Gabriel García-Márquez/Sentido común

SE VA LA TOGA, LLEGA LA GUAYABERA Y EL HUIPIL

¿Se va la toga porque le quedó grande? Entre guayaberas, simbolismos y el debilitamiento institucional.

La llegada de Hugo Aguilar Ortiz a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha encendido un debate que, aunque en apariencia menor, tiene implicaciones institucionales profundas: la decisión de no portar toga durante las sesiones públicas del Pleno y, en su lugar, vestir guayabera o huipil. ¿Es esto un gesto legítimo de identidad cultural, o una afrenta al Estado de Derecho y al marco normativo vigente? ¿Un acto de cercanía simbólica con el pueblo o una muestra peligrosa de desprecio por la legalidad?

ENTRE LA TOGA Y EL TEATRO

La toga no es un simple pedazo de tela; es un símbolo con siglos de historia que representa el carácter institucional de la justicia. Su uso en México no es opcional ni una tradición informal: está regulado expresamente por el Decreto Presidencial 104, emitido el 4 de febrero de 1941 por el entonces presidente Manuel Ávila Camacho. Este decreto establece la obligación legal de que los ministros de la Suprema Corte porten toga durante las audiencias públicas.

Y aquí es donde el asunto deja de ser simbólico para convertirse en una cuestión de legalidad. La norma está en vigor. No ha sido derogada, ni reformada. Por lo tanto, al hacer a un lado la toga, Hugo Aguilar Ortiz está incumpliendo una disposición legal vigente, lo cual constituye un acto de desobediencia administrativa.

Si bien el decreto no contempla sanciones explícitas, su incumplimiento puede considerarse una falta al deber institucional e incluso un mensaje de insubordinación al orden normativo que debería encarnar y defender.

EL PESO DE UN SÍMBOLO… ¿O EL SÍMBOLO QUE LE PESA?

Según el propio Aguilar Ortiz, de origen mixteco oaxaqueño, su decisión de abandonar la toga se tomó “en colectivo”, en diálogo con autoridades de los pueblos indígenas. Con ello pretende enviar un mensaje de cercanía con las comunidades y con las víctimas, rompiendo con la “formalidad distante” del poder judicial. Pero el riesgo de esta narrativa es que confunde cercanía con populismo, y la inclusión cultural con el incumplimiento del Estado de Derecho.

Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿será que la toga le quedó grande al nuevo presidente de la Corte? Porque lo que proyecta esta actitud no es humildad ni identidad, sino una inquietante incapacidad para representar con dignidad el cargo que ahora ostenta. Al evitar portar la toga, evade también el peso institucional y simbólico del Poder Judicial.

EL DILEMA DE LA FORMA QUE TRASTOCA EL FONDO

Si el argumento es que la toga es elitista, entonces ¿también deberíamos rechazar el lenguaje jurídico, el protocolo judicial o la Constitución misma? La lógica se vuelve peligrosa: si lo simbólico incomoda, se elimina; si lo legal estorba, se ignora. Pero en una democracia constitucional, las formas también son fondo, y los símbolos, lejos de ser ornamentos, estructuran la legitimidad del poder.

Los senadores oaxaqueños Laura Estrada Mauro, Luis Alfonso Silva Romo y Antonio Morales Toledo han anunciado que presentarán una iniciativa para eliminar el uso obligatorio de la toga. Es decir, reconocen que para cambiar esta norma primero hay que modificar la ley. Esa es la vía correcta. Mientras tanto, el hecho de que Aguilar Ortiz actúe como si la ley ya no existiera no es solo un gesto de arrogancia: es una violación directa del marco legal vigente.

¿REBELDÍA INSTITUCIONAL O AGENDA POLÍTICA?

Los gestos tienen consecuencias. No usar la toga no invalida una sentencia, pero sí envía un mensaje claro de desprecio por la legalidad. La Corte no puede convertirse en un escenario de posturas ideológicas disfrazadas de vestimenta cultural. El deber del juzgador no es representar identidades, sino aplicar imparcialmente la ley. No es hablar en nombre de los pueblos, sino defender sus derechos con el mismo rigor con que se defienden los de cualquier ciudadano.

Algunos observadores advierten que detrás de este cambio estético hay una intención política más profunda: alinear simbólicamente al Poder Judicial con la narrativa del Ejecutivo y del partido gobernante. De ser así, el riesgo es enorme: la independencia judicial se debilita, y el Estado de Derecho se erosiona desde dentro.

LA TOGA NO HACE AL JUEZ, PERO SU AUSENCIA SÍ PUEDE DESHACERLO

Cambiar la toga por una guayabera no hace más cercano a un ministro, pero sí lo puede hacer más vulnerable ante el juicio público y la historia. El verdadero reto para Hugo Aguilar Ortiz no es despojarse de la toga, sino demostrar que está a la altura de ella. Y hasta ahora, al eludirla, literal y jurídicamente, sólo deja dudas sobre su respeto a la ley, a las instituciones y al papel que le corresponde dentro del sistema constitucional.

Porque si la ley obliga y se ignora, no es un acto simbólico, es una violación. Y si quien encabeza la Corte comienza su mandato violando la ley, entonces el verdadero símbolo que estamos viendo no es la guayabera, sino la fragilidad del Poder Judicial, con toga o sin ella.