Gabriel García-Márquez/Sentido común

INFONAVIT PREMIA INVASORES Y CASTIGA LA LEGALIDAD

El lunes 16 de junio, durante la conferencia presidencial matutina, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, anunció una medida que ha despertado controversia y encendido las alarmas entre juristas, ciudadanos y expertos en políticas públicas. Este Instituto regularizará miles de viviendas invadidas por personas que no son sus legítimos propietarios.

Según datos presentados por el propio Romero Oropeza, se han censado 168 mil viviendas abandonadas, muchas de ellas adquiridas originalmente mediante créditos del Infonavit. De ese universo, 145 mil están actualmente ocupadas de manera irregular. Es decir, los invasores no tienen vínculo jurídico alguno con los créditos ni con los inmuebles. Las otras 23 mil se encuentran deshabitadas o han sido vandalizadas.

REGULARIZACIÓN O LEGALIZACIÓN DEL DESPOJO

En palabras de Octavio Romero el nuevo enfoque del Infonavit dejará atrás los desalojos forzosos y, en cambio, ofrecerá a los ocupantes ilegales la posibilidad de regularizar su situación mediante esquemas de renta con opción a compra. Los precios serán “muy accesibles” y los plazos irán de cuatro a cinco años para obtener el título de propiedad.

A simple vista, podría parecer una medida práctica frente al abandono habitacional y la crisis de vivienda digna. Sin embargo, la propuesta abre una delicada discusión: ¿se está legalizando la ocupación ilegal? ¿El Estado está premiando al invasor y castigando al ciudadano que cumple la ley?

EL MENSAJE PELIGROSO: INVADIR PUEDE SALIR BARATO

El aspecto más preocupante del anuncio es el mensaje institucional que transmite. Aunque Romero aseguró que quienes no se acojan al programa jamás serán propietarios, lo cierto es que quedarse ilegalmente en una vivienda y luego pagar una módica cantidad para quedarse con ella equivale a una forma de amnistía de facto.

Esto erosiona los incentivos a cumplir con las obligaciones legales y desalienta a quienes, por falta de recursos, optaron por entregar una vivienda en lugar de invadir otra ajena. También siembra una peligrosa percepción: que la vía informal e ilegal puede ser más rentable que la formal.

¿Y LOS VERDADEROS DUEÑOS?

En el caso de que aparezca un propietario legítimo reclamando la posesión de su casa, el Infonavit contempla ofrecerle una vivienda distinta como “compensación”. Esto equivale a una renuncia institucional a proteger el derecho de propiedad: en lugar de restituir el bien original, se entrega otro como si se tratara de un simple intercambio.

¿Qué garantía tiene ese propietario de que la nueva vivienda no estará en peores condiciones? ¿O de que no será, también, objeto de otra invasión? Es una propuesta que normaliza el despojo y desvaloriza el concepto mismo de propiedad privada consagrado en la Constitución.

POPULISMO INMOBILIARIO

Lo que se presenta como un gesto solidario hacia los más necesitados puede, en realidad, interpretarse como populismo institucional. En lugar de fortalecer el Estado de derecho, se socava su base al sustituir los mecanismos legales por acuerdos “de hecho”.

Si bien la crisis de acceso a la vivienda es real y apremiante con créditos congelados, rentas inalcanzables y una oferta insuficiente. La solución no puede ser institucionalizar la ilegalidad. De lo contrario, el Estado se convierte no en garante de la justicia, sino en facilitador del desorden.

El Infonavit, para ser justos, ha impulsado medidas valiosas en otros frentes: ha reestructurado más de 900 mil créditos impagables, ha bajado tasas, ha reducido saldos, y este año se iniciaron casi 200 mil nuevos proyectos de vivienda, según la SEDATU.

Pero la propuesta de regularización no puede entenderse fuera del contexto de corrupción estructural. El propio Instituto ha presentado 150 denuncias ante la FGR por irregularidades en la gestión de viviendas y ha cesado a más de 20 empleados. Es decir, el problema no es solo social: también es institucional.

En este entorno, legitimar la ocupación ilegal no es una política pública innovadora, sino un riesgo enorme de convertir las invasiones en una ruta tolerada, incluso avalada por el gobierno, para hacerse de una casa.

El Estado debe intervenir para atender a quienes viven en situación de vulnerabilidad y carecen de techo. Pero esa intervención no puede violar los derechos fundamentales, ni enviar señales equívocas sobre lo que está permitido y lo que no.

El Infonavit tiene una misión compleja y urgente: recuperar la confianza de los trabajadores, evitar más abandonos, ofrecer soluciones viables a quienes han perdido su vivienda y fortalecer el acceso a la vivienda digna. Pero ninguna de esas metas puede alcanzarse a costa de la legalidad.