfonso Romo ya existía un antecedente. El diario Reforma refirió que, en octubre de 2019, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la sancionó por infringir los controles de prevención de lavado de dinero que establece la regulación. Según el diario capitalino, la CNBV la multó en esa ocasión con la ridícula cantidad de 403 mil pesos por no considerar el elemento riesgo de transacciones y canales de envío en su metodología de evaluación de riesgos de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Ahora, la FinCEN determinó que Vector es empleada para lavar dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides de los cárteles de Sinaloa y del Golfo, y que entre 2018 y 2023 se descubrió que “había realizado más de un millón de dólares en pagos en nombre de empresas con sede en México a empresas chinas”.

En cambio, a Intercam y CIBanco los vinculó con los cárteles de los Beltrán Leyva, CJNG y el del Golfo para el lavado de dinero proveniente del tráfico ilícito de opioides y “la adquisición de precursores químicos de China con fines ilícitos”.

¿REPETIRÁ EU LA OPERACIÓN

CASABLANCA DE HACE 27 AÑOS?

Sobre este escándalo que sacudió ayer a la opinión pública nacional, algunos políticos de la vieja guarda priista nos preguntan si acaso este golpe de la administración del presidente Trump irá a tener el mismo desenlace que hace 27años tuvo el operativo Casablanca que llevó a cabo el gobierno del presidente Bill Clinton también contra varios bancos mexicanos acusados de lavar dinero para los cárteles del narcotráfico.

Según la historia que el 19 de mayo de 1998 publicó el periodista David Brooks, corresponsal del diario La Jornada en Washington, durante tres años Estados Unidos llevó a cabo una operación encubierta a espaldas del gobierno de México que resultó en uno de los mayores escándalos bancarios, pues implicaba a 12 de los 19 principales bancos mexicanos en operaciones de lavado de dinero para los cárteles de Juárez y Cali.

Con el arresto de 22 ejecutivos –identificados sólo como de “nivel medio”– de 12 bancos comerciales mexicanos  por lavado de dinero y acusaciones formales contra tres de las más importantes empresas financieras mexicanas: Bancomer, Serfín y Confía, la llamada operación Casablanca concluyó a mediados de ese mes su etapa clandestina y fue declarada un éxito por el gobierno del presidente Clinton.

La operación concluyó sus tres años de existencia encubierta con 112 arrestos (más los 22 de mayo de ese año ), el decomiso de 35 millones de dólares, dos toneladas de cocaína y cuatro de mariguana, y el establecimiento de pruebas de vínculos entre los cárteles de Juárez y de Cali con la banca mexicana.

El entonces secretario del Tesoro, Robert Rubin, calificó el resultado de la operación encubierta –encabezada por el Servicio de Aduanas en colaboración con la DEA, Justicia, Tesoro y otras dependencias–, como “la culminación del caso sobre lavado de dinero proveniente del narcotráfico más cuantioso y extenso en la historia de la seguridad pública de Estados Unidos”.

Por su lado, la Junta de la Reserva Federal anunció acciones contra Banamex, Banca Serfín, Bital, Bancomer y Banco Santander, en las que ordenaba a estos bancos aplicar nuevos procedimientos y políticas anti lavado de dinero, indicando que todas estas instituciones de crédito tenían sucursales en Estados Unidos.

Las autoridades financieras de EU informaron que este era apenas un paso previo a posibles medidas que podrían llevar hasta la clausura de las sucursales de estos bancos en territorio estadounidense. La determinación y evaluación sobre las operaciones de éstas las realizaría la Reserva Federal.

Rubin, la procuradora general Janet Reno, y el subsecretario del Tesoro, Raymond Kelly, divulgaron en esa ocasión la existencia de la operación, al anunciar el arresto de 22 de los 26 ejecutivos mexicanos acusados formalmente en documentos divulgados por el tribunal de distrito de Estados Unidos en Los Ángeles (en Washington no se divulgaron los nombres de los ejecutivos ni de sus bancos, más allá de señalar que son 12 empresas).

También informaron que había órdenes de embargar más de 100 cuentas bancarias a través de este país y Europa, controladas por los cárteles de Juárez y Cali, con lo que se esperaba confiscar otros 122 millones de dólares.

Se esperaba el arresto de otros 40 o más individuos por los delitos de lavado de dinero o narcotráfico, y con la detención de los 22 ejecutivos mexicanos y otras 112 personas en el curso de la investigación de tres años, el total de aprehendidos se calculaba que podría llegar a 200, según informaron.

La investigación, también sin la

ayuda o conocimiento de México

El corresponsal de La Jornada narró que al preguntar en la conferencia de prensa –citada sin previo aviso para anunciar los resultados de la operación– si México había cooperado en las indagaciones, el subsecretario del Tesoro, Raymond Kelly, respondió que “esta fue una investigación muy guardada. Teníamos a muchos oficiales clandestinos trabajando bajo un enorme riesgo, por eso esta información no fue compartida con el gobierno mexicano”.

Reno informó que ese día había hablado con su contraparte en México, el procurador Jorge Madrazo Cuéllar, y Rubin hizo lo propio con el secretario de Hacienda, José Ángel Gurría, para informarles sobre la operación y sus resultados, y en este contexto, Janet Reno agregó que “ellos indicaron que deseaban cooperar en todas las formas posibles”.

En respuesta a una pregunta sobre si estadunidenses que son clientes de bancos mexicanos deberían confiar en ese sector después de este anuncio, Rubin afirmó que los bienes involucrados en el lavado de dinero identificados hasta ahora eran un porcentaje mínimo de los bienes totales de la industria bancaria mexicana, “y no creo que cualquier cosa que haya pasado aquí, en ese sentido, se relacione con la cuestión de la integridad financiera del sistema bancario mexicano”.

Sin embargo, en torno del impacto de este asunto sobre la banca mexicana, dijo Rubin, esa tendría que ser una pregunta para las autoridades mexicanas y la Secretaría de Hacienda. Sobre si habrá estadunidenses arrestados o implicados en este caso, la respuesta fue que no, y aunque se utilizaron unas 100 cuentas estadunidenses, no se detectaron pruebas o indicaciones, hasta la fecha, de que los banqueros estadunidenses sabían del origen de esos fondos.

La procuradora general Janet Reno afirmó hace 27 años que “hoy es un día muy malo para los narcotraficantes en este hemisferio”. Agregó que la operación Casablanca construyó un mapa de carreteras que detectó la estructura de los cárteles de droga internacionales, desde los capos, a los mensajeros, a los banqueros. Estamos utilizando ese mapa para irrumpir en sus operaciones y no nos vamos a detener, afirmó. “De hecho, nuestros esfuerzos continúan”. Informó que el caso judicial sobre los resultados de la operación se llevaría a cabo en Los Ángeles.

El subsecretario de Tesoro resumió así el significado del caso: “primero, sólo por el volumen de los montos de dinero involucrados; segundo, porque se descubrió un intrincado modo de lavar dinero por medio de un número significativo de instituciones financieras mexicanas; y tercero, porque expuso un vínculo entre los cárteles de Cali y Juárez con los bancos mexicanos”.

Hoy, dijo orgulloso en aquél entonces, “nos inyectamos en la sangre vital de los capos, y aunque no destruimos los cárteles, los dejamos significativamente más débiles y mucho menos seguros”.

En aquella ocasión, el periodista David Brooks describió así el esquema del operativo para detectar el lavado de dinero hace más de cuatro sexenios:

1. Agentes encubiertos confiscaban el dinero procedente de la venta de drogas en las calles de las principales ciudades estadunidenses y depositaban esos fondos en cuentas bancarias encubiertas controladas por el Servicio de Aduanas de Estados Unidos.

2. Los fondos fueron transferidos electrónicamente a bancos mexicanos que empleaban a las personas arrestadas.

3. Los bancos norteamericanos diseñaron mecanismos para conseguir confidencias sobre las cuentas de los bancos mexicanos donde se depositaron los fondos enviados por los agentes encubiertos de los Estados Unidos.

4. Los fondos se transferían después a los encargados de lavar el dinero.

FISCAL GENERAL DE EU LANZA

OTRO BOMBAZO CONTRA MÉXICO

Quién sabe si la presidenta Sheinbaum y su corte de la 4T habrán conciliado el sueño anoche, pues aparte del misil lanzado por el Departamento del Tesoro ayer mismo también la Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, dirigió tremendo obús al incluir a México en una lista de “países adversarios” que buscan asesinar estadounidenses a través del tráfico de drogas, advirtiendo además que la administración del presidente Donald Trump no se dejará intimidar por estos grupos criminales.

Durante una audiencia ante el Comité de Gastos del Senado, Bondi incluyó a México en dicha lista de países adversarios al responder una pregunta del Senador republicano Lindsey Graham, de Carolina del Sur, sobre si la administración del presidente Trump se dejaría intimidar por Irán.

“Creo que (el Presidente) Donald Trump lo ha dicho alto y claro: No nos dejaremos intimidar y mantendremos a EU seguro gracias a su liderazgo. No solo de Irán sino también de Rusia, China y México, sino de cualquier adversario extranjero”, dijo Bondi al responder la pregunta del Senador Graham.

“Ya sea que intenten asesinarnos físicamente o a través de causar sobredosis a nuestros niños con drogas. Gracias al liderazgo (del Presidente Trump) haremos todo lo posible para mantener a EU seguro”.

Durante la misma audiencia, la Fiscal General de EU evitó responder públicamente otra pregunta del senador Graham sobre si el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum estaba colaborando en combatir las drogas ilegales desde México, por lo que pidió una audiencia privada para abordar el tema.

-¿México nos está ayudando con el problema de las drogas?, preguntó el Senador republicano.

“Senador: Sería mejor tener esa conversación en un espacio de tipo clasificado”, respondió Bondi.

-Lo que quiero decir públicamente: No, no lo está. Ellos deben saber que la mitad de su país está gobernada por los cárteles. Nunca estaremos seguros aquí (en EU) hasta que logremos que México cambie su estrategia. Con gusto hablaré con usted en privado. Pero ya basta de México, dijo Graham.

“El Cártel de Sinaloa ha causado estragos en nuestro país, y sigue causando estragos. Y el fentanilo sigue entrando”, respondió Bondi refiriéndose a uno de los dos grupos criminales, junto al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que EU asegura son los principales responsables de traficar fentanilo a EU.

-Ya basta de esa porquería. Vamos a ir por ellos con o sin la ayuda de México porque yo no sé cuál es la respuesta correcta contra un vecino que permite que este tipo de cosas ilegales entren a nuestro país y mate a más jóvenes que cualquier otro método”, insistió el Senador Graham en su respuesta a Bondi.